El quinto informe del GTMC ofrece algunas recomendaciones para el buen uso de los fondos europeos de recuperación que se activarán en los próximos meses. Los autores señalan que estos fondos pueden ser un estímulo importante que contribuya a la reactivación de la economía tras el fin del confinamiento, pero han de utilizarse fundamentalmente con criterios de largo plazo para ayudar a sentar las bases de una economía más competitiva y sostenible. Para aprovechar bien la oportunidad que estas ayudas suponen, es necesaria una buena planificación y una selección rigurosa de los proyectos a financiar con criterios de rentabilidad social.
Fedea publica hoy el informe de la Comisión de Prioridades de Inversión del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 (GTMC), coordinada por Diego Rodríguez (Universidad Complutense de Madrid y FEDEA). El documento asume que en las próximas semanas se llegará a un acuerdo para la creación de un Fondo Europeo de Recuperación que, en coherencia con la agenda comunitaria, centrará buena parte de sus esfuerzos en los objetivos del Pacto Verde Europeo y la Estrategia Digital. En ese contexto, el trabajo incide en cuáles deben ser los principios básicos para la asignación y gestión de esos fondos en España e identifica algunas áreas merecedoras de medidas de apoyo, financieras o regulatorias.
El informe sostiene que los fondos destinados a la recuperación deben compaginar su papel de estímulo a la demanda y de recuperación de la oferta con un efecto de más largo plazo sobre el crecimiento económico y su sostenibilidad. Los proyectos deben seleccionarse en base a una estimación de su rentabilidad social, teniendo en cuenta todos los costes y beneficios relevantes, especialmente cuando existen tecnologías alternativas que compiten. Con este fin, es importante establecer mecanismos de evaluación y selección tan rigurosos como sea posible dado el apretado calendario que probablemente se establecerá para la ejecución del Fondo. La Comisión del GTMC enfatiza la necesidad de planificación previa y estrecha coordinación entre las distintas Administraciones Públicas implicadas y el sector privado para maximizar la capacidad de absorción de fondos y la concurrencia a los programas europeos. Asimismo, aboga por un mayor uso de los peajes y el desarrollo de la fiscalidad medioambiental, así como por una regulación adecuada que facilite la inversión privada.
En cuanto a las prioridades de inversión, se considera acertado el énfasis de la UE en la descarbonización y la lucha contra el cambio climático, la implantación de tecnologías digitales y la acumulación de capital intangible, frente al énfasis que en nuestro país se ha puesto tradicionalmente en las infraestructuras de transporte. En materia de transición energética la descarbonización debe perseguirse al menor coste social posible, apostando por inversiones en tecnologías maduras y ya competitivas, como la eólica o la fotovoltaica, y dejando las inversiones con riesgo para experiencias piloto. Las inversiones en infraestructuras de agua y la mejora de su mantenimiento son particularmente necesarias para combatir las secuelas del cambio climático en nuestro país, pero también lo es una regulación que permita cumplir el principio de recuperación de inversiones mediante la fijación de tarifas más realistas.
En digitalización, reconociendo los avances realizados y el buen posicionamiento de España en algunos aspectos, el informe pone el acento en mejorar la adopción de las nuevas tecnologías en sectores social y económicamente estratégicos, como la educación, la ciencia, la salud, la justicia y las pequeñas y medianas empresas. Para ello se debe avanzar en la conectividad mediante los programas existentes y otros nuevos, pero también en reducir la brecha de adopción digital mediante acciones de formación que ayuden a reducir nuestro déficit de competencias TIC.
Documento completo
Rodríguez, D. (coordinador) y otros (2020). “Por una economía competitiva, verde y digital tras el COVID-19”. FEDEA Policy Papers no. 2020-11, Madrid.