El cuarto informe del GTMC avanza una serie de propuestas para adaptar la normativa laboral a los retos a los que se enfrenta la economía española a corto, medio y largo plazo.
En relación con la adaptación de los ERTE a la fase de reactivación, se propone un proceso en dos fases, con la prórroga de los ERTE por fuerza mayor hasta finales de septiembre y su transformación casi automática en ERTE “ordinarios” a partir de octubre en los sectores más afectados por la crisis, así como una revisión del esquema de exoneración de cuotas para mejorar los incentivos a la recuperación de la actividad, una mayor flexibilidad para afectar o desafectar trabajadores según evolucione la actividad de las empresas y la revisión de la exigencia de mantenimiento del empleo.
Se destaca también la necesidad de reforzar las políticas activas de empleo y de adaptar la normativa laboral a las cambiantes necesidades de un mercado de trabajo en rápida transformación.
Fedea publica hoy el informe de la Comisión de Medidas Laborales del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 (GTMC), coordinada por Florentino Felgueroso (FEDEA), Marcel Jansen (UAM y FEDEA) y Juan F. Jimeno (U. de Alcalá, CEPR e IZA). El informe documenta el impacto de la crisis de la COVID-19 en el mercado de trabajo, presenta una propuesta para la prórroga de los ERTE por fuerza mayor y su transformación en ERTE por causas económicas, aboga por una inmediata potenciación de las políticas activas del mercado de trabajo y recuerda algunos aspectos a considerar para adaptar las políticas de empleo a la cambiante realidad del mercado de trabajo.
La crisis sanitaria de la COVID-19 ha tenido un impacto muy acusado sobre el mercado de trabajo, tanto en términos de flujos de destrucción como de creación de empleo. Al principio de la crisis, marcada por el confinamiento y la dificultad de llevar a cabo muchas actividades económicas, la política económica se centró acertadamente en la protección de los trabajadores, de sus empleos y sus rentas. Una vez comenzado el proceso de reactivación, sin embargo, entramos en una nueva fase de la crisis en la que la protección de los trabajadores debe compaginarse con el impulso a la reactivación de las empresas y la necesaria reasignación del empleo desde las actividades que han experimentado caídas permanentes de demanda hacia los que tienen mayor potencial de crecimiento. Ello requiere una combinación adecuada de prestaciones por desempleo, incentivos para la movilidad y políticas activas del mercado de trabajo, entre las que ganan relevancia el aumento de la formación ocupacional, la mejora de la intermediación laboral y los incentivos a la contratación.
Tras un breve repaso de los datos relevantes, esta nota identifica un elenco de medidas y prioridades para la política laboral a corto, medio y largo plazo que ayudarían a mitigar el impacto de la crisis de la COVID-19 y avanzar hacia un mercado laboral más moderno, resiliente y justo.
En el corto plazo, la prioridad es la prórroga de los ERTE y su adaptación al nuevo escenario que se abre a partir de hoy. Los interlocutores sociales han propuesto una prórroga hasta finales de diciembre. En ausencia de acuerdo en relación con dicha propuesta, sería aconsejable en nuestra opinión abordar la adaptación en dos fases con la prórroga de los ERTE por causa de fuerza mayor hasta finales de septiembre y su transformación en ERTE “ordinarios” por motivos económicos a partir de octubre en los sectores más afectados.
Durante la primera fase, consideramos imprescindible la prórroga de todas las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo. Sin embargo, el patrón de exoneraciones de las cuotas sociales deberían modificarse para mejorar los incentivos a la reactivación de las empresas. Con este fin, debería eliminarse la diferencia entre ERTE completo y parcial, que ahora desincentiva el reinicio de la actividad, y las ayudas deberían redirigirse gradualmente desde la subvención de las horas no trabajadas a la de las horas trabajadas. Otra medida importante para promover la reactivación es dar flexibilidad a las empresas para afectar o desafectar a trabajadores según evolucione su actividad.
Más allá de la prórroga de los ERTE, el informe avanza un conjunto de propuestas para agilizar la transición hacia los ERTE ordinarios y fomentar la formación y la movilidad voluntaria de los trabajadores. En este apartado destaca la propuesta de ofrecer mejores condiciones a las empresas que ofrecen formación a sus empleados mientras sigan en ERTE. Además, se defiende la opción de permitir la compatibilidad -parcial y limitada en el tiempo – entre la prestación y el salario en otra empresa para fomentar la salida voluntaria de trabajadores de empresas en dificultades. Por último, el documento aboga por una revisión de la exigencia de mantenimiento del empleo y no considera deseable una prórroga de la cláusula que “prohíbe” los despidos. En ambos casos, el objetivo es permitir que las empresas puedan efectuar despidos por causas justificadas, algo razonable dado el deterioro imprevisto de la situación económica que se ha producido en los últimos meses.
Además de facilitar la reincorporación de los trabajadores cubiertos por los ERTE, otro objetivo prioritario en el corto plazo es diseñar y aprobar un Agenda de Empleo que incluya un Plan de Políticas Activas adaptado al nuevo escenario de crisis y facilite la transición hacia un nuevo modelo productivo. A nuestro entender, este Plan debería guiarse por las siguientes directrices genéricas (articuladas en una serie de acciones detalladas en el documento)
– Reforzar las acciones de empleo y formación, haciendo un máximo uso de los Fondos Europeos.
– Diseñar un nuevo programa de incentivos a la contratación guiado por criterios de eficacia y eficiencia
– Impulsar la modernización funcional y tecnológica de las oficinas de empleo para mejorar los servicios de intermediación y la atención a los demandantes de empleo.
– Apoyarse en la colaboración público-privada para facilitar la movilidad de los trabajadores afectados por la crisis.
– Fortalecer el sistema de formación para el empleo adoptando nuevos incentivos a la formación y los mecanismos para detectar las necesidades de competencias profesionales.
Finalmente, algunos problemas endémicos del mercado laboral español junto con el impacto de tendencias estructurales asociadas a los cambios tecnológicos hacen necesaria una adaptación y modernización de la legislación laboral. Aun cuando no es el momento más oportuno para abordar dicha adaptación, es conveniente tener en cuenta que la crisis de la Covid-19 acelerará algunas de esas tendencias (por ejemplo, la digitalización, el teletrabajo, las nuevas formas de empleo asociadas a las plataformas digitales, etc.) y hará más costosas las ineficiencias y desigualdades económicas.
Para resolver estas debilidades estructurales y acomodar las tendencias tecnológicas será necesario (aunque no suficiente) adaptar y modernizar el contexto institucional de nuestro mercado de trabajo. A este respecto, se deberá prestar especial atención a:
– La ampliación de la cobertura y a la profundización de la negociación colectiva.
– La reducción de la dualidad contractual y la cobertura de las nuevas formas de empleo con contratos que garanticen los derechos de los trabajadores.- La introducción de nuevos instrumentos que permitan aumentar la protección de los trabajadores en un contexto cambiante e incierto, incluyendo la constitución de cuentas individuales.
Documento completo
Felgueroso, F., Jansen, M. y J. F. Jimeno. (coordinadores) y otros (2020). “Por un mercado de trabajo más moderno y resiliente.” FEDEA Policy Papers no. 2020-10, Madrid.
