Fedea publica hoy un documento de trabajo de Judith Arnal (Centre for European Policy Studies-CEPS- y Real Instituto Elcano) en el que se analiza la etiqueta Finance Europe como intento de movilizar el ahorro minorista europeo y canalizarlo preferentemente hacia activos europeos.

En su última reunión el pasado 20 de marzo, el Consejo Europeo acordó por unanimidad acelerar los trabajos para reforzar la capacidad defensa de Europa de manera “decisiva” a lo largo de los próximos cinco años. Hasta el momento, los acuerdos del Consejo Europeo se centran en las medidas del Plan Rearm Europe/Readiness 2030, propuesto por la Comisión Europea, sobre las distintas vías para financiar un fuerte y rápido aumento del gasto en defensa de los estados miembros de la UE que, entre otros objetivos, permita cumplir con el nuevo compromiso de la OTAN que previsiblemente se adoptará en la próxima cumbre de la Haya, a finales de junio, que podría consistir en fijar el nuevo objetivo del gasto en defensa de sus países miembros en torno, o algo por encima, del 3% del PIB, en un plazo de tiempo también por determinar.

La reincorporación de Estados Unidos al Acuerdo de París, efectiva desde el comienzo de la Administración Biden, situó en la agenda legislativa norteamericana la necesidad de desarrollar instrumentos para facilitar la atracción y el despliegue de inversiones privadas que contribuyan a la consecución de los objetivos climáticos. El principal instrumento desarrollado, aunque no el único, ha sido la Ley de Reducción de la Inflación. La Unión Europea ha reaccionado a esa iniciativa mediante sus propios instrumentos legislativos en forma de dos Reglamentos, ambos de próxima publicación: la Ley de Industria de Cero Emisiones Netas y la Ley de Materias Primas Críticas. Las dos regiones comparten el objetivo de acelerar el despliegue de tecnologías conducentes a la descarbonización de la actividad, al tiempo que buscan disminuir la dependencia del exterior en las industrias limpias, y muy particularmente el dominio de China en muchas de ellas. Para ello, sin embargo, Estados Unidos y la Unión Europea utilizan estrategias claramente diferenciadas.

El paquete de ayudas europeas para la recuperación del Covid, NGEU, tiene dos características novedosas. La primera es que, rompiendo con un tabú de larga tradición, se está financiando mediante la emisión de deuda mutualizada, emitida por la Comisión Europea en nombre del conjunto de la UE. La segunda es que, a diferencia del grueso de los anteriores fondos europeos, las ayudas del Fondo de Recuperación se desembolsan con un criterio de pago por desempeño, en lugar de a través del reembolso del gasto realizado en programas o proyectos de inversión previamente autorizados. El desempeño se medirá en parte en términos de la implementación de reformas que se espera tengan efectos positivos duraderos sobre el crecimiento, la equidad o la sostenibilidad. Los fondos NGEU, por tanto, se están utilizando para incentivar reformas estructurales. Se trata de un interesante desarrollo que podría tener continuidad en la práctica comunitaria si la experiencia resulta satisfactoria.

Muchas actividades digitales muestran características, incluyendo efectos de red y economías de escala y alcance, que favorecen la concentración de la oferta en pocas manos, generando posiciones de dominio que pueden ser explotadas por ciertas plataformas en perjuicio de los consumidores. Con el fin de aumentar el grado de competencia, al menos potencial, en estos mercados, con la consiguiente mejora en las condiciones que se ofrecen a los usuarios, la Comisión Europea ha propuesto en diciembre de 2020 una regulación específica que se recoge en la Ley de Mercados Digitales. Fedea publica hoy un trabajo de Iñigo Herguera (Instituto Complutense de Análisis Económico) en el que se revisan los problemas de competencia encontrados en este ámbito, los remedios propuestos en la nueva regulación europea y los cambios en curso en otras legislaciones, destacándose también los posibles problemas que afectan a la implementación de esta regulación ex ante.

La Comisión Europea suspendió en marzo la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Previamente había iniciado un proceso de evaluación de las reglas fiscales vigentes como primer paso para su reforma. Cabe recordar que el marco fiscal ya fue objeto de varias reformas recientes, entre las que destacan las de 2011 (six pack) y 2013 (two pack).

Fedea publica hoy una nueva entrega dentro de la serie de Notas sobre la Agenda Europea. En esta nota, Eva Valle (QED Economics) analiza la situación actual de las negociaciones sobre el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea para los próximos siete años, el llamado Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027, y las posibilidades de alcanzar un acuerdo, que seguramente deberá negociarse en paralelo con el nuevo instrumento europeo de recuperación que se está diseñando para hacer frente a la crisis del Covid-19.  

La Unión Europea ha reaccionado a la crisis del covid19 con medidas muy importantes que incluyen la suspensión de las reglas fiscales para dar más margen de maniobra presupuestaria a los gobiernos nacionales y un programa de compra de activos del BCE dotado con 750.000 millones de euros.

La pieza esencial que falta por diseñar, y sobre la que todavía no hay acuerdo, sería algún mecanismo de respaldo financiero-fiscal que evite que la crisis sanitaria pueda poner en riesgo la moneda única y permita la mutualización de una parte de sus costes.

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