Las campañas electorales facilitan que el interés de los medios se centre en los resultados económicos más recientes, que se achacan, para bien o para mal, y no siempre con toda justificación, a la gestión del último gobierno. Pero una economía es consecuencia de las decisiones e interacciones de millones de agentes, lo que hace que, salvo crisis bruscas (como las que, lamentablemente, hemos vivido en este siglo en varias ocasiones) los principales indicadores muestren bastante inercia.
Fedea publica hoy un trabajo de Alfonso Novales (Real Academia de Ciencias Morales y Políticas e ICAE) en el que se evalúa el estado actual de la economía española prestando atención a un periodo relativamente amplio, desde antes de la crisis financiera hasta nuestros días. Es preciso examinar un periodo así si queremos evaluar el contexto económico actual y, sobre todo, si aspiramos a estimar el grado en que las condiciones económicas actuales indican un cambio de tendencia, quizá como consecuencia de una determinada política económica, o son mera continuación de la evolución inercial del pasado reciente.
El trabajo está estructurado en dos partes: la primera realiza una sencilla presentación de evidencia económica a lo largo de los años transcurridos del presente siglo, sin entrar en consideraciones técnicas; la segunda establece consideraciones más en línea con la denominada “economía política”, prestando atención a reformas necesarias e importantes, de carácter institucional, que continúan sin ser atendidas, a pesar de haber sido propuestas reiteradamente por muchos expertos, especialmente en los últimos años. En nuestra opinión, la calidad institucional condiciona la eficacia de la política económica; en ocasiones, porque una deficiente calidad institucional conduce también a un mal diseño y/o ejecución de la política económica.
La impresión que surge del análisis de los datos es el de: a) una economía que tradicionalmente ha mantenido unos niveles de inversión relativamente débiles, excepto en el periodo de la burbuja de construcción que condujo a la crisis de 2007; b) la ausencia de una política seria de inversión en I+D que aspire a generar un desarrollo tecnológico comparable al de otros países con los que pretendemos competir en el futuro; c) la necesidad de tener gobiernos mucho más activos en políticas de innovación y en establecer colaboraciones con el sector privado basadas en la confianza mutua; d) la conveniencia de llevar a cabo una política presupuestaria rigurosa, que genere incentivos a la inversión, la educación, y la formación continua.
La consecuencia es que, si bien el PIB español crece en la recuperación de la crisis de la pandemia, nuestro crecimiento desde 2007 (antes de la crisis financiera) es de los más bajos de la UE27. El PIB (“la renta”) per capita actual está en el puesto 15 de la UE27, pero es un 79% del nivel de dicho grupo, cuando era el 98% en 2007, y el 85% en 2019. En el período 2007-2022 España ocupa el puesto 22 en ganancias de productividad (por hora trabajada) dentro de la UE27; la manifiesta dificultad en mejorar la productividad continúa siendo uno de nuestros principales problemas.
Tenemos actualmente el mayor número de afiliaciones a la Seguridad Social de la historia, pero las tasas de ocupación (ocupados como porcentaje de los activos) masculina y femenina son de las más bajas de la UE. Lo mismo sucede con las tasas de empleo (ocupados sobre población en edad de trabajar). Estimular la participación activa en el mercado de trabajo, y generar empleos para todos aquellos que lo desean, continúan siendo importantes retos.
Tras la crisis financiera, la inversión (construcción y equipos) no ha recuperado la fortaleza. Ni siquiera después de 2014, una vez recuperados de dicha crisis, la inversión ha hecho una fuerte aportación al PIB; especialmente relevante es la debilidad de la inversión en equipos. Para ser el país innovador que se nos promete con frecuencia, necesitamos impulsar definitivamente la inversión en I+D. No es evidente que los fondos Next Generation, canalizados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia vayan a contribuir significativamente en este sentido. Parece predominar la preocupación por no ser capaces de ejecutar el gasto en el plazo fijado. Los PERTES están llamados a absorber importantes partidas de gasto, y tratan de atraer producción tecnológicamente avanzada, pero se echa en falta una mayor apuesta por elevar el nivel de calidad de nuestros centros de investigación, la captación de talento para ellos, y el apoyo a ambiciosos proyectos de desarrollo de tecnologías en diversas áreas.
El análisis de carácter institucional de la segunda parte considera aspectos en los que existen importantes reformas pendientes que ningún gobierno parece dispuesto a acometer: a) el diseño de políticas públicas, la coherencia entre las distintas actuaciones de un gobierno y su consistencia con el programa electoral sobre el que fue elegido; b) la necesidad de responder rigurosamente a los compromisos de transparencia, evaluación de políticas públicas y rendición de cuentas que todo gobierno asume respecto de los ciudadanos; las instituciones creadas para contribuir a estos fines se encuentran cotidianamente con la resistencia del gobierno de turno; c) la calidad normativa, d) el papel que debe jugar el estado como agente de innovación; d) la reforma real de la administración pública, quizá el elemento con mayor potencial dinamizador de nuestra economía y más modernizador de nuestra sociedad, situando definitivamente al ciudadano en el centro de la gestión pública; y e) el interés por romper la polarización de los últimos años, que limita enormemente cualquier intento de materializar un definitivo progreso de nuestro sistema económico y social.
Más información
Novales, A. (2023). “¿Cómo está la economía española?: Reflexiones en período electoral.” Fedea, Estudios sobre la Economía Española no. 2023-24. Madrid.
