Fedea publica hoy un trabajo de Benito Arruñada (Universidad Pompeu Fabra) en el que se analiza por qué la vivienda es escasa y cara en España y se proponen reformas para ampliar su oferta.
Los fallos de la política agravan los del mercado de la vivienda
El trabajo sostiene que los fallos de la política agravan, en vez de corregir, los del mercado de vivienda. Las restricciones para construir, transmitir y contratar generan escasez y perjudican sobre todo a quienes buscan vivienda.
En la vivienda nueva, la escasez de suelo edificable responde a decisiones políticas: numerosos ciudadanos y grupos pueden bloquear una promoción sin asumir íntegramente el coste de hacerlo, y urbanizar suelo exige de diez a quince años, según estimaciones que recoge la CNMC. Además, los tributos equivalen al 25,78 % del desembolso final de los compradores en un supuesto elaborado por el Consejo General de Economistas.
En la vivienda usada, gravar mucho las transmisiones y relativamente poco la tenencia penaliza la movilidad y favorece que muchos inmuebles permanezcan vacíos o infrautilizados. La OCDE recomienda a España reducir gradualmente los impuestos sobre las transmisiones, cuyos tipos figuran entre los más altos de sus países miembros.
En el alquiler, limitar las rentas, imponer prórrogas a los contratos y dificultar la recuperación de la vivienda protege al inquilino con contrato a costa de quien busca uno, porque induce a los propietarios a retirar oferta y a seleccionar inquilinos más solventes. Para la regulación catalana de 2020, el trabajo recoge estimaciones de una reducción media de las rentas cercana al 5 % y de una caída de las nuevas contrataciones próxima al 10 %. Los seguros de impago atenúan el riesgo del propietario, pero al precio de que sus filtros excluyan a candidatos vulnerables.
El Real Decreto-ley 29/2026
El trabajo examina también el Real Decreto-ley 29/2026, convalidado el 12 de noviembre por la Diputación Permanente del Congreso. Junto a nuevas prórrogas y límites a la actualización de las rentas, la norma obliga a la Administración, en determinados supuestos, a ofrecer una alternativa habitacional o a atender la deuda del inquilino. Recoge con ello parcialmente el principio de financiar la asistencia con recursos públicos, aunque su eficacia dependerá de que el pago sea suficiente, puntual y exigible.
El autor explica por qué estas políticas pueden resultar electoralmente rentables pese a su coste social. Los inquilinos y deudores con contrato en vigor identifican la ventaja inmediata, mientras que los futuros contratantes perciben peor las oportunidades que pierden. Las moratorias que se presentan como temporales, las excepciones para pequeños propietarios y los impuestos formalmente atribuidos a bancos o promotores hacen visibles los beneficios y ocultan los perjuicios.
En esta línea, el trabajo estudia cómo se forma la demanda de protección, con microdatos de encuestas del Centre d’Estudis d’Opinió, de 40dB y del Centro de Investigaciones Sociológicas. Muestra que el apoyo a la regulación varía con la posición contractual del entrevistado: en Cataluña, vivir de alquiler se asocia con 12 puntos porcentuales más de apoyo a regular los precios que residir en una vivienda propia ya pagada, y tener otra vivienda arrendada, con 19,8 puntos menos. También influye la descripción del conflicto: en un experimento, mencionar a un banco o un fondo como propietario eleva en 1,5 puntos sobre diez la justificación de ocupar una vivienda.
El autor advierte de que algunas encuestas presentan la intervención como garantía de acceso y omiten sus costes, por lo que difundir sus resultados como un mandato mayoritario puede reforzar el apoyo a instrumentos cuyos costes se han omitido.
Propuestas para aumentar la oferta de vivienda
Para ampliar la oferta, el trabajo propone cinco líneas de reforma:
- Facilitar la construcción: ampliar los usos y densidades permitidos, evaluar el coste de las exigencias de calidad y revisar qué intereses justifican un veto y cuáles pueden protegerse mediante indemnización.
- Reequilibrar la fiscalidad: reducir los gravámenes sobre la construcción y las transmisiones y compensar las rebajas con otros ingresos, incluidos los de la tenencia, o con menor gasto.
- Restaurar la seguridad jurídica y la libertad contractual: respetar los contratos, facilitar su ejecución y recuperar la libertad para pactar rentas y duración, sin discriminar a los arrendadores por su tamaño.
- Separar la asistencia de la contratación privada: financiar las ayudas con recursos públicos explícitos, en vez de cargar la protección de la persona vulnerable sobre su arrendador o acreedor.
- Favorecer la subsidiariedad normativa y la transparencia: permitir soluciones territoriales distintas, comparar sus resultados y vincular los porcentajes de las encuestas a las preguntas que los produjeron.
Según el autor, la principal dificultad es política, porque los ciudadanos reclaman viviendas accesibles sin asumir las consecuencias de permitir construir, transmitir y contratar. Mientras los votantes premien las restricciones y sus costes permanezcan ocultos, concluye el trabajo, la vivienda seguirá siendo escasa y cara.
Documento completo
Para más información, véase: Arruñada, Benito (2026), «El problema de la vivienda: escasez y carestía por voluntad propia», FEDEA, Colección Apuntes, núm. 2026-XX. Madrid
