Las universidades y centros de investigación son la base sobre la que se fundamenta el sistema de I+D+i. Gran parte de sus actividades de investigación se desarrollan en el marco de proyectos de investigación con financiación específica, nacional o internacional, de duración determinada, generalmente obtenida a través de convocatorias competitivas. Antes de la entrada en vigor de la recién aprobada reforma laboral, la gran mayoría de los contratos laborales asociados a la Ciencia se canalizaban a través del contrato temporal de obra y servicio, que fue suprimido en dicha reforma.
En líneas generales, la estrategia de suprimir el contrato de obra y servicio e impulsar la contratación indefinida parece acertada para fomentar la estabilidad en las relaciones laborales, pero ha de adaptarse a las peculiaridades de cada sector. En el caso de la ciencia, la supresión del contrato temporal de obra y servicio ha supuesto el bloqueo casi completo de la contratación de investigadores y personal de apoyo en las universidades y organismos públicos de investigación, que es necesario corregir urgentemente. De hecho, desde el 30 de marzo ya no se pueden realizar contratos de obra y servicio y aún no está aprobada la nueva Ley de la Ciencia, que contempla un nuevo contrato indefinido.
Fedea publica hoy un trabajo de José Ignacio Conde-Ruiz (Fedea y UCM), Jesús Lahera Forteza (UCM y Fedea) y Diego Puga (CEMFI) en el que se proponen mejoras al nuevo “contrato indefinido para ejecutar tareas vinculadas a líneas de investigación o servicios científicos-técnicos” contemplado en la nueva Ley de la Ciencia, que se encuentra actualmente en tramite parlamentario.
El peligro de canalizar todas las relaciones laborales en la ciencia a través de un contrato indefinido es la incertidumbre jurídica acerca de si una extinción del contrato, cuando se termina el proyecto de investigación, puede ser declarada improcedente por los tribunales, obligando a las universidades o centros de investigación a quedarse con los trabajadores afectados. Es precisamente este temor el que está frenando la contratación en el sector. La solución que se aporta en el articulo es similar a la adoptada para el sector de la construcción en la reciente reforma laboral para hacer frente al problema que surge con la finalización de una obra: permitir el despido objetivo si no existen posibilidades razonables de recolocar al trabajador en una nueva obra cercana en la que sean necesarias sus cualificaciones.
Salvando las lógicas distancias, la solución es adaptable al caso de la ciencia. Se trataría en este caso de articular un régimen específico que permita la extinción objetiva del contrato cuando no exista financiación para dar continuidad al proyecto en el que participaba el trabajador y además no sea posible su recolocación en otro proyecto adecuado a sus cualificaciones e intereses.
Para más información véase:
Conde Ruiz, J. I.; Lahera Forteza, J. y Puga, D. (2022). “Propuesta de Mejora del Nuevo Contrato Indefinido de Actividades Científico-Técnicas” FEDEA, Apuntes Fedea no. 2022-08, Madrid.