El Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han celebrado hoy una sesión titulada La situación económica de los jóvenes en España
En relación con la situación económica de los jóvenes, los expertos del CGE y de Fedea coinciden en señalar la necesidad de realizar reformas estructurales que garanticen su futuro económico, dado que, pese al evidente progreso social alcanzado en las últimas décadas, este segmento de la población afronta crecientes dificultades. Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial, publicada por el INE en mayo de 2025, en 2023 un joven de entre 20 y 24 años percibió una renta bruta media de 15.364,17 euros, lo que supone un 45 % menos que el salario medio nacional (28.049,94 euros). Además, hay que tener en cuenta que, si bien buena parte de estos jóvenes no alcanza niveles de ingresos que les obliguen a tributar por IRPF, sí soportan una carga fiscal importante a través de las cotizaciones sociales y, sobre todo, del IVA, lo que reduce su renta disponible y limita sus posibilidades de ahorro y emancipación.
Entre los principales retos identificados se encuentran: una elevada precariedad laboral —en 2024, el 60,5 % de los contratos a menores de 30 años fueron temporales, sumado a un 46 % en parcialidad involuntaria— y un acceso a la vivienda cada vez más limitado y gravoso —según datos del Banco de España, cuatro de cada diez hogares destinan, en promedio, el 40 % de sus ingresos mensuales al pago del alquiler—. A ello se suman desajustes persistentes entre la formación académica y las demandas del mercado, con un 37 % de brecha entre competencias tecnológicas requeridas y ofertadas (McKinsey, 2025); una legislación laboral rígida que desplaza la necesidad de flexibilidad hacia los colectivos más vulnerables, especialmente los jóvenes, a través de contratos precarios; y riesgos crecientes derivados del cambio climático, que afectan de forma desproporcionada a la juventud. En conjunto, esta realidad exige una revisión profunda de las políticas públicas para frenar la transmisión intergeneracional de la desigualdad y evitar que el talento joven quede infrautilizado o empujado a emigrar.
Propuestas
- Impulsar la Formación Profesional Dual y Universitaria, reforzando los vínculos entre centros educativos y empresas.
- Actualizar y reforzar los contenidos educativos con un mayor enfoque en competencias digitales, sostenibles y transversales.
- Mejorar la orientación profesional desde edades tempranas, adaptándola a las demandas del mercado.
- Crear incentivos fiscales al ahorro con fines como la emancipación o el emprendimiento, dirigidos exclusivamente a jóvenes con rentas bajas o medias-bajas.
- Reducir el déficit estructural para evitar trasladar cargas fiscales a las generaciones futuras.
- Reforzar las ayudas a la crianza y a las familias con menores recursos
- Aumentar la construcción de vivienda asequible en zonas de alta demanda mediante la liberalización de suelo disponible y una mayor colaboración público-privada, para corregir el desequilibrio estructural entre oferta y demanda que dificulta el acceso de los jóvenes al mercado.
- Ampliar las ayudas al alquiler para jóvenes con menor renta, evitando efectos regresivos mediante su focalización en hogares por debajo de la renta mediana y priorizando el uso y aumento del parque público disponible.
- Facilitar el acceso a la vivienda mediante instrumentos fiscales progresivos, incluyendo exenciones fiscales, deducciones estatales y esquemas de aval público, todos ellos dirigidos exclusivamente a jóvenes con menor capacidad de renta y ahorro.
- Reforzar el Sistema Nacional de Garantía Juvenil con mejor trazabilidad y coordinación entre administraciones.
- Impulsar un Pacto de Estado por el Empleo Joven que articule una estrategia común con participación de los agentes sociales.
- Establecer mecanismos de diálogo institucional intergeneracional que garanticen la voz de los jóvenes en la formulación de políticas públicas a medio y largo plazo.
- Aumentar la inversión en políticas transversales para jóvenes, abordando empleo, fiscalidad, vivienda, formación y sostenibilidad de forma integrada.
- Incluir a representantes juveniles en foros clave como el Pacto de Toledo para asegurar una visión más equitativa y sostenible del sistema de pensiones.
Nota
Madrid, 18 de junio de 2025.- España se enfrenta a una creciente brecha generacional que limita las oportunidades de los jóvenes. La quinta sesión de los Encuentros Fedea-CGE abordo los principales factores que condicionan su situación económica –con especial atención a los retos en materia laboral, fiscal y educativa–, e intentará plantear vías de mejora.
La presentación correría a cargo del presidente del CGE, Miguel Vázquez Taín, y del director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente. Intervinieron como ponentes: José Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid y subdirector de Fedea; Raquel Jurado, miembro del equipo técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE), y Mar Villares, secretaria técnica del Registro de Economistas Asesores Laborales (EAL-CGE).
En la apertura del acto, Vázquez Taín destacó que “a nivel nacional, la legislación fiscal específica para jóvenes es escasa y fragmentada, ya que solo existen algunas medidas implementadas por las comunidades autónomas, como incentivos puntuales en el IRPF, Sucesiones y Donaciones o vivienda, insuficientes para equilibrar una presión tributaria elevada, debido a la alta carga de los impuestos indirectos, que recaen en mayor proporción sobre las rentas bajas. Junto a estos incentivos fiscales, es imprescindible promover planes de desarrollo de carrera adaptados a los nuevos requerimientos y formas de vida de los jóvenes, facilitando su integración y crecimiento profesional sostenible dentro de las empresas e instituciones. Lo que era válido hace 15 años ya no lo es: hace falta un cambio estructural”.
Por su parte, Ángel de la Fuente indicó que, “el sistema actual de protección social presenta un sesgo muy importante hacia los mayores. El déficit contributivo del sistema de pensiones exige, cada año, grandes y crecientes inyecciones de recursos procedentes de impuestos generales, que amenazan con dejarnos sin margen para otras prioridades, incluyendo la educación, las políticas activas de empleo, las ayudas familiares, la crianza y la inversión pública en vivienda, tecnología y medio ambiente, que benefician más a los jóvenes. Este desequilibrio debería corregirse”.
A continuación, José Ignacio Conde-Ruiz, Mar Villares y Raquel Jurado han presentado cada uno una breve ponencia, cada uno.
Conde-Ruiz abrió la ronda de intervenciones señalando que, «los jóvenes en España afrontan una doble desventaja estructural: la pérdida del impulso demográfico que antes sostenía el crecimiento económico y una menor capacidad de influencia política debido al envejecimiento del electorado. Expone tres grandes brechas generacionales: en renta —desde 2008, la de los jóvenes ha caído un 10 %, mientras que la de los mayores de 65 años ha aumentado un 8 %—; en acceso a la vivienda —solo el 43 % de los hogares jóvenes accede hoy a la propiedad, frente a más del 70 % hace dos décadas—; y en la edad media de emancipación, que ya supera los 30 años. Ante esta realidad, propone un paquete de reformas para reequilibrar el contrato intergeneracional: pensiones sostenibles, reglas fiscales que prioricen a la juventud, políticas de vivienda y mayor representación política, bajando, por ejemplo, la edad de voto a los 16 años».
A continuación, Raquel Jurado manifestó que, “los jóvenes en España cuentan con ingresos notablemente inferiores a la media. En 2023, un joven de entre 20 y 24 años percibió un 45 % menos que el salario medio nacional, según el INE. A pesar de ello, soportan una carga fiscal considerable, especialmente a través de cotizaciones sociales e impuestos indirectos como el IVA, que afectan con mayor intensidad a quienes destinan la mayor parte de su renta al consumo. Según Eurostat, los menores de 35 años son el colectivo que dedica un mayor porcentaje de sus ingresos al pago del IVA (7,7 %), y la OCDE estima que el coste fiscal total sobre el empleo asciende al 40,6 % para un trabajador soltero sin hijos. Esta situación genera una percepción creciente de desequilibrio intergeneracional, ya que los jóvenes asumen un esfuerzo fiscal elevado sin apenas medidas compensatorias.”.
Finalmente, Mar Villares comentó en su intervención que, “la combinación de una alta tasa de temporalidad del 60,5 % en los contratos de los menores de 30 años en 2024, unido a un salario medio de 1.558 € brutos mensuales, que es un 27 % inferior al salario medio nacional, y que el 46 % de los jóvenes cuenten con contratos a tiempo parcial de manera involuntaria; configura un entorno laboral precario que retrasa la emancipación”. Por ello según Villares, “urge avanzar hacia la estabilidad contractual real y alinear la formación con las necesidades del mercado”.
A continuación, se desarrolló un coloquio, moderado por Miguel Vázquez Taín y Ángel de la Fuente, en el que José Ignacio Conde-Ruiz, Raquel Jurado y Mar Villares, respondieron a cuestiones clave.
¿Cuáles considera que son los principales retos para los jóvenes en materia digital y sostenible?
Según Conde-Ruiz, “los jóvenes enfrentan desafíos significativos en los ámbitos digital y sostenible. En lo digital, la revolución tecnológica ha generado nuevas oportunidades laborales —como el trabajo en plataformas—, pero también ha traído precariedad, desigualdad de acceso y el riesgo de automatización de tareas rutinarias. Existe además una brecha del 37 % entre las competencias digitales que exige el mercado y las que ofrece el sistema educativo (McKinsey), lo que exige reformar la formación desde etapas tempranas y fomentar el aprendizaje continuo. En lo sostenible, el cambio climático y la degradación ambiental afectan de forma creciente a la juventud, especialmente en términos de sequías, salud, migraciones forzosas y pérdida de oportunidades laborales sostenibles. Todo ello plantea una tensión intergeneracional: las decisiones actuales condicionan el acceso de los jóvenes a un entorno saludable y justo. Afrontar estos retos requiere inversiones ambiciosas en tecnología limpia, cohesión territorial y justicia climática a largo plazo”.
¿La fiscalidad en España contribuye a aumentar la desigualdad intergeneracional?
En este sentido Jurado indica que, “sí, en parte la fiscalidad española refuerza la desigualdad intergeneracional. Aunque muchos jóvenes no tributan por IRPF debido a sus bajos ingresos, sí asumen una carga significativa en cotizaciones sociales e impuestos indirectos como el IVA, que afectan más a quienes destinan casi toda su renta al consumo. Este esfuerzo fiscal contrasta con el contexto que tuvieron generaciones anteriores, que accedieron a empleo más estable, salarios más altos y beneficios fiscales hoy eliminados, como la deducción por compra de vivienda. Además, buena parte del gasto público se orienta a financiar pensiones generosas, mientras los jóvenes cuentan con escasas ventajas fiscales y sin garantías de retorno futuro. Esto alimenta una creciente sensación de injusticia intergeneracional en la distribución de los recursos públicos”.
¿Cómo está afectando la temporalidad y la parcialidad en los contratos a la emancipación de los jóvenes en España?
Según Villares, “la elevada temporalidad y parcialidad laboral están dificultando seriamente la emancipación de los jóvenes en España. En 2024, el 60,5 % de los contratos firmados por menores de 30 años fueron temporales, y un 46 % trabajó a tiempo parcial de forma involuntaria, según el SEPE. A esto se suma un salario medio de 1.558 € brutos mensuales, un 27 % inferior al promedio nacional, lo que limita su capacidad de ahorro y acceso a vivienda. La mayoría de los jóvenes trabaja en el sector servicios, con baja estabilidad, y muchos acceden a empleos poco relacionados con su formación. Esta combinación de inestabilidad, bajos ingresos y desajuste formativo prolonga la dependencia familiar y retrasa el desarrollo de proyectos de vida autónomos”.
Desde su experiencia, ¿cuáles cree que son los principales factores que están condicionando actualmente la situación económica de los jóvenes en España?
Para Conde-Ruiz, “uno de los factores estructurales más determinantes es que la economía española ya no crece impulsada por la demografía, como en décadas anteriores. El envejecimiento poblacional ha convertido el antiguo dividendo demográfico en un lastre, reduciendo el dinamismo económico. En este nuevo contexto, la única variable con potencial sostenido de crecimiento es la productividad por hora trabajada, ya que ni el empleo ni las horas pueden aumentar indefinidamente. Sin embargo, el actual modelo económico destina una parte creciente del gasto público —el 30 %— a pensiones, mientras se infrafinancian políticas clave para los jóvenes, como educación, innovación, acceso a vivienda o I+D. Además, el elevado déficit estructural limita la capacidad de inversión a futuro. La situación económica de los jóvenes no solo depende del mercado laboral, sino de un marco fiscal y político que prioriza el presente sobre el futuro, comprometiendo la justicia intergeneracional y las condiciones para su desarrollo”.
Para Jurado, “la difícil situación económica que atraviesan los jóvenes en España no se debe, como causa principal, a factores fiscales, sino a una combinación de otro tipo de causas: la precariedad laboral, los salarios bajos, el encarecimiento de la vivienda, etc. Todo ello limita su autonomía económica y retrasa hitos vitales como la emancipación o el ahorro a largo plazo. Ahora bien, desde una perspectiva fiscal, el sistema tributario vigente no trata de corregir esta situación, ya que apenas existen medidas específicas para jóvenes, tal como hemos analizado durante la exposición. Además, la carga fiscal que soporta el colectivo es significativa para sus bolsillos, especialmente a través de impuestos indirectos y cotizaciones que reducen considerablemente su renta disponible”.
Según Villares, “la situación económica de los jóvenes en España está marcada por cinco factores estructurales en materia laboral. Primero, una tasa de desempleo juvenil aún elevada, pese a los últimos descensos. Segundo, la precariedad laboral, con alta temporalidad, parcialidad involuntaria y escasa estabilidad. Tercero, una brecha salarial generacional que dificulta el acceso a vivienda e independencia. Cuarto, el desajuste entre la formación y el mercado, agravado por un sistema productivo dominado por microempresas con bajo nivel de innovación, escasa capacidad de contratación estable y limitadas oportunidades de promoción. Y quinto, el débil peso industrial en el PIB, que restringe empleos técnicos de calidad y expone al empleo juvenil a una economía centrada en servicios inestables. Estos elementos se interrelacionan, generando un círculo vicioso que frena el desarrollo económico de la juventud”.
¿Qué medidas o reformas considera prioritarias para afrontar estos desafíos y facilitar la plena integración económica y social de la juventud?
Según Conde-Ruiz, “es prioritario reorientar el gasto público hacia áreas que mejoren la productividad y garanticen la equidad intergeneracional. Para ello, se propone reducir el déficit estructural, establecer una regla fiscal intergeneracional, e invertir más en educación, empleo, ciencia y vivienda juvenil. Es clave modernizar el mercado laboral mediante un modelo de flexiseguridad que proteja al trabajador y no solo al puesto. También se requiere impulsar la Formación Profesional dual, mejorar las becas y facilitar el acceso a la vivienda con ayudas ajustadas a la renta. Se plantea además institucionalizar la justicia intergeneracional con una comisión juvenil en el Pacto de Toledo y una entidad consultiva estable. Cumplir los compromisos climáticos con instrumentos como un dividendo climático contribuiría a proteger a las generaciones futuras y reforzar la cohesión social”.
Para, Jurado, “desde el ámbito fiscal, se proponen medidas para favorecer la autonomía económica de los jóvenes con rentas bajas, mediante incentivos específicos y dirigidos. Entre ellas, destacan las deducciones estatales por alquiler y adquisición de vivienda habitual para menores de 40 años con ingresos por debajo de determinados umbrales, así como la creación de cuentas de ahorro-joven con beneficios fiscales si el capital se destina a vivienda, educación o emprendimiento. También se plantea la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en la compra de primera vivienda habitual para jóvenes con menor capacidad económica. Estas medidas no solo buscan aliviar la carga tributaria, sino también frenar la emigración juvenil, que afectó a más de 649.000 personas de entre 18 y 35 años entre 2021 y 2023. Países como Portugal ya aplican iniciativas similares, como un tipo reducido del IRPF para jóvenes y exenciones fiscales por compra de vivienda, con el fin de retener talento y facilitar su desarrollo profesional”.
Finalmente, Villares indica que, “en el ámbito laboral, es prioritario combatir la precariedad juvenil mediante el refuerzo de la inspección laboral, sanciones por fraude contractual y la limitación del uso abusivo de contratos temporales y parciales. Se propone fomentar la contratación indefinida, especialmente mediante ayudas específicas dirigidas a jóvenes pertenecientes a colectivos vulnerables. También resulta clave revisar el sistema de prácticas y becas para garantizar su carácter formativo, con una retribución mínima y condiciones dignas, en línea con el futuro Estatuto del Becario. Asimismo, debe impulsarse el empleo juvenil en sectores estratégicos, como la economía verde y digital, mediante incentivos a empresas que generen empleo de calidad. Finalmente, se plantea la creación de un Pacto de Estado por el Empleo Joven y la reforma de las políticas activas de empleo, orientándolas a los perfiles y realidades concretas de la juventud”.
En su intervención final a modo de conclusiones, Miguel Vázquez Taín y Ángel de la Fuente subrayaron la urgencia de abordar reformas estructurales para garantizar el futuro económico de la juventud. Coincidieron en la necesidad de impulsar la Formación Profesional Dual y Universitaria, y mejorar la vinculación entre formación y tejido productivo. Insistieron en la importancia de reducir el déficit estructural para evitar trasladar cargas fiscales a las generaciones futuras y reforzar la inversión pública en ámbitos clave para los jóvenes como la educación, el empleo y la innovación. Por último, reclamaron una arquitectura institucional que dé voz a los jóvenes en la toma de decisiones, como vía para asegurar la equidad entre generaciones.