Una buena Administración pública, que sirva al interés general con eficacia, eficiencia, equidad y transparencia, es una pieza imprescindible para el buen funcionamiento de una sociedad moderna, incluyendo su desempeño económico y su bienestar social. En el caso español, la necesidad de una reforma de la Administración que nos acerque a este ideal ha sido ampliamente reconocida desde hace décadas y diversos gobiernos han puesto en marcha planes de modernización con diversos niveles de ambición y de fortuna.
En este contexto, FEDEA publica hoy un informe de Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 coordinado por Alfonso Novales (UCM) en el que se recogen algunas reflexiones y propuestas sobre la necesaria reforma de las administraciones públicas españolas con el ánimo de contribuir a concretar y mejorar las medidas en esta línea que se esbozan en el componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea.
El documento comienza estableciendo los objetivos que debe perseguir una estrategia de modernización de la Administración pública española. Tras describir las deficiencias observadas en el componente 11 del Plan de Recuperación, se lleva a cabo una valoración de la gestión de recursos humanos en la Administración, así como de las posibilidades que ofrece la digitalización de los procesos administrativos. Seguidamente, se ofrecen algunas reflexiones sobre la orientación que debiera tener la colaboración público-privada y se destaca el retraso en la implementación de los compromisos de transparencia recogidos en los sucesivos Planes de Gobierno Abierto. Finalmente, se hace una valoración del marco institucional de control económico-financiero de la actividad del sector público y se avanza una propuesta de reforma del mismo. El informe destaca que, en muchos casos, lo esencial no sería cambiar la normativa sino mejorar su aplicación.
Algunas de las principales conclusiones del informe son las siguientes:
• Recursos humanos
El informe destaca el elevado grado de envejecimiento de las administraciones públicas españolas, que previsiblemente perderán por jubilación casi un tercio de sus efectivos en la próxima década. La situación exige un plan estratégico de renovación de recursos humanos que también debería tener entre sus objetivos el de remediar los acusados déficits actuales en capacidades técnicas, digitales y de gestión. Para atraer el talento necesario, es imprescindible revisar la estructura salarial y de puestos de trabajo para ofrecer una carrera profesional más atractiva y competitiva con el sector privado.
Es también urgente profesionalizar las tareas de los directivos públicos y dotarles de las herramientas imprescindibles para una gestión efectiva del personal, incluyendo la capacidad de penalizar malos comportamientos, premiar los buenos y flexibilizar el uso de los recursos humanos en función de las necesidades del conjunto de la administración, facilitando los trasvases temporales o permanentes de personal entre distintos servicios o centros de trabajo. Por su parte, los consejeros de las empresas públicas deberían nombrarse mediante mecanismos transparentes y objetivos de selección basados en criterios de mérito, donde prime el conocimiento del sector y la capacidad de gestión.
• Digitalización
La digitalización de la Administración pública es necesaria para agilizar sus servicios y mejorar su calidad, reducir costes y facilitar un mejor aprovechamiento de los datos generados en el curso de sus actividades. Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que la digitalización por sí sola no garantiza la mejora del servicio y que es importante trabajar para evitar el riesgo de exclusión de una parte significativa de la población, que no dispone de los medios o las habilidades para acceder telemáticamente a los servicios públicos.
• Colaboración público privada
Existe acuerdo sobre la necesidad de introducir cambios en el sistema concesional que mejoren el reparto de riesgos entre el sector público y el sector privado de acuerdo con las ventajas comparativas de cada uno.
Con el fin de conseguir una mayor transparencia y participación ciudadana, es necesario el reforzamiento de la normativa que garantiza el acceso de los ciudadanos a documentos e información que deberían ser públicos y la mejora de los mecanismos de comunicación con las administraciones, incluyendo las consultas públicas relativas a normas en elaboración.
• Mecanismos de control económico-financiero del sector público
En España, el sistema de control de la actividad económico-financiera está diseñado, fundamentalmente, para detectar e impedir el uso indebido de los recursos públicos, más que para evaluar y asegurar la calidad de los servicios o la eficacia y eficiencia de las actuaciones públicas. Los procedimientos de control, además, suelen centrarse en la fiscalización previa y exhaustiva de las actuaciones públicas, lo que tiende a retrasar o incluso a paralizar la actividad administrativa, con los consiguientes retrasos y costes para el público. Para remediar estos problemas, sería necesario ir hacia un modelo basado en controles aleatorios o selectivos ex post y más centrado en la calidad de los resultados.
Documento completo
Novales, A. (coordinador), J. Andrés, A. de la Fuente, G. De Rus, L. González-Calbet, M. Fernández, M. J. Morán, J. Onrubia, J. Pérez-Renovales, E. Sastre y R. Rebollar (2022). “Modernización de la Administración Pública.” Informes y papeles del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19. FEDEA Policy Paper no. 2022-01. Madrid.
