Las administraciones públicas se enfrentan al reto de optimizar el uso de unos recursos escasos con el objetivo de maximizar el bienestar social. Gobiernos y parlamentos con capacidad de gestión limitada y acceso a bases tributarias ajustadas deben escoger qué actuaciones abordar dentro de un conjunto muy amplio de posibilidades. Para dar mayor rigor a estas decisiones, conviene apoyarse en procedimientos sistemáticos que ayuden a identificar y cuantificar los pros y los contras de las diferentes opciones para elegir las que a priori parecen mejores. A posteriori, conviene también analizar el grado de cumplimiento de los objetivos trazados y cuantificar los costes incurridos con el fin de ajustar el diseño de la actuación, o abandonarla en su caso, y de ir mejorando los procedimientos de decisión ex ante. Así pues, la evaluación ex ante y ex post, formal o informal, surge de forma natural como parte del proceso de decisión de las administraciones públicas. Su sistematización y perfeccionamiento aparecen como herramientas potencialmente importantes para la mejora de la calidad de tales decisiones y, por tanto, para la eficacia y eficiencia de la actuación pública. La evaluación de políticas es, además, precisa para que los gestores públicos rindan cuentas ante la sociedad de modo riguroso, cuantificando costes y beneficios, explicando a los ciudadanos el modo en que los recursos aportados por estos han sido utilizados.
La implantación de la evaluación como práctica sistemática y generalizada es un proceso largo y gradual que está todavía lejos de completarse en nuestro país, aunque parece estar cobrando un cierto impulso en tiempos recientes, tal como sugiere la atención que se dedica al tema en el Plan de Recuperación. En este contexto, Fedea publica hoy un nuevo informe de la Comisión de seguimiento del Plan de Recuperación del GTMC cuyo principal objetivo es contribuir a concretar y a mejorar las propuestas del Plan en este ámbito.
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