Tanto en España como en otros países de nuestro entorno, el sector industrial muestra una tendencia de largo plazo caracterizada por una pérdida de su peso relativo en el conjunto del valor añadido doméstico. Al mismo tiempo, como se puso de manifiesto en el informe Draghi, hay una renovada preocupación por la pérdida de competitividad de la industria europea, a la que se trata de hacer frente con un amplio conjunto de medidas contenidas en la Comunicación de la Comisión Europea sobre la Brújula de Competitividad.
En ese contexto, Fedea publica hoy un trabajo de Diego Rodríguez (UCM y FEDEA) en el que se analiza el contenido del Proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica. Esta nueva ley, que actualmente se encuentra en periodo de enmiendas en el Congreso de los Diputados y responde a una de las reformas comprometidas por España en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pretende poner al día el marco normativo básico de la industria tras más de cuarenta años de vigencia de la norma actual.
La norma abandona la referencia tradicional de las agrupaciones sectoriales clásicas, sustituyéndolas por los llamados “ecosistemas industriales.” Este concepto, sin embargo, se define de un modo muy difuso, un problema que se extiende también a otros conceptos que juegan un papel básico en la nueva ley, como los sectores y retos estratégicos. A juicio del autor, el adjetivo “estratégico” se utiliza profusamente a lo largo de la norma para adjetivar distintos conceptos, sin llegar generalmente a definirlos con claridad.
En el trabajo se valora positivamente el diseño de una gobernanza basada en una Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica, con una vigencia de seis años y de la que se derivaría un futuro Plan Estatal y Programas para periodos trienales. También se considera positivo que haya una evaluación de ambas, si bien el autor considera imprescindible que esa evaluación se realice por una entidad independiente y externa al ministerio responsable, un extremo que no se incluye en la norma. En cualquier caso, el autor señala que no resulta posible adelantar los efectos prácticos de la estructura de gobernanza que se delinea en la nueva ley y que habrá que esperar a su desarrollo reglamentario.
El autor considera razonable la práctica de condicionar las ayudas públicas al mantenimiento de la actividad en territorio nacional durante un período mínimo. Sin embargo, llama la atención sobre el hecho de que, en una ley que deja la concreción de buena parte de su contenido para desarrollos normativos posteriores, no se remitan los detalles en este ámbito a las bases reguladoras de las ayudas relevantes y se establezcan, además unos umbrales de aplicación general en una norma con rango de ley. A ese respecto, el autor manifiesta sus dudas sobre la proporcionalidad y justificación de los umbrales establecidos.
En el trabajo también se indica la dificultad de pronunciarse sobre el nuevo Comité de Inversiones Estratégicas, del que el Proyecto de Ley solo establece ideas muy generales. En ese sentido, se señala que más allá de los aspectos formales sobre el funcionamiento de este nuevo Comité, hay que esperar a la definición concreta de la estrategia del Gobierno, que deberá aprobarse en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
En relación con la autonomía estratégica, se observa que su concreción más práctica se realiza mediante la creación de la Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial. A falta, como en tantos otros aspectos, de su desarrollo reglamentario posterior, el autor valora positivamente la creación de esta reserva mediate un sistema de corresponsabilidad entre la Administración Pública y los operadores industriales.
Por último, el autor considera que, pese al objetivo inicial de aprovechar la norma para avanzar en la reducción de cargas administrativas, no hay nada en ella que sugiera que se camina en esa dirección. Por el contrario, se crean nuevos sistemas de certificación empresarial que, en su opinión, realmente están pensados para reducir la carga de la Administración en los procedimientos de ayudas públicas, pero no para reducir la carga burocrática a la que se enfrentan las empresas. Esto, señala, resulta especialmente importante en un contexto europeo donde hay una elevada preocupación por reducir las cargas administrativas que recaen sobre las empresas, como muestra el lanzamiento de diversos paquetes Ómnibus por parte de la Comisión Europea.
Documento completo
Rodríguez, D. (2025). “Comentarios al Proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica”. FEDEA, Colección Apuntes no. 23, Madrid.