- Proponen reforzar el control de los rebrotes, adaptar las medidas de protección a trabajadores, empresas y hogares para reactivar la economía y evitar el cierre de empresas viables, y reasignar recursos hacia actividades con mejores perspectivas de futuro.
- Plantean, además, un acuerdo presupuestario para varios ejercicios y reformas en profundidad para garantizar un crecimiento inclusivo y sostenible a largo plazo.
- Consideran fundamental el uso adecuado de los mecanismos de ayuda de la UE para acelerar la salida de la crisis y la adopción de un plan de reequilibrio fiscal.
Fedea publica hoy el informe final del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 (GTMC), un grupo de más de 130 profesionales de sectores muy diversos creado para reflexionar conjuntamente sobre la mejor forma de hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la crisis sanitaria. Comenzando en junio, el Grupo de Trabajo ha ido publicando una serie de informes temáticos que ahora se cierran con un documento final que los sintetiza, actualiza y extiende.
El GTMC aboga por alcanzar un amplio pacto político y social en torno a una estrategia para salir lo antes posible de la crisis y sentar las bases para hacer frente a los complicados retos económicos y sociales a los que la sociedad española se enfrenta a medio y largo plazo. Este acuerdo debería incluir un pacto presupuestario para varios ejercicios en el que se concreten las prioridades de gasto y el reparto de los costes de la crisis. En su ausencia, es previsible un aumento de la contestación social y de la crispación política que podría hacer el país muy difícil de gobernar y dificultar la salida de la crisis.
El informe busca contribuir a la formulación de este pacto aportando una serie de propuestas de actuación a corto y largo plazo para promover la recuperación y fomentar el crecimiento. Además de controlar los rebrotes de la pandemia, la prioridad a corto plazo consiste en adaptar las medidas de protección a trabajadores, empresas y hogares tomadas en los primeros momentos de la crisis con el fin de impulsar la reactivación de la actividad económica y evitar el cierre de empresas viables sin obstaculizar la necesaria reasignación de recursos hacia las actividades con mejores perspectivas de futuro. Parte del reto consistirá en adaptar las medidas de carácter general, como los ERTEs o los préstamos con garantías públicas, a las necesidades de los distintos sectores y en acertar con las medidas específicas de apoyo a sectores de gran peso en nuestra economía y considerable valor estratégico, como el turismo, la automoción y la construcción, a los que no podemos renunciar.A largo plazo, el objetivo fundamental de nuestra política económica ha de ser un crecimiento robusto, inclusivo y sostenible. Hemos de dar prioridad a todas aquellas actuaciones y reformas que contribuyan a aumentar el crecimiento de la economía española y a reducir su tasa de desempleo estructural porque esto redundará no sólo en una mejora del nivel de vida medio de la población y una menor desigualdad sino también en un aumento de los ingresos tributarios que ayudará a financiar las elevadas necesidades de gasto ligadas a la lucha contra la enfermedad y sus secuelas y nos permitirá ofrecer unos mejores servicios públicos y prestaciones sociales sin elevar la presión fiscal. Para alcanzar estos objetivos contamos con dos instrumentos fundamentales: la política de inversión, entendida en sentido amplio para incluir la acumulación de activos intangibles, especialmente el capital humano, y las reformas estructurales encaminadas a mejorar el funcionamiento de ciertos mercados clave o de distintos elementos o herramientas del sector público. En relación con este segundo instrumento, la crisis puede ser una oportunidad que no deberíamos desaprovechar para abordar reformas en profundidad que serían mucho más difíciles de implementar en tiempos normales.
Documentos
de la Fuente, A. (coordinador) y otros (2020). “Informe Final del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19: Por un pacto político y social en torno a una estrategia de reactivación y crecimiento inclusivos.” Informes del Grupo de Trabajo Covid-19. FEDEA Policy paper no. 2020-18/19, Madrid.
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Principales propuestas
Es urgente reforzar el sistema de control epidemiológico para controlar mejor los rebrotes de la pandemia y preparar al sistema sanitario para hacer frente a una segunda ola de la epidemia que podría haber comenzado ya.
• Necesitamos establecer una estrategia clara de retirada gradual de los ERTEs adaptada a las circunstancias sectoriales que facilite la supervivencia de las empresas viables, incentive la reanudación de la actividad productiva y facilite la movilidad de recursos entre empresas y sectores y la formación de los trabajadores afectados. Es necesaria una nueva prórroga de los ERTEs por fuerza mayor, pero ésta debería tener carácter selectivo. La prórroga debería ir acompañada de una normativa clara que permita la máxima flexibilidad posible y facilite la conversión de estos expedientes en ERTEs ordinarios. También se recomienda la derogación de la prohibición de despedir por causas objetivas ligadas al Covid y la revisión de la exigencia de mantenimiento del empleo por seis meses tras la reincorporación desde un ERTE.
• Hay que revisar la regulación de los préstamos con garantía pública y de los procesos de reestructuración y liquidaciónligados a los mismos para evitar la desaparición de empresas viables y facilitar una liquidación ordenada y rápida de las que no lo sean. Puede ser necesaria una mayor flexibilidad en plazos de amortización y carencia o la introducción de quitas, especialmente en los sectores más afectados. Hay que revisar la regulación de las garantías del ICO para evitar que las entidades se vean empujadas a ejecutarlas de forma prematura ante el miedo a perderlas en caso de reestructuración, así como fomentar el arbitraje y la mediación y simplificar los procedimientos concursales y preconcursales. Una medida útil sería la consolidación de las deudas con todas las administraciones (Seguridad Social, Hacienda y garantías del ICO) en una masa única negociable como parte del proceso de reestructuración, con un único representante y la renuncia general a los privilegios habituales de las administraciones públicas en este tipo de procedimientos.
• Han de revisarse también las medidas de emergencia para la protección de colectivos vulnerables adoptadas durante la crisis. Una vez superada la emergencia y establecido el Ingreso Mínimo Vital, convendría reconsiderar el modelo actual de ayudas específicas, subsumiéndolo en un único sistema global de protección de los hogares más vulnerables financiado con fondos públicos y en el que quizás no tenga sentido mantener asignaciones específicas para consumos determinados.
• En materia de protección social, el foco a corto plazo debería desplazarse hacia el refuerzo de las políticas activas de empleo y del sistema escolar. La mejora de la efectividad de los servicios públicos de empleo en la reinserción laboral de los parados de larga duración es esencial en la lucha contra la desigualdad y la pobreza. En cuanto al sistema escolar, es necesario un esfuerzo decidido para reforzar sus plantillas y sus medios tecnológicos con el fin de que pueda afrontar con ciertas garantías un nuevo curso en circunstancias sanitarias complicadas, garantizando una atención adecuada a los más vulnerables y la igualdad de oportunidades.
• Otra medida que no puede esperar es la adopción de un plan de consolidación o reequilibrio fiscal que exigirá tanto actuaciones de racionalización y contención del gasto como medidas tributarias para devolver gradualmente nuestros niveles de déficit y de deuda a valores sostenibles. El plan deberá incluir una senda explícita de ajuste fiscal de 2022 en adelante, así como un compromiso explícito de reducir el componente estructural del déficit presupuestario primario a un ritmo anual de al menos medio punto de PIB en períodos no recesivos. Una vez la recuperación esté asentada, podría ser aconsejable introducir un recargo transitorio sobre el IRPF para ayudar a financiar los gastos extraordinarios generados por la pandemia.
• El buen uso de los distintos mecanismos de ayuda establecidos por la Unión Europea es fundamental para acelerar la salida de la crisis y sentar las bases para el futuro. Estas ayudas han de destinarse a proyectos y programas preparados cuidadosamente y elegidos en base a su rentabilidad social, primando aquellos con componentes importantes de bien público que difícilmente serían acometidos por la iniciativa privada en condiciones de mercado. Hay que pensar también en cómo se generarán los recursos necesarios para devolver los préstamos. En el caso de ciertas infraestructuras, puede ser aconsejable la creación o subida de tasas, peajes o cánones sobre sus usuarios que también deberían ayudar a internalizar las posibles externalidades asociadas con su uso.
• Muchas de las inversiones necesarias para reestructurar y modernizar nuestra economía son proyectos rentables que pueden ser acometidos por el sector privado en condiciones de mercado. El Estado debe facilitar tales inversiones garantizando la estabilidad económica y social y estableciendo un marco regulatorio adecuado que garantice la seguridad jurídica y la agilidad de los procedimientos administrativos relevantes y evite la imposición de trabas innecesarias.
• En cuanto a las prioridades de inversión, se considera acertado el énfasis de la UE en la lucha contra el cambio climático y sus secuelas, la digitalización y la implantación de otras nuevas tecnologías avanzadas y la acumulación de capital intangible y humano.
• La educación y la formación han de ser prioritarias por tratarse de instrumentos fundamentales para promover no sólo el crecimiento económico sino también la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Para aprovechar al máximo sus potencialidades, es necesario emprender un proceso sostenido de reformas que apueste por la excelencia, la atracción de talento y una mayor sensibilidad a las necesidades del sistema productivo.
• Además de la inversión educativa, entre los destinos preferentes de los préstamos y ayudas europeos están ciertas inversiones que pueden contribuir a acelerar el proceso de descarbonización, con especial atención a las tecnologías de almacenaje de energía. También sería prioritaria la construcción, renovación y mantenimiento de infraestructuras hidráulicas y de tratamiento de residuos, así como la mejora de las infraestructuras y competencias digitales en sectores estratégicos de la administración y los servicios públicos (educación, ciencia, salud y justicia) y la reducción de la brecha digital entre territorios y estratos sociales.
• En relación con la lucha contra la pobreza y la desigualdad, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) puede ser una herramienta muy útil, especialmente si se consigue combinar la prestación monetaria con programas efectivos de formación y activación laboral. Para asegurar su buen funcionamiento, sin embargo, será necesario revisar su diseño con el fin de introducir incentivos efectivos al trabajo y asegurar la calidad de los programas de formación e inserción, para lo que resulta imprescindible mejorar la coordinación con las comunidades autónomas.
• Es necesaria una reforma tributaria integral por motivos tanto de equidad como de eficiencia que se han visto agravados por la pandemia. Un elemento central de la misma ha de ser la ampliación de las bases tributarias mediante la reducción de los beneficios fiscales, incluyendo los tipos reducidos del IVA, y la eliminación de los regímenes especiales de tributación, como los llamados módulos y el régimen simplificado del IVA.
• Necesitamos seguir avanzando hacia un mercado laboral más flexible, equitativo y eficiente. Para reducir la dualidades necesario simplificar el actual menú de contratos laborales y reducir al mínimo la asimetría existente entre trabajadores indefinidos y temporales en materia de indemnizaciones y protección judicial. También sería esencial terminar con la inseguridad jurídica existente en torno a las causas objetivas de despido y hacer una apuesta decidida por una flexibilidad interna pactada entre los agentes sociales en el marco de la negociación colectiva que, en la medida de lo posible, debe articularse en el ámbito de la empresa.• Es necesario impulsar y acelerar los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo para la inaplazable reforma del Sistema Público de Pensiones, que deberá garantizar el equilibrio entre la sostenibilidad y la suficiencia de las prestaciones. El diseño de la reforma ha de basarse en un análisis realista de la situación económica y de las perspectivas de nuestras cuentas públicas. La pandemia ha convertido en inviables, al menos a corto y medio plazo, los planes existentes para derogar la reforma de 2013.
