La descarbonización de la industria española exigirá intensificar las inversiones durante los próximos años y adaptar los instrumentos públicos a la realidad económica y tecnológica de cada tipo de industria. Esta es una de las principales conclusiones del informe “Descarbonización industrial: heterogeneidad sectorial, condicionantes e implicaciones de políticas públicas” elaborado por Fedea y Deloitte, que advierte de que no existe una única solución válida para la industria en su conjunto.
El análisis se publica en un momento decisivo para la política industrial europea. La Unión Europea ha fijado como objetivo vinculante reducir en un 90% las emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2040, respecto a 1990. Además, desde enero de 2026 está vigente el régimen definitivo del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono —conocido como CBAM, por sus siglas en inglés— y la Comisión Europea ha propuesto una Ley de Aceleración Industrial para impulsar la inversión, agilizar permisos y estimular la demanda de productos bajos en carbono.
Destacados
- La industria genera cerca del 24% de las emisiones brutas de España, mientras que el 58% de sus actividades presenta una apertura comercial superior al 30%, lo que limita la posibilidad de trasladar los costes de descarbonización a los precios.
- España necesita reducir en 8,9 millones de toneladas de CO₂ las emisiones de combustión industrial entre 2024 y 2030 para cumplir la senda del PNIEC.
- Cuatro industrias básicas concentran el 75% de las emisiones de combustión y el 73% de las emisiones de proceso.
- El estudio propone seis niveles de intervención pública, desde medidas horizontales y financiación hasta ayudas a la inversión, apoyo a los costes operativos y desarrollo de infraestructuras
La industria española ya ha realizado avances relevantes. Entre 2005 y 2024 redujo su consumo energético sin comprometer la generación de valor añadido bruto real, que se mantiene en niveles similares a los de hace dos décadas. No obstante, las emisiones industriales todavía representan el 24% de las emisiones totales brutas del país. En 2024, las emisiones asociadas a la combustión alcanzaron 42,8 millones de toneladas de CO₂, frente a 20,3 millones procedentes de los procesos industriales.
El esfuerzo pendiente es significativo. La senda del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima —el PNIEC, que recoge la planificación energética y climática de España hasta 2030— exige reducir un 21% adicional las emisiones de combustión industrial entre 2024 y 2030. A más largo plazo, el nuevo objetivo europeo para 2040 requerirá avanzar hacia una industria prácticamente descarbonizada.
Oliverio Álvarez, socio responsable de Energía, Recursos e Industria de Deloitte señala “La descarbonización industrial es un problema complejo. No depende únicamente de movilizar más recursos, sino de contar con los instrumentos adecuados para cada actividad industrial. Para alcanzar los objetivos establecidos, necesitamos generar las condiciones de demanda que hagan viables las nuevas soluciones industriales bajas en carbono y, en algunos casos, mecanismos de apoyo directo. También acelerar el desarrollo de infraestructuras habilitadoras, como las redes eléctricas, y, más largo plazo, las de hidrógeno y de CO₂.”
De acuerdo con Diego Rodríguez, coordinador del área de Economía digital, energía y medioambiente de FEDEA “La heterogeneidad de la industria hace difícil que medidas de carácter general respondan adecuadamente a todas las necesidades de descarbonización. La eficacia del apoyo público pasa por identificar los condicionantes de cada subsector y diseñar programas específicos que permitan actuar sobre las barreras tecnológicas y económicas que realmente limitan su transformación.”
Competencia internacional y costes de inversión
El informe destaca que la transición debe abordarse sin debilitar la competitividad. El 58% de las actividades industriales presenta una apertura comercial, entendida como la suma de las importaciones y las exportaciones en relación con el tamaño del mercado doméstico, superior al 30%; las importaciones equivalen al 29% de la demanda nacional y más del 35% de las ventas manufactureras se realiza en mercados exteriores. Aproximadamente el 90% de las grandes empresas industriales españolas y el 60% de las pequeñas exportan.
Esta exposición internacional reduce la capacidad de trasladar a los precios los costes adicionales de producir con menos emisiones. Aunque el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea —EU ETS, en inglés— encarece las emisiones y genera incentivos para invertir, esa señal económica no siempre resulta suficiente para movilizar proyectos con grandes desembolsos iniciales, largos plazos de ejecución o tecnologías todavía inmaduras.
Las necesidades varían notablemente entre sectores. En actividades de baja temperatura, como determinados procesos de alimentación, bebidas o papel, las mejoras de eficiencia y la electrificación pueden generar ahorros que permitan recuperar la inversión. En cambio, productos como la siderurgia, el cemento, la cal, el aluminio o el amoníaco afrontan procesos de alta temperatura y emisiones difíciles de evitar, con inversiones iniciales muy elevadas y posibles sobrecostes operativos persistentes.
“España afronta una etapa decisiva para garantizar una industria competitiva y con mayor nivel de descarbonización. Alcanzar este objetivo requiere acelerar la inversión, impulsar la innovación y adaptar los instrumentos públicos a la realidad económica y tecnológica de cada sector. Una transición acompañada de los apoyos necesarios permitirá reducir emisiones, reforzar la capacidad industrial de nuestra economía y apuntalar nuestra competitividad”, señala Ana Aguilar, Chief Economist de Deloitte.
Seis respuestas para seis situaciones
El análisis plantea que la política de apoyo a la descarbonización industrial debe adaptarse a las características económicas de cada actuación, desde medidas horizontales y financiación para inversiones recuperables hasta ayudas destinadas a cubrir brechas de inversión y de gastos de explotación cuando las condiciones de mercado no permiten recuperar los costes. En España, algunos instrumentos, como los Certificados de Ahorro Energético (CAE), los avales o las subvenciones, ya están operativos o en desarrollo, mientras que otros, como los contratos por diferencia o los mecanismos para financiar infraestructuras compartidas, presentan todavía un menor grado de desarrollo.
El estudio señala asimismo la necesidad de ajustar los instrumentos públicos al grado de madurez de las distintas tecnologías. Mientras algunas soluciones de electrificación y biometano se encuentran ya en fase de despliegue, determinadas aplicaciones de electrificación avanzada, hidrógeno renovable y tecnologías de captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS) requieren todavía esfuerzos de investigación y escalado. El marco propuesto combina así instrumentos para favorecer el despliegue y la viabilidad económica de tecnologías en fases más avanzadas de desarrollo con subvenciones, financiación concesional, garantías y apoyo a la I+D para impulsar las que se encuentran en fases más tempranas.
Documento completo
Álvarez, O., Rodríguez, D., Aguilar, A. y Longo, F. (2026). “Descarbonización industrial: heterogeneidad sectorial, condicionantes e implicaciones de políticas públicas”. Fedea, Documento de Trabajo no. 2026-11.