Difícilmente puede alcanzar un país una senda de progreso sostenido si no cuenta con una administración eficaz al servicio de los ciudadanos. Una buena Administración pública, que sirva al interés general con eficacia, eficiencia, equidad y transparencia, es una herramienta imprescindible para el buen funcionamiento de una sociedad moderna, incluyendo su desempeño económico y su bienestar social.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSMI) ha publicado recientemente un informe con sus proyecciones de la evolución del gasto público en pensiones a medio y largo plazoy de los efectos esperados de las medidas de ingreso recogidas en la reciente reforma de 2021-23. El informe dibuja un panorama optimista sobre las perspectivas financieras de nuestro sistema público de pensiones tras la reforma, que según los cálculos del Ministerio tendrá un efecto prácticamente nulo sobre su saldo presupuestario en el conjunto del período 2022-2050 y dejará el gasto medio durante el mismo período holgadamente por debajo del nivel que activaría la cláusula de salvaguarda del MEI. En este escenario, por tanto, no sería necesario subir las cotizaciones sociales o tomar otras medidas compensatorias.

Las campañas electorales facilitan que el interés de los medios se centre en los resultados económicos más recientes, que se achacan, para bien o para mal, y no siempre con toda justificación, a la gestión del último gobierno. Pero una economía es consecuencia de las decisiones e interacciones de millones de agentes, lo que hace que, salvo crisis bruscas (como las que, lamentablemente, hemos vivido en este siglo en varias ocasiones) los principales indicadores muestren bastante inercia.

El núcleo central del personal de las administraciones públicas son funcionarios de carrera que acceden a un puesto de trabajo y promocionan a empleos superiores a través de un sistema formal y garantista de selección y gozan de inamovilidad para garantizar su independencia e imparcialidad frente a posibles presiones políticas. Las peculiaridades de este régimen estatutario regulado por el Derecho Administrativo se extienden, en parte, a los contratados laborales a través de convenios colectivos negociados con los principales sindicatos con presencia en las administraciones públicas. La estructura de la administración se plasma en exhaustivas relaciones de puestos de trabajo, una para cada unidad o centro directivo, en las que se recogen las exigencias establecidas para cada puesto y su retribución. Estas relaciones no son sencillas de cambiar y tienden a generar rigideces y disfunciones en la gestión de personal.

La pandemia de Covid ha sido uno de los shocks más fuertes que ha experimentado Europa en el último siglo. Empezó como una crisis sanitaria, pero derivó enseguida en una grave crisis social y económica ante la que la Unión Europea tuvo que emplearse a fondo, adoptando una respuesta extraordinaria que puede suponer un hito importante en el proceso de integración europea.

The digital revolution is radically changing how modern business is conducted, leading to several transformations at the firm-level, and capturing the attention of practitioners, policymakers, and academics alike. Considering the ever-changing nature of digital technologies, the aim of this article is to provide an up-to-date review that describes the state of the art on this literature. Research suggests that the drivers linked to digital adoption can be classified into 5 groups: individual, organizational, environmental, technological, and economic factors. Intra-firm diffusion can be associated to the socalled rank, epidemic, location, stock and order effects. Firms’ digitalization processes are associated with several transformations that take place through four main channels: lower communication costs, data analysis, operational transformations, and lower entry barriers. These changes are associated with firm performance gains in terms of innovation, cost reduction and new revenue opportunities, from which productivity gains and new business models arise. The bulk of empirical estimates at the firm-level support the positive impact of digitalization on business performance. However, these results are not necessarily unanimous, as some research has not been able to verify these positive effects.

Documento

Gómez-Bengoechea, G., Jung, J. (2022). “A literature review on firm digitalization: drivers and impacts ” FEDEA, Estudios sobre la Economía Española, no. 2022-20. Madrid.

Fedea publica hoy una nota de José María da Rocha (U. de Vigo) sobre el proyecto de ley de ordenación del sistema universitario (LOSU) recientemente remitido al Congreso para su tramitación. El autor destaca que, como sucedió con otras reformas universitarias anteriores, uno de los principales objetivos del texto es el de consolidar a un amplio colectivo de profesores con contratos precarios. Con este fin, se pretende inyectar más recursos a las universidades y se modifica en alguna medida la normativa que regula su contratación y la carrera profesional de sus profesores. No se acometen, sin embargo, reformas que afecten a la gobernanza estas instituciones y a su grado efectivo de autonomía, lo que hará difícil que se resuelvan los problemas que limitan su calidad. En la opinión del autor, se mantiene en lo esencial el statu quo actual: las universidades seguirán siendo tratadas como centros de enseñanza media “concertados” a cambio de permitir que elijan internamente a sus órganos de gobierno.

El pasado 24 de mayo el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado (“proyecto de ley de evaluación” en lo que sigue) y lo remitió al Congreso de los Diputados para su tramitación por el procedimiento de urgencia. El proyecto forma parte de las reformas comprometidas en el Componente 11 del Plan de Recuperación y tiene como objetivo estructurar y reforzar el sistema de evaluación de las políticas públicas de la Administración General del Estado (AGE).

Fedea publica hoy un trabajo de Sergio Nasarre (URV) en el que se analiza el proyecto de ley por el derecho a la vivienda, actualmente en tramitación en el Congreso. El autor se muestra muy crítico con el texto. A su entender, este sería inconstitucional porque invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas y altera el contenido esencial del derecho de propiedad en el caso de las viviendas. Por otra parte, considera que algunas de las medidas excepcionales que se introducen en las zonas “tensionadas”, incluyendo los controles de alquileres, pueden ser contraproducentes. Así mismo, el autor lamenta que se haya desaprovechado la oportunidad de homogeneizar y mejorar las definiciones de vivienda y otros conceptos relacionados utilizados en la  normativa, adaptándolas a los mejores usos europeos y a los últimos avances académicos.

Fedea publica hoy el primer progress report del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 sobre los programas de fomento de la digitalización de las Pyme en el Plan de Recuperación.

Con un presupuesto de más de 3.000 millones de euros, el programa Kit Digital (PKD) es el más importante de los programas del Plan de Recuperación centrados en la digitalización de las empresas. Tras algunas reflexiones sobre la lógica de las ayudas públicas a la digitalización de empresas privadas, en el presente documento se describe el diseño del PKD a partir de la orden de bases y de la primera convocatoria, ya publicadas, y se ofrecen algunas reflexiones sobre diversos aspectos del proyecto. Seguidamente, se esboza un plan de trabajo centrado en el seguimiento del diseño e implementación del programa desde la perspectiva de las empresas a las que va dirigido y en la evaluación de su impacto sobre el desempeño empresarial y el bienestar social, utilizando tanto técnicas cualitativas como herramientas estadísticas formales. Pese a tratarse de un trabajo en proceso, hemos optado por publicar el documento en su estado actual con el objetivo de recabar la colaboración de las entidades y empresas que participan en el proyecto como gestoras o beneficiarias y de organizaciones e investigadores que pudieran estar interesados en el tema.

Tras completar un largo proceso de elaboración que ha durado más de dos años, se encuentra en tramitación urgente en las Cortes el proyecto de ley de reforma concursal (PLRC). De todas las reformas incluidas en el Plan de Recuperación, la que afecta al sistema concursal es quizá de las que menos atención mediática está recibiendo, pero está, sin duda, entre las de mayor interés, no sólo por su importancia intrínseca sino también porque la pandemia hace más necesario que nunca contar con mecanismos ágiles de reestructuración y liquidación de empresas.

Fedea publica hoy una nota de Clara Eugenia Núñez (UNED) sobre el anteproyecto de ley de reforma de la Ley de la Ciencia. La autora se muestra muy crítica con el texto que, a su entender, no cumple el objetivo que él mismo se marca: mejorar la competitividad del sistema español de ciencia, tecnología e innovación (SECTI). En su opinión, el anteproyecto es una modificación poco ambiciosa de la ley existente que regula en excesivo detalle cuestiones que podrían derivarse a un reglamento interno y no entra en profundidad en otras de mayor calado. Se desaprovecha así una buena oportunidad para introducir las reformas que serían necesarias para acercar nuestro marco legal al de los países con sistemas de ciencia e innovación más potentes, potenciando así la capacidad de nuestro sistema de ciencia de atraer y retener talento, generar conocimiento y establecer relaciones fructíferas con el sector productivo.

Una buena Administración pública, que sirva al interés general con eficacia, eficiencia, equidad y transparencia, es una pieza imprescindible para el buen funcionamiento de una sociedad moderna, incluyendo su desempeño económico y su bienestar social. En el caso español, la necesidad de una reforma de la Administración que nos acerque a este ideal ha sido ampliamente reconocida desde hace décadas y diversos gobiernos han puesto en marcha planes de modernización con diversos niveles de ambición y de fortuna.

Las administraciones públicas se enfrentan al reto de optimizar el uso de unos recursos escasos con el objetivo de maximizar el bienestar social. Gobiernos y parlamentos con capacidad de gestión limitada y acceso a bases tributarias ajustadas deben escoger qué actuaciones abordar dentro de un conjunto muy amplio de posibilidades. Para dar mayor rigor a estas decisiones, conviene apoyarse en procedimientos sistemáticos que ayuden a identificar y cuantificar los pros y los contras de las diferentes opciones para elegir las que a priori parecen mejores. A posteriori, conviene también analizar el grado de cumplimiento de los objetivos trazados y cuantificar los costes incurridos con el fin de ajustar el diseño de la actuación, o abandonarla en su caso, y de ir mejorando los procedimientos de decisión ex ante. Así pues, la evaluación ex ante y ex post, formal o informal, surge de forma natural como parte del proceso de decisión de las administraciones públicas. Su sistematización y perfeccionamiento aparecen como herramientas potencialmente importantes para la mejora de la calidad de tales decisiones y, por tanto, para la eficacia y eficiencia de la actuación pública. La evaluación de políticas es, además, precisa para que los gestores públicos rindan cuentas ante la sociedad de modo riguroso, cuantificando costes y beneficios, explicando a los ciudadanos el modo en que los recursos aportados por estos han sido utilizados.

La implantación de la evaluación como práctica sistemática y generalizada es un proceso largo y gradual que está todavía lejos de completarse en nuestro país, aunque parece estar cobrando un cierto impulso en tiempos recientes, tal como sugiere la atención que se dedica al tema en el Plan de Recuperación. En este contexto, Fedea publica hoy un nuevo informe de la Comisión de seguimiento del Plan de Recuperación del GTMC cuyo principal objetivo es contribuir a concretar y a mejorar las propuestas del Plan en este ámbito. 

A principios del pasado mes de mayo, el Gobierno español hizo públicos los detalles del llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (de aquí en adelante, el Plan) que acababa de enviar a la Comisión Europea para su análisis y posible aprobación. La documentación sobre el Plan que está disponible en la página web de Moncloa^[1], incluyendo el documento principal, sus anexos y fichas detalladas para cada uno de sus 30 “componentes”, ocupa unos 3.000 folios de difícil digestión para el lector medio, tanto por su extensión como por el lenguaje en el que están escritos.

La prolongación de la crisis sanitaria está generando crecientes dificultades financieras a muchas empresas, cuya gravedad puede exigir su reestructuración e incluso amenazar su continuidad, con el riesgo de que una espiral creciente de cierres origine un efecto “dominó” sobre proveedores, clientes y acreedores. Existen razones tanto de justicia como de eficiencia que pueden hacer aconsejable la intervención pública para hacer frente a esta situación. Dada la desigual distribución de los costes de la pandemia, puede ser deseable que el Estado asuma en primera instancia al menos una parte de ellos para trasladarlos más tarde al conjunto de la sociedad, actuando así como asegurador social de último recurso frente a un shock exógeno. Por otra parte, el cierre de un número elevado de empresas viables generaría costes importantes: aunque sus activos, incluyendo el capital humano, terminen finalmente en otras manos que reemprendan la actividad más adelante o inicien otra distinta, esto llevará su tiempo, con la consiguiente pérdida de empleo y producción, y parte de su capital intangible se perdería por el camino. 

Fedea publica hoy un documento en el que se reúnen algunas aportaciones a la reflexión en curso dentro de la comisión de solvencia empresarial y derecho concursal del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 (GTMC) sobre posibles formas de mitigar el impacto de la pandemia sobre el tejido empresarial español.

Fedea publica hoy una versión reducida y actualizada del informe final del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 en inglés. Reproducimos aquí el abstract del paper, la referencia completa y el link para descargarlo.

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Abstract

This paper focuses on the economic consequences of the Covid pandemic in Spain and on what should be done to mitigate them. After briefly describing the channels through which the virus affects economic activity, we provide some data on the evolution of output and employment during the pandemic and on its incidence on public finances. In the final part of the paper we discuss the main measures that have been taken to mitigate the economic consequences of the health crisis and conclude with some reflections on what else should be done. We emphasize the need to build a broad social and political consensus on the key elements of economic policy over the next few years and outline a strategy to deal with the crisis that combines short and long-term measures to speed up the recovery and set the foundations for future growth. 

• Proponen reforzar el control de los rebrotes, adaptar las medidas de protección a trabajadores, empresas y hogares para reactivar la economía y evitar el cierre de empresas viables, y reasignar recursos hacia actividades con mejores perspectivas de futuro.
• Plantean, además, un acuerdo presupuestario para varios ejercicios y reformas en profundidad para garantizar un crecimiento inclusivo y sostenible a largo plazo.
• Consideran fundamental el uso adecuado de los mecanismos de ayuda de la UE para acelerar la salida de la crisis y la adopción de un plan de reequilibrio fiscal.

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Summary in English

El informe final y las conclusiones de todos los trabajos que se han desarrollado a lo largo de estos meses del GTMC se presentarán en rueda de prensa telemática el próximo lunes 7 de septiembre a las 10:30 de la mañana y será retransmitido por nuestras cuentas de Twitter, YouTube y en fedea.net.

El encuentro estará dirigido por el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, que será el encargado de presentar el informe final del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 (GTMC) en el que han participado más de 120 expertos. Posteriormente hablará Pedro Fernández Alén (Presidente CES) para concluir con Javier Vega de Seoane (DKV Seguros), Marcel Jansen (UAM y FEDEA) y Anna Balletbó (Arc Med Hotels y Renfe) que comentarán los distintos aspectos de los trabajos que forman el informe final y estarán a vuestra disposición para las preguntas.

El GTMC publica hoy el segundo de sus informes sectoriales, centrado en el turismo y comercio. En él se destaca el elevado peso del turismo y el comercio en la economía española y el fuerte impacto negativo que sobre estos sectores está teniendo la crisis sanitaria. Seguidamente, se proponen diversas medidas destinadas a favorecer su recuperación

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El informe de la comisión de educación y ciencia del GTMC propone iniciar un proceso sostenido de reformasque fomente la excelencia y permita al sistema educativo y de investigación responder más eficazmente a las necesidades de la sociedad. El documento pone el acento sobre la atracción de talento, el apoyo al personal docente e investigador mediante la reducción de cargas administrativas y trabas burocráticas y la mejora de los mecanismos de coordinación con el sector productivo.  

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El informe de la comisión de asuntos tributarios del GTMC propone medidas de corto y largo plazo. Una vez la recuperación comience a afianzarse, se recomienda introducir un recargo extraordinario de carácter temporal sobre el IRPF con el fin de ayudar a sufragar parte de los gastos extraordinarios asociados a la crisis. 

A medio y largo plazo, se aboga por una reforma en profundidad de nuestro sistema tributario que, en combinación con medidas de racionalización del gasto, permita eliminar el persistente déficit estructural de nuestro país de la forma más eficiente posible. Esta reforma exigirá una ampliación de las bases tributarias mediante la eliminación de beneficios fiscales y regímenes especiales, un acercamiento de los tipos de gravamen de los impuestos especiales a los establecidos en muchos países europeos y un mayor desarrollo de la fiscalidad ambiental y del pago por uso.

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Este nuevo informe del GTMC analiza las medidas adoptadas para paliar los efectos de la crisis del Covid sobre los hogares más vulnerables, distinguiendo entre ayudas indirectas para necesidades básicas por un lado y el ingreso mínimo vital (IMV) por otro. Ambos grupos de medidas se valoran positivamente pero se aportan recomendaciones para mejorarlas. Entre ellas destacan la necesidad de introducir incentivos al trabajo en el IMV y de involucrar activamente a las CCAA en su gestión, así como la conveniencia de establecer criterios universales y uniformes para las garantías de suministros básicos.

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El GTMC publica hoy el primero de sus informes sectoriales, centrado en la automoción y la construcción. En él se propone extender las medidas horizontales ya adoptadas de flexibilidad laboral y financiación para las empresas, adaptándolas a las condiciones de cada sector, y reforzarlas con otras, así como introducir algunas ayudas específicas y mejoras regulatorias para contribuir a la recuperación de ciertos sectores de especial importancia y a la creación de empleo.

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El quinto informe del GTMC ofrece algunas recomendaciones para el buen uso de los fondos europeos de recuperación que se activarán en los próximos meses. Los autores señalan que estos fondos pueden ser un estímulo importante que contribuya a la reactivación de la economía tras el fin del confinamiento, pero han de utilizarse fundamentalmente con criterios de largo plazo para ayudar a sentar las bases de una economía más competitiva y sostenible. Para aprovechar bien la oportunidad que estas ayudas suponen, es necesaria una buena planificación y una selección rigurosa de los proyectos a financiar con criterios de rentabilidad social.

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El cuarto informe del GTMC avanza una serie de propuestas para adaptar la normativa laboral a los retos a los que se enfrenta la economía española a corto, medio y largo plazo. 

En relación con la adaptación de los ERTE a la fase de reactivación, se propone un proceso en dos fases, con la prórroga de los ERTE por fuerza mayor hasta finales de septiembre y su transformación casi automática en ERTE “ordinarios” a partir de octubre en los sectores más afectados por la crisis, así como una revisión del esquema de exoneración de cuotas para mejorar los incentivos a la recuperación de la actividad, una mayor flexibilidad para afectar o desafectar trabajadores según evolucione la actividad de las empresas y la revisión de la exigencia de mantenimiento del empleo.

Se destaca también la necesidad de reforzar las políticas activas de empleo y de adaptar la normativa laboral a las cambiantes necesidades de un mercado de trabajo en rápida transformación.

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El tercer informe del GTMC analiza la política de apoyo a las empresas durante la crisis actual y avanza algunas propuestas para extender estas medidas pensando también en el medio y largo plazo. Entre las recomendaciones destacan las de ampliar el actual programa de avales públicos y buscar fórmulas que eviten la liquidación de empresas económicamente viables.

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El segundo informe del GTMC revisa la experiencia de España y otros países durante la fase inicial de la actual crisis sanitaria y avanza algunas recomendaciones para mejorar el desempeño de nuestro sistema de salud ante éste y otros retos. Los autores destacan la importancia de reforzar el sistema de salud pública, establecer reservas estratégicas y planes de contingencia para situaciones de emergencia y ponen el acento en la necesidad de dotar a las instituciones sanitarias individuales de mayor autonomía y al conjunto del sistema de salud de una mayor flexibilidad y de mejores instrumentos de gestión, evaluación y planificación con la creación de una Agencia Independiente de Evaluación de Resultados y Tecnologías Sanitarias, entre otras medidas.

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Fedea pone en marcha una iniciativa para aportar a la sociedad española propuestas para salir de la crisis del Covid lo antes posible, reconstruir su economía y afrontar los retos futuros. El grupo de trabajo interdisciplinar está formado por más de 120 expertos y combina a académicos con profesionales del sector privado y personas con experiencia en el sector público. Sus reflexiones y recomendaciones se plasmarán en un informe final, a partir de una serie de informes intermedios que se completarán en pocas semanas.

El primero de estos informes se centra en la necesidad de preservar la estabilidad macroeconómica y presupuestaria como base para la reactivación de la economía y de recuperar el margen de actuación fiscal sin el cual afrontaremos futuras crisis en condiciones muy complicadas. Los autores esbozan una estrategia para alcanzar estos objetivos y destacan la importancia de que el núcleo de la misma cuente con un amplio apoyo político y social.

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