Tanto en España como en otros países de nuestro entorno, el sector industrial muestra una tendencia de largo plazo caracterizada por una pérdida de su peso relativo en el conjunto del valor añadido doméstico. Al mismo tiempo, como se puso de manifiesto en el informe Draghi, hay una renovada preocupación por la pérdida de competitividad de la industria europea, a la que se trata de hacer frente con un amplio conjunto de medidas contenidas en la Comunicación de la Comisión Europea sobre la Brújula de Competitividad.

La ausencia de una mayoría de gobierno clara y estable tras las elecciones de julio de 2023 se ha traducido en una apreciable ralentización de la actividad legislativa. Con todo, en lo que va de legislatura se han enviado a las Cortes para su tramitación numerosas normas de considerable interés. El nuevo número de su Boletín que Fedea publica hoy repasa estas propuestas y comenta en cierto detalle algunas de ellas.

El campo español atraviesa una situación complicada. El rápido aumento de los costes de producción en los últimos años y la competencia de las importaciones procedentes de terceros países amenazan la continuidad de un número creciente de pequeñas explotaciones agropecuarias en España y buena parte de Europa, alimentando un creciente malestar entre los afectados que se traduce en ocasiones en movilizaciones y protestas muy visibles. Para paliar los problemas del sector, la UE y los gobiernos nacionales han establecido diversos tipos de ayudas y han introducido cambios legislativos que buscan proteger a los operadores más débiles, especialmente los pequeños productores primarios, de posibles abusos por parte de grandes empresas agroalimentarias y de distribución, aumentando así la rentabilidad de sus explotaciones y facilitando su continuidad.

Fedea publica hoy el primer progress report del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 sobre los programas de fomento de la digitalización de las Pyme en el Plan de Recuperación.

Con un presupuesto de más de 3.000 millones de euros, el programa Kit Digital (PKD) es el más importante de los programas del Plan de Recuperación centrados en la digitalización de las empresas. Tras algunas reflexiones sobre la lógica de las ayudas públicas a la digitalización de empresas privadas, en el presente documento se describe el diseño del PKD a partir de la orden de bases y de la primera convocatoria, ya publicadas, y se ofrecen algunas reflexiones sobre diversos aspectos del proyecto. Seguidamente, se esboza un plan de trabajo centrado en el seguimiento del diseño e implementación del programa desde la perspectiva de las empresas a las que va dirigido y en la evaluación de su impacto sobre el desempeño empresarial y el bienestar social, utilizando tanto técnicas cualitativas como herramientas estadísticas formales. Pese a tratarse de un trabajo en proceso, hemos optado por publicar el documento en su estado actual con el objetivo de recabar la colaboración de las entidades y empresas que participan en el proyecto como gestoras o beneficiarias y de organizaciones e investigadores que pudieran estar interesados en el tema.

Tras completar un largo proceso de elaboración que ha durado más de dos años, se encuentra en tramitación urgente en las Cortes el proyecto de ley de reforma concursal (PLRC). De todas las reformas incluidas en el Plan de Recuperación, la que afecta al sistema concursal es quizá de las que menos atención mediática está recibiendo, pero está, sin duda, entre las de mayor interés, no sólo por su importancia intrínseca sino también porque la pandemia hace más necesario que nunca contar con mecanismos ágiles de reestructuración y liquidación de empresas.

FEDEA publica hoy una nota de Benito Arruñada (U. Pompeu Fabra) sobre el proyecto de ley de creación y crecimiento de empresas, recientemente remitido a las Cortes en cumplimiento del compromiso adquirido con la Comisión Europea en el Plan de Recuperación. El autor valora positivamente la voluntad del Gobierno de aliviar las cargas y frenos a la creación y crecimiento de nuevas empresas. Sin embargo, también considera que el proyecto se centra en cuestiones secundarias en detrimento de otros temas de mayor importancia que merecerían su atención.

Este documento es parte de una serie de boletines de seguimiento de la crisis del Covid. En él se recopilan las principales medidas económicas y sociales adoptadas por el Gobierno central durante 2020 y 2021 para paliar los efectos de la crisis.

De acuerdo con lo previsto en el apartado de reformas del Plan de Recuperación, el Gobierno ha enviado recientemente a las Cortes el proyecto de ley de start ups o empresas emergentes innovadoras. La norma establece incentivos fiscales y ciertas ventajas administrativas para las empresas de reciente creación que cumplan determinados requisitos y tengan carácter innovador. Entre estos incentivos se incluyen un tipo reducido del Impuesto de Sociedades, mayores exenciones por inversión, un mejor tratamiento de las stock options para empleados y un régimen ventajoso de tributación para el personal de estas empresas que se traslade a España para trabajar. La certificación del carácter innovador, necesaria para acceder a tales beneficios, se encomienda a la Empresa Nacional de Innovación, ENISA, una empresa pública que hasta el momento se dedicaba a la financiación de “proyectos de emprendimiento innovador.”

Fedea publica hoy una nota crítica de Benito Arruñada (UPF y Fedea) sobre el proyecto de ley. En su opinión, el trato de favor que la norma extiende a ciertas empresas emergentes sólo estaría justificado si existiese evidencia clara de que éstas generan efectos externos positivos y significativos, cuestión a la que apenas se hace referencia en el proyecto de ley. Un aspecto especialmente problemático del texto es que éste no acierta a definir de manera precisa las empresas merecedoras de tales ventajas, optando por establecer un proceso de homologación ad hoc encomendado a una entidad de muy dudosa competencia para certificar qué empresas merecen o no un trato especial. El autor concluye que la combinación de indefinición y discrecionalidad puede da lugar a consecuencias indeseadas, incluyendo la competencia desleal por parte de las empresas favorecidas, el desperdicio de ventajas comparativas al dedicar recursos escasos a actividades inadecuadas y los costes reales derivados de la búsqueda de rentas y de la burocratización de las decisiones económicas.

Documento completo

Arrruñada, B. (2022). “Comentario al proyecto de ley de startups.” FEDEA, Apuntes no. 2022-01. Madrid.

Este trabajo analiza las principales alternativas disponibles para organizar los registros públicos, comparando cinco modelos de organización: (1) las burocracias o “centros de gasto discrecional” utilizados para proporcionar servicios privados valiosos en el estado de bienestar; (2) los “mercados internos” introducidos desde los primeros años 1990 para reformarlos; y las soluciones híbridas que habían sido ya utilizadas extensamente por el estado liberal desde el siglo XIX para ofrecer este tipo de servicios que proporcionan utilidad privada, incluyendo entre tales híbridos (3) los “centros de ingresos” basados ​​en el cobro de tasas y tarifas a los usuarios; (4) los sistemas de “franquicia” o “concesión” que retribuyen con el excedente de cada oficina a los funcionarios públicos responsables de ella, que suelen ser aquellos cuyas tareas tienen un mayor contenido profesional; y (5) la variante “privatizadora” contemporánea, en la que el Gobierno contrata la prestación de todo el servicio con una empresa. 

Esta comparación sugiere que las soluciones híbridas permiten a las fuerzas del mercado desempeñar un papel más efectivo en la organización de los registros públicos porque se limitan a actuar sobre unas pocas variables, lo que hace posible disponer incentivos más fuertes y, al mismo tiempo, reduce la necesidad de crear grandes y costosas unidades administrativas dedicadas a tareas de planificación y supervisión. 

Documento completo

Arruñada, Benito (2021). «The Organization of Public Registries: A Comparative Analysis.» FEDEA, Documentos de Trabajo no. 2021-13, Madrid.