Fedea publica hoy un documento de Diego Rodríguez (UCM y Fedea) en el que se analiza la situación financiera del sector eléctrico. En el documento se describen los principales motivos de preocupación sobre la evolución de las partidas de ingresos y costes regulados del sistema.
Entre ellos destaca la progresiva relajación de los principios de disciplina financiera establecidos en la Ley del Sector Eléctrico de diciembre de 2013 y en particular de la obligación de incrementar los peajes para evitar déficits y de dedicar cualquier superávit a acelerar la amortización de la deuda. Esas exigencias han sido suavizadas en las dos últimas Leyes de Presupuestos Generales del Estado, que han permitido utilizar los superávits acumulados en años pasados para otros usos, y avanza con su utilización para cubrir una insuficiencia exante de ingresos en el próximo ejercicio 2019, la primera desde 2014.
En segundo lugar, los peajes de acceso registran una evolución preocupante pese al aumento de la demanda, que además se puede deteriorar por la aceleración del trasvase de consumidores hacia otras tarifas. Asimismo, la suspensión temporal del impuesto de generación y la supresión del impuesto sobre el uso de gas en generación eléctrica deterioran los ingresos del sistema, pese a la compensación parcial vía mayores ingresos por las subastas de derechos de emisión de CO2. Como se ha señalado en diversas ocasiones, urge una reforma del conjunto de impuestos, tasas y cánones del sistema, que debería desarrollarse en el contexto más amplio de una reforma general de la fiscalidad energética y medioambiental.
En tercer lugar, por el lado de los costes, se llama la atención sobre el efecto clave favorable que para el cierre de 2018 vendrá de la liquidación definitiva de los sistemas no peninsulares correspondientes a un ejercicio pasado (2015), que generará un aporte de ingresos sustancial. A ello se une que hay aún diversas retribuciones que llevan algunos ejercicios en régimen provisional, con efectos inciertos sobre equilibrios futuros. Entre ellas, de modo destacado, se encuentran las retribuciones a las redes de transporte y distribución. Además, el saldo final cuenta con el efecto favorable debido a las diferencias entre lo ingresado para pagos por capacidad y los costes asociados. Esto es síntoma de un problema más general, que es la falta de una metodología que sustente los peajes de acceso a las redes, los cargos y los precios unitarios.
La reaparición de un déficit exante en 2019 puede disminuir el coeficiente de cobertura mensual (ratio entre los ingresos disponibles y los costes debidos en cada liquidación) si la incorporación prevista de excedentes previos se dilata en el tiempo. Esto no afectará al resultado final pero esa cuantía, que se encuentra depositada en una cuenta, debería incorporase con rapidez al sistema de liquidaciones para no generar problemas de tesorería o de financiación a corto plazo a las empresas, que son fácilmente evitables.
En el Apunte se indica que, dado que 2019 será el último de los seis años del periodo regulatorio actual en el sector eléctrico y al mismo tiempo hay un compromiso firme de desarrollo competencial por parte de la CNMC, es el momento apropiado para afrontar los problemas detectados y evitar la repetición de desajustes estructurales. Para ello se requiere también estimar con realismo el impacto de las distintas medidas que el Ministerio para la Transición Ecológica ha ido desgranando en las últimas semanas, una vez se conozca con detalle su desarrollo normativo. La existencia de un equilibrio económico en el sistema eléctrico es condición necesaria para evitar que en el futuro se produzcan reformas regulatorias traumáticas.
Documento
Apuntes Fedea 2018-03. Una nota sobre el equilibrio financiero del sistema eléctrico. Diego Rodríguez.
