Fedea publica hoy un análisis de Judith Arnal sobre cómo ha cambiado la naturaleza del desafío económico que China plantea a España y la Unión Europea, y cuál sería la mejor forma de abordarlo. El trabajo distingue entre el llamado «China shock 1.0» —la primera oleada de importaciones intensivas en trabajo (textil, calzado, muebles, juguetes) tras la entrada de China en la OMC— y el «China shock 2.0» actual, en el que China ha avanzado hacia maquinaria, electrónica, química, metales, baterías y automóvil, solapándose cada vez más con el núcleo industrial europeo. Además del comercio de mercancías, el nuevo desafío incluye la instalación de fábricas e inversiones productivas chinas dentro de la UE, lo que traslada el problema del ámbito puramente comercial (competencia exclusiva de la UE) al de la inversión, donde las competencias están mucho más repartidas entre los Estados miembros.
El trabajo aborda cuatro cuestiones principales:
1. Qué cambia con el China shock 2.0 y quién está más expuesto
En 2025 el superávit comercial de mercancías de China alcanzó un máximo histórico de 1,19 billones de dólares. Más relevante que el tamaño es el cambio de especialización: China ha reforzado su ventaja comparativa en maquinaria, metales y manufacturas industriales, terreno tradicional de economías como Alemania, y gana cuota en terceros mercados mientras Alemania la pierde. En particular, en los catorce terceros mercados analizados, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Japón, Brasil y México, China ha ganado cuota de importaciones desde 2001 en todos ellos, mientras que Alemania la ha perdido en doce. Al mismo tiempo, China mantiene posiciones muy fuertes en los sectores asociados al primer China shock. La nueva competencia industrial no ha sustituido a la anterior: se ha superpuesto a ella. La nueva competencia no sustituye a la anterior, sino que se superpone a ella.
Entre los factores que explican este cambio destacan: mayor contenido tecnológico propio en la producción china; una política industrial muy intensa (crédito barato, suelo, energía, ventajas fiscales); la escala del mercado chino y la competencia interna entre empresas y provincias; el desplazamiento del crédito hacia la industria tras la crisis inmobiliaria, en un contexto de demanda interna débil; y, de forma más discutida, un posible renminbi infravalorado.
El trabajo construye un índice de exposición al China shock 2.0 para los 27 países de la UE. Alemania resulta la economía más expuesta —por su perfil exportador muy industrial, similar al chino, y por la caída de sus exportaciones a China desde 2021—, mientras que España se sitúa en la mitad inferior de la distribución. Aunque el déficit comercial español con China es proporcionalmente mayor que el alemán (2,5% del PIB frente a 2,1% en 2025), España nunca dependió tanto del mercado chino para exportar (cubre solo el 15,5% de sus importaciones con exportaciones, frente al 46% alemán). En España el canal principal de exposición son las importaciones —China es ya, desde el primer semestre de 2026, su principal proveedor, con fuerte presencia en maquinaria, electrónica, bienes intermedios y automóvil—, y el peso de los servicios en su comercio exterior (37% frente a 25% en Alemania) la protege parcialmente, ya que China compite menos en ese ámbito.
2. Los instrumentos comerciales de la UE y el problema de la sobrecapacidad
La UE nunca había desplegado tantos instrumentos de defensa comercial frente a China: a finales de 2024 concentraba 74 de las 124 medidas antidumping y 11 de las 22 antisubvención (58% del total), con 33 nuevas investigaciones abiertas ese año, máximo desde 2006. A ello se suman el Reglamento de Subvenciones Extranjeras, el Instrumento de Contratación Pública Internacional y el Instrumento Anticoerción.
El estudio subraya que una parte del avance chino refleja mejoras reales de productividad y no justifica proteccionismo, pero otra parte puede deberse a distorsiones públicas que los instrumentos clásicos de política comercial (diseñados para prácticas y ayudas concretas) no capturan bien cuando el apoyo es simultáneo y difuso (crédito, suelo, energía, insumos). Frente al uso impreciso del término «sobrecapacidad», el trabajo propone una definición operativa: sobrecapacidad estructural es el exceso persistente de capacidad que se mantiene gracias al apoyo público, pese a que la demanda no permite rentabilizarla sin esos apoyos. Señales relevantes son la baja utilización sostenida de fábricas, inversión pese a demanda insuficiente, caída de precios con producción/exportaciones al alza, pérdidas prolongadas y ayudas que evitan cierres.
Ante el debate europeo sobre crear instrumentos nuevos, el trabajo adopta una posición cautelosa: mejorar primero la caja de herramientas existente, evaluar el nuevo Reglamento del acero (primera experiencia de instrumento sectorial contra la sobrecapacidad) y solo después considerar medidas similares en otros sectores, siempre con evidencia suficiente y protección temporal. La defensa comercial, insiste el análisis, no sustituye a las reformas de competitividad: ningún arancel reduce costes energéticos, completa el mercado interior, aumenta la escala empresarial o mejora la financiación; debe entenderse como complemento de una agenda de competitividad más amplia.
3. Coerción china y dependencias estratégicas
La política comercial europea no puede diseñarse mirando solo al sector que se protege: hay que anticipar cómo puede responder China y sobre quién recaerán los costes. Un primer canal es la represalia selectiva: aunque las medidas de la UE se aplican a los 27, China puede concentrar su respuesta en países concretos, como mostró el caso de los vehículos eléctricos (brandy para Francia, porcino para España, lácteos para varios Estados miembros). España exportó a China cerca de 1.000 millones de euros en porcino en 2025 (≈12% de las ventas exteriores del sector), un impacto limitado para la UE en conjunto pero significativo para regiones españolas concretas, lo que da a China una palanca de presión política.
Un segundo canal son las dependencias difíciles de sustituir: en 2024 China concentraba en torno al 60% de la extracción de tierras raras para imanes, el 91% de su refino y el 94% de la producción de imanes permanentes sinterizados. La asimetría es temporal —China puede restringir exportaciones en semanas, mientras desarrollar alternativas lleva años—, lo que genera vulnerabilidad transitoria.
El trabajo extrae dos implicaciones: primero, toda medida comercial con riesgo de represalia debería incorporar desde el inicio una evaluación de vulnerabilidad (sectores/países objetivo, dependencias, inventarios, alternativas); segundo, dado que la política comercial es común pero los costes de la represalia pueden concentrarse en unos pocos Estados, la UE necesita mecanismos de solidaridad que reduzcan esos costes. La estrategia recomendada no es la autosuficiencia, sino la diversificación selectiva de los cuellos de botella donde coincidan alta concentración en China, pocas alternativas y elevado impacto estratégico.
4. De las importaciones a las fábricas: qué debe hacer España
La segunda gran transformación analizada es el paso de las importaciones a la inversión productiva china. La inversión directa china en la UE y el Reino Unido alcanzó 16.800 millones de euros en 2025 (máximo desde 2018), con 8.900 millones en inversión de nueva planta, especialmente en baterías y vehículo eléctrico.
España es ya un destino relevante: el trabajo identifica unos 14.500 millones de euros en operaciones completadas, proyectos en construcción y anuncios desde 2019 (la mayoría desde 2024), aunque solo 1.700 millones corresponden a operaciones ya completadas, 6.100 millones a proyectos en construcción y 6.800 millones a anuncios aún no materializados —lo relevante, subraya el estudio, es cuánto se ejecuta realmente, no cuánto se anuncia.
Como segundo productor de automóviles de la UE pero carente de un gran fabricante de capital nacional, España tiene razones para mantener una postura abierta, pero apertura no equivale a aceptación incondicional. El trabajo propone cuatro filtros para valorar estas inversiones: el valor añadido real que permanece en España (frente al mero ensamblaje); el arraigo y autonomía operativa de la planta respecto a la matriz (licencias, software, proveedores, conocimiento); que las ayudas públicas se vinculen a inversión ejecutada y a hitos verificables, no a anuncios; y los riesgos de seguridad y dependencias críticas.
Estas cuatro dimensiones deben canalizarse por instrumentos distintos: las condiciones industriales (inversión, empleo, formación, proveedores, autonomía operativa) deben imponerse vía ayudas públicas, con independencia de la nacionalidad del inversor; el control de inversiones (screening) debe reservarse solo para riesgos concretos de seguridad, salud u orden público, sin usarse para exigir contenido nacional o transferencia tecnológica. El estudio recomienda además adaptar el artículo 7 bis de la Ley 19/2003 —pensado para cambios de titularidad en sociedades existentes— para cubrir expresamente nuevas plantas y ampliaciones sustanciales de filiales ya controladas por inversores extranjeros en sectores estratégicos, con umbrales y criterios previsibles.
Conclusión
El análisis rechaza plantear el debate en términos de «China sí» o «China no», así como responder a cada avance chino con nuevos aranceles o pujar por cada fábrica con más subvenciones. La clave, según el estudio, es usar cada instrumento para el problema que realmente puede resolver: en comercio, distinguir competencia de distorsión y proteger solo cuando esté justificado, sea temporal y facilite el ajuste; frente a la coerción, anticipar vulnerabilidades y repartir los costes de la respuesta entre Estados miembros; y en inversión, mantener la apertura como regla general, condicionar el dinero público y reservar el control de inversiones para los riesgos de seguridad. Para España, la pregunta decisiva no es cuánto capital anuncia China, sino cuánto se ejecuta realmente, qué funciones productivas permanecen en el país, qué dependencias genera cada proyecto y qué capacidad de control conserva el inversor.
Trabajo completo
Arnal, J. (2026). «De las importaciones a las fábricas: la UE y España ante el nuevo desafío de China.» FEDEA, Documento de Trabajo no. 2026-06. Madrid