El balance de las reformas ligadas al Plan de Recuperación está siendo muy decepcionante. Algunas de las nuevas normas apuntan en la dirección contraria a la que sería deseable, mientras que otras están casi vacías de contenido o se quedan cortas en el despliegue de medidas necesarias.
Un componente esencial del Plan de Recuperación pactado por el Gobierno español con las autoridades comunitarias es un extenso programa de reformas estructurales que ha de implementarse según un calendario prestablecido para que se vayan liberando los recursos asignados a nuestro país por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En cumplimiento de este compromiso, en los últimos dos años y medio se han aprobado numerosas normas legales, algunas de ellas de gran importancia económica y social, respetando generalmente el calendario previsto, aunque a costa de una utilización excesiva de procedimientos de urgencia que pueden haber repercutido negativamente sobre su calidad.
Fedea publica hoy un nuevo número de su Boletín centrado en el seguimiento de estas reformas. El Anexo del informe pasa revista a las normas más importantes incluidas en el Plan, que en buena parte ya han sido aprobadas o están tramitándose en el Parlamento, y el texto analiza las principales novedades que se han producido en este ámbito durante los últimos meses, entre las que destacan el cierre de la reforma de pensiones y la aprobación de la nueva ley de vivienda.
Lamentablemente, el balance de estas reformas está siendo muy decepcionante. Algunas de las nuevas normas apuntan en la dirección contraria a la que sería deseable, mientras que otras están casi vacías de contenido o se quedan cortas en el despliegue de mejoras necesarias. Dos de los casos más paradigmáticos y preocupantes de reformas mal planteadas se analizan en detalle en este Boletín y en trabajos relacionados que se recogen en las referencias. El primero es la reforma del sistema público de pensiones, que debería haber tenido como uno de sus objetivos centrales el de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y ha terminado teniendo el efecto contrario, al introducir una serie de disposiciones que pondrán una fuerte presión al alza sobre el gasto sin acompañarlas de medidas compensatorias adecuadas. Incluso con la nueva cláusula de salvaguarda del MEI, que obligará más pronto que tarde a subir las cotizaciones sociales para financiar en parte el aumento del gasto, el efecto previsible de la reforma será un fuerte incremento del déficit básico del sistema de pensiones durante las próximas décadas cuya financiación absorberá buena parte de los ingresos tributarios del Estado, dejando poco margen para otras prioridades de gasto e inversión. Algo similar sucede con la ley de vivienda que, buscando en principio paliar el problema de escasez de oferta que padecemos en este ámbito, contribuirá seguramente a agravarlo a través del retraimiento de la oferta de alquiler ante una norma que reduce la rentabilidad e incrementa el riesgo de esta actividad.
El trabajo repasa también otras dos normas en tramitación que son buenos ejemplos de las limitaciones de buena parte de la reciente ronda de reformas. El proyecto de ley de función pública estatal viene, en principio, a desarrollar algunas innovaciones esbozadas en el Estatuto básico del empleado público que podrían ayudar a mejorar la eficacia y eficiencia de la administración pública mediante la profesionalización de sus directivos y la mejora de las herramientas de las que estos disponen para incentivar el buen desempeño del personal y para desplegar los recursos disponibles de acuerdo con las necesidades del servicio. Especialmente tras los cambios introducidos con respecto al texto original del anteproyecto, los avances en esta línea son excesivamente tímidos, desvirtuándose, por ejemplo, el papel de las nuevas evaluaciones de desempeño a la vez que se introducen nuevos elementos de rigidez que tendrán efectos contrarios a los supuestamente buscados, como la exigencia de pactar por adelantado con los sindicatos cuestiones clave para el buen funcionamiento de las administraciones. El balance es algo más positivo en el caso del proyecto de ley de familias, que introduce una bienvenida actualización del concepto de familia para adecuarlo a la cambiante realidad social y, en coherencia con ella, extiende algunas ayudas antes restringidas a familias numerosas o parejas casadas a nuevos beneficiarios. El texto, sin embargo, se alarga innecesariamente con un voluntarioso catálogo de buenos propósitos que en muchos casos carecen de contenido o resultan redundantes por tratarse de derechos ya garantizados en otras normas vigentes.
Documento completo
de la Fuente, A. (2022). “Boletín Fedea no. 22: Seguimiento de las reformas del Plan de Recuperación.” FEDEA, Estudios sobre la economía española, no. 2023-18.
