Fedea analiza y valora el decreto de ayudas a empresas y el proyecto del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Fedea publica hoy un nuevo boletín de seguimiento de la crisis del Covid. En él se incluyen las secciones ya habituales y una tribuna invitada firmada por Mireia Jofre-Bonet (OHE y University of London) que analiza las lecciones que podemos extraer del proceso de vacunación contra el COVID-19.
La evolución de la actividad por sectores y regiones en estos primeros meses de 2020 ha sido similar a la registrada en el último tercio del año anterior, manteniéndose un patrón de estancamiento con ligeras oscilaciones que han ido a la baja en febrero y al alza en marzo, reflejando al menos en parte la evolución de la pandemia. Las ramas productivas más afectadas siguen registrando en la actualidad caídas de entre el 30% y el 70% de la ocupación efectiva con respecto a marzo de 2019 pese al repunte de este último mes. Otras actividades menos afectadas por la crisis han ido recuperando sus niveles de actividad pre-pandemia, aunque de una forma lenta y también con ciertos altibajos. Algunos indicadores, como los índices de movilidad y uso del tiempo, muestran cierta tendencia a normalizarse durante el primer trimestre de 2021, mientras que otros, como los indicadores dinámicos del mercado de trabajo, siguenapuntando a una economía que funciona a medio gas.
Desde la publicación del número anterior de este Boletín, a mediados de febrero, la noticia más importante a nivel europeo ha sido la paralización, previsiblemente temporal, del proceso de ratificación del plan de recuperación por parte del Tribunal Constitucional alemán. A nivel doméstico, las principales novedades en materia de política económica han sido la promulgación del Real Decreto-ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial y la publicación por el Gobierno de la versión previsiblemente final del proyecto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que se enviará oficialmente a la Comisión Europea en los próximos días.
El alargamiento de la pandemia está generando problemas financieros cada vez más graves a un número elevado de negocios y empresas que pueden ver en peligro su continuidad en los próximos meses. En diversos números de este Boletín, hemos reclamado que el Gobierno tome medidas para minimizar los posibles daños, estableciendo ayudas a los sectores más afectados y mejorando el funcionamiento de los procedimientos de reestructuración o liquidación de las empresas con problemas de solvencia. Puesto que el decreto citado supone un paso en la dirección correcta en ambos sentidos, merece una valoración positiva. Pensamos que ayudará a evitar muchos cierres innecesarios de empresas y a repartir de forma más equitativa los costes de la pandemia, contribuyendo por ambas vías a mejorar el bienestar.
Por otra parte, hay muchos aspectos del Decreto que son claramente susceptibles de mejora. Uno de ellos es la exigencia de que los solicitantes de las ayudas que en él se contemplan estén al corriente de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social en el momento de presentar su solicitud. Puesto que estamos hablando de ayudas destinadas a empresas con problemas de solvencia, es muy probable que muchas de ellas sean incapaces de cumplir este requisito. Alternativamente, para hacerlo podrían verse obligadas a concentrar sus incumplimientos en sus acreedores privados, reforzando así los posibles efectos de bola de nieve que el Gobierno presumiblemente busca evitar con las ayudas. Adicionalmente, el decreto opta por dar a las ayudas un marcado carácter finalista, estableciendo incluso un orden de prevalencia que podría ser un problema si se opta por una interpretación rígida del texto. Tomado literalmente, el decreto obligaría a los beneficiarios de las ayudas a destinar el remanente de las mismas que pudiera quedar tras pagar las deudas pendientes con proveedores a reducir sus préstamos, comenzando por los ICOs, incluso aunque careciesen de liquidez para hacer frente a nuevos pagos a proveedores o cubrir sus costes fijos en los próximos meses.
Finalmente, el reparto territorial de las ayudas y su procedimiento de gestión también presentan detalles cuestionables. En primer lugar, no parece que las autonomías (a diferencia de la Agencia Tributaria) cuenten con ventaja comparativa en la gestión del programa, y su implicación retrasará inevitablemente la llegada de unas ayudas que ya se han hecho esperar más de lo razonable. En segundo lugar, no se entiende la necesidad de un reparto ex ante entre territorios cuando el texto ya establece criterios para fijar la cuantía de las ayudas en función de la caída del volumen de negocio de las empresas.
El proyecto del PRTR mantiene en lo esencial las líneas de actuación y las propuestas de inversión avanzadas en el borrador publicado en octubre, con pequeños retoques y algo más de detalle en cuanto a sus dotaciones presupuestarias. Una de las principales novedades es la incorporación de un extenso listado de más de 100 “reformas” que incluye una multitud de nuevas leyes, regulaciones, planes, agendas, hojas de ruta y estrategias. En la mayor parte de los casos, el documento se limita a enunciarlas sin demasiadas precisiones más allá de referencias genéricas a la modernización o mejora de la normativa relevante.
En algunos casos se entra en algo más de detalle sobre las reformas, aunque no siempre de una forma clara. Valoramos positivamente el anuncio de la introducción de mecanismos de pago por uso en las carreteras de alta capacidad y el compromiso de agilizar los procedimientos y facilitar las soluciones negociadas en la nueva reforma concursal que se está preparando. En materia de vivienda, agua y educación la discusión no es muy informativa, como tampoco lo es en el caso de las tres grandes reformas en las que seguramente se está concentrando la negociación con la Comisión Europea: mercado de trabajo, pensiones y fiscalidad. El documento apunta a objetivos generalmente deseables, aunque en ocasiones demasiado genéricos, pero deja abiertas muchas cuestiones importantes sobre cómo se pretende alcanzarlos, lo que dificulta su valoración. Junto con medidas positivas, vemos un cierto riesgo de retroceso hacia una excesiva rigidez en materia laboral y de una apuesta por una subida indiscriminada y poco meditada de la presión fiscal en próximos ejercicios. Finalmente, tenemos serias dudas sobre las propuestas de pensiones recogidas en el Plan, que a nuestro entender difícilmente supondrán un avance en términos de la sostenibilidad del sistema o su equidad intergeneracional.
Documento completo
Felgueroso, F. y A. de la Fuente (2021). “Aspectos económicos de la crisis del Covid-19. Boletín de seguimiento no. 10.” FEDEA, Estudios sobre Economía Española no. 2021-14, Madrid.
