Fedea presenta hoy un nuevo número de su serie Food for thought: aportaciones al debate sobre políticas públicas, dedicado al sistema público de pensiones. Se trata de un tema objeto de atención permanente que resurge en cada campaña electoral con agrias discusiones en las que suele pesar más la demagogia electoralista que la evidencia contrastada o el buen sentido económico. Dada su enorme trascendencia social y económica, sin embargo, la cuestión merecería un debate amplio, sosegado y bien documentado que ayude a los ciudadanos a hacerse una idea realista de las opciones a las que nos enfrentamos como sociedad en relación con la cesta de bienes y servicios públicos e impuestos que queremos y podemos tener dados nuestros recursos, y sobre el reparto equitativo de sus costes y beneficios, tanto entre distintos segmentos de la población actual como entre generaciones. El presente documento resume nuestro trabajo reciente en este campo y busca ser una aportación constructiva a este debate fundamental, que debería plantearse abiertamente y desarrollarse de una forma respetuosa y ordenada con la participación más amplia posible.
El sistema de pensiones ha sido objeto recientemente de una profunda reforma que todavía se está desplegando. A nuestro entender, el rumbo elegido para ella con el acuerdo de los principales partidos en el Pacto de Toledo entraña serios riesgos: básicamente, hemos optado por escribir un cheque en blanco para mantener un sistema de pensiones muy generoso sin tener en cuenta que podríamos quedarnos sin fondos para cubrirlo. El peligro no es tanto un riesgo elevado de impago o recorte grave para las pensiones públicas per se, protegidas como están por el enorme peso electoral de los jubilados, sino que estas prestaciones “se coman” una parte excesiva de los recursos necesarios para financiar otros bienes y servicios públicos fundamentales, desde la sanidad hasta la defensa, pasando por las infraestructuras y la I+D.
De hecho, nuestro análisis de la evolución de las cuentas del sistema de protección social español y de sus perspectivas post-reforma indica que esto ya está sucediendo en alguna medida y sugiere que el problema tenderá a agravarse considerablemente durante las próximas décadas. Hasta 2009, las prestaciones contributivas de la Seguridad Social española se han financiado con cotizaciones sociales pagadas por trabajadores y empresas. Cada vez más, sin embargo, los ingresos propios del sistema contributivo de protección social, las cotizaciones sociales, se han tenido que complementar con aportaciones del Estado con cargo a impuestos generales. Si nos centramos en el saldo contributivo del sistema integrado por la Seguridad Social y Clases Pasivas, éste ha empeorado en algo más de 70.000 millones de euros entre 2005 y 2025, hasta alcanzar un déficit del 3,8% del PIB en este último año, o casi 64.000 millones que han de detraerse de la caja general del Estado. Este déficit podría aumentar entre 1 y 2,3 puntos adicionales del PIB entre 2025 y 2050 dependiendo de si se utilizan las proyecciones del Gobierno o las nuestras. Así pues, en torno a mitad de siglo tendremos que inyectar cada año a la Seguridad Social recursos adicionales por valor de al menos cinco puntos de PIB para mantener el sistema actual de pensiones.
¿Podemos hacerlo? Sin duda, pero también podríamos hacer muchas otras cosas con ese dinero y deberíamos al menos sentarnos a discutir nuestras prioridades. Y si realmente concluimos que es necesaria una inyección de recursos de este calibre, sería esencial asegurar que se hace de una forma transparente y que su coste se reparte equitativamente entre todos. Una posibilidad sería financiar al menos parte de tales aportaciones a través de un recargo proporcional sobre la cuota estatal del IRPF que, para comenzar, podría reemplazar al MEI y a la cuota de solidaridad, evitando así la inequidad de concentrar los costes de financiar una prima general a los perceptores de prestaciones contributivas en una parte limitada de la población, eximiendo al resto con independencia de su renta. Consideraciones de equidad aparte, el recargo ayudaría mucho a visibilizar el coste de oportunidad de la reforma del sistema de pensiones, lo que podría hacer algo más sencilla políticamente la introducción de medidas de control del gasto con el fin de dejar algo más de margen presupuestario para otras prioridades sociales e inversoras.
Documento completo
de la Fuente, A., A. Sánchez y M. A. García (2026). “Pensiones.” FEDEA, Serie Food for Thought. Colección Apuntes no. 2026-26. Madrid.