La precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre ha devuelto las pensiones al centro del debate público, con acusaciones cruzadas sobre la privatización del sistema y advertencias sobre su sostenibilidad. El Gobierno ha defendido la sostenibilidad del sistema apoyándose en la reforma de 2023, diseñada con la vista puesta en 2050, en un Fondo de Reserva que cerrará el año con unos 20.000 millones de euros, en dos pronunciamientos de la AIReF favorables al cumplimiento de la regla de gasto pactada con Bruselas y en un mercado de trabajo con récord de afiliación y 2,51 cotizantes por pensionista.
Fedea publica hoy una nota de Santiago Calvo (Universidad de las Hespérides) que contrasta esos argumentos con las cuentas de la Seguridad Social Ampliada que elabora Fedea, los informes de la AIReF y las estadísticas oficiales de empleo, afiliación, pensiones y población. El autor concluye que el sistema puede seguir pagando sus prestaciones mientras el Estado cubra su déficit, pero que ninguno de esos argumentos permite afirmar que sea financieramente sostenible, puesto que el desequilibrio contributivo se acerca al 4 % del PIB, ha seguido creciendo en años de empleo récord y se agravará con la jubilación de las cohortes del baby boom.
Una hucha que crece mientras crece la deuda
El Fondo de Reserva llegó a acumular 72.700 millones de euros de 2021 en 2011 (66.815 millones corrientes) y se utilizó desde 2012 para pagar pensiones hasta quedar en poco más de 2.000 millones en 2019. Desde 2023 vuelve a crecer gracias al Mecanismo de Equidad Intergeneracional, una cotización adicional que pasará del 0,6 % en 2023 al 1,2 % en 2029 y se ingresa íntegramente en el Fondo, que sumaba 15.267 millones a finales de marzo de 2026. En paralelo, la deuda de la Seguridad Social con el Estado ha pasado de 18.500 millones de euros de 2021 en 2016 a 116.000 millones en 2025, unos 136.000 millones en euros corrientes. Como el sistema sigue necesitando préstamos para cuadrar sus cuentas, la aportación al Fondo se financia en la práctica con deuda, y los activos netos del sistema, que superaban los 54.000 millones en 2011, son hoy negativos en unos 103.800 millones.
La nota representa el balance del sistema como un iceberg cuya parte visible es la hucha. Por debajo se sitúan la deuda con el Estado y las transferencias que este ha realizado desde 2005 para financiar Clases Pasivas, complementos de mínimos y otras partidas contributivas, unos 320.000 millones de euros de 2021. A ello se añaden los derechos de pensión ya devengados por trabajadores y pensionistas actuales, que Eurostat estima en el 452 % del PIB en 2021.
Un déficit contributivo cercano al 4 % del PIB
El saldo presupuestario de la Seguridad Social Ampliada arroja un déficit de solo el 0,5 % del PIB en 2025, una cifra que se explica por el aumento de las transferencias del Estado, que han pasado del 0,5 % del PIB en 2005 al 3,6 % en 2025. Una vez descontadas, el déficit básico asciende al 4,1 % del PIB y el contributivo al 3,8 %. Entre 2007 y 2025, las cotizaciones contributivas a la Seguridad Social han crecido en términos reales un 29 % y el gasto en pensiones contributivas un 82 %. La financiación de esa diferencia con transferencias cambia el lugar de las cuentas públicas en el que se registra el déficit, pero deja intacto su coste para el conjunto de las administraciones.
Empleo récord y déficit creciente
El número de ocupados ha pasado de 19,24 millones en el primer trimestre de 2021 a 22,78 millones en el segundo trimestre de 2026, y aun así el déficit contributivo ha crecido cada año desde 2022, de 47.700 a 54.300 millones de euros de 2021, ya que los gastos contributivos aumentaron en 22.400 millones y los ingresos en 15.900. La reforma laboral ha reducido con claridad la temporalidad contractual, pero la duración media de los nuevos contratos indefinidos ordinarios de los jóvenes cayó en más de cien días según un trabajo reciente publicado por Fedea, y la propia AIReF no atribuye a la reforma ningún efecto sobre los ingresos del sistema.
La nota analiza también la cifra de 2,51 cotizantes por pensionista que publica el Ministerio de Inclusión, que no se explica en sus notas. Con los mismos 22,44 millones de afiliaciones medias de septiembre y los 9,54 millones de pensionistas del INSS, la ratio es de 2,35, y de 2,13 si se toman las pensiones en lugar de los pensionistas. El dato oficial solo se aproxima si se suman a las afiliaciones una parte de los desempleados por los que cotiza el Servicio Público de Empleo Estatal, cotizaciones que se financian con transferencias del Estado. Con cualquiera de las definiciones, la mejora desde 2021 es de algo más de una décima.
Un gasto elevado para el grado de envejecimiento
En 1975 había casi seis personas de 16 a 64 años por cada mayor de 64, hoy hay 3,15 y, según las proyecciones del INE, habrá 1,93 en 2050, lo que supone una caída del 39 % en veinticinco años. España llega a ese proceso con un gasto en pensiones del 13,2 % del PIB en 2024, por encima de la media de la Unión Europea (12,6 %), pese a tener una tasa de dependencia de mayores tres puntos inferior a la media. Según la relación entre ambas variables en la UE, a España le correspondería un gasto en torno al 10,1 % del PIB. La AIReF proyecta que el gasto en pensiones pasará del 13 % del PIB en 2025 al 16,4 % en 2050.
La regla de gasto y la sostenibilidad de las cuentas públicas
La AIReF ha confirmado que se cumple la regla de gasto del Real Decreto-ley 2/2023, con un gasto neto de medidas de ingresos del 13 % del PIB frente al límite del 13,3 %. Su propio estudio advierte, sin embargo, de que esa regla no guarda relación con la sostenibilidad de las cuentas públicas. En su escenario a políticas constantes, la deuda pública alcanzaría el 123 % del PIB en 2050 y las transferencias al sistema de pensiones tendrían que llegar al 3 % del PIB. La regla permite además que el gasto en pensiones crezca a un ritmo del 4 % anual, frente al 3 % que el Plan Fiscal y Estructural comprometido con Bruselas fija para el conjunto del gasto primario neto, lo que obliga a contener el resto de las políticas o a recurrir a más deuda.
Propuestas
El autor sostiene que defender las pensiones exige garantizar que puedan seguir pagándose sin comprometer el bienestar de quienes las financian, y discutir con datos el coste de oportunidad de destinar cada año más recursos públicos al sistema. Entre las propuestas que recoge figuran la transición hacia un sistema de cuentas nocionales que vincule prestaciones y aportaciones e introduzca ajustes automáticos, un pilar de capitalización complementario de carácter colectivo y con inscripción automática, más transparencia sobre la pensión esperada de cada trabajador y sobre el saldo y la deuda implícita del sistema, y la equidad intergeneracional como criterio explícito de cualquier reforma. Ninguna de ellas implica privatizar el sistema público de pensiones.
Más información
Calvo, S. (2026). «¿Son sostenibles las pensiones? Algunas consideraciones sobre las cuentas del sistema y el debate electoral». FEDEA, Colección Apuntes n.º 2026-27. Madrid.
