Fedea publica hoy una nota de A. de la Fuente en la que se resumen las principales cifras del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 y se comparan con las de los proyectos de 2022 y de 2018, el último elaborado por el Gobierno anterior y también el último aprobado antes de la pandemia. El análisis se centra en la evolución de los niveles agregados de gasto e ingreso público medidos a precios constantes y en las prioridades de gasto del nuevo Gobierno.
Los datos analizados se refieren a lo que se denomina los PGE consolidados, esto es, las cuentas consolidadas de la Administración Central (AC), incluyendo al Estado y sus Organismos Autónomos, la Seguridad Social y ciertos entes públicos estatales. Por el lado del ingreso, en la nota se recoge la recaudación tributaria total de la AC, sin descontar la participación de las Administraciones Territoriales (AATT) en los impuestos compartidos con el Estado (IRPF, IVA e Impuestos Especiales, IIEE). En correspondencia, esta última partida se añade al agregado de gasto, tratándola como si fuera una transferencia de la AC a las AATT. Se omiten tanto los ingresos como los gastos ligados al programa Next Generation EU (NGEU) de ayudas europeas para la recuperación de la pandemia.
Con estos datos, el PIB real esperado en el momento de elaborar los PGE aumentó en algo menos del 1% entre 2018 y 2023, mientras que los ingresos públicos previstos, medidos a precios constantes, se incrementaron en más de un 15% y el gasto en más de un 18%. Visto desde otra perspectiva, el incremento previsto del gasto real fue 6,6 veces mayor que el del PIB, y el “tipo marginal de gravamen” sobre el incremento de la renta real fue superior al 500%. Como resultado, el peso del gasto público en el PIB aumentó en casi 6 puntos y el de los ingresos públicos en más de 4 en cinco años. También aumentó el déficit esperado de la AC consolidada, en torno a 1,25 puntos de PIB, hasta acercarse al 4%.
Las cifras son ciertamente llamativas y apuntan a un patrón claramente insostenible en el tiempo, aunque quizás comprensible en un período tan turbulento como el de los últimos años, marcados por la pandemia de Covid, la guerra de Ucrania y la necesidad de hacer frente a ambas crisis y paliar sus consecuencias económicas y sociales. Es de esperar que una vez se recupere una cierta normalidad la propensión marginal al gasto público y la presión fiscal marginal vuelvan a valores más razonables, pero, en cualquier caso, sería necesaria una política fiscal más prudente en los próximos años, que ponga mayor énfasis en la contención del crecimiento del gasto y la reducción del déficit para asegurar la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas.
En la nota se construyen dos medidas complementarias del crecimiento de las distintas partidas de gasto que pueden interpretarse como indicadores de la prioridad absoluta y relativa acordada por el Gobierno a distintas políticas. La primera es la variación media anual del peso de cada partida en el PIB durante el período considerado y la segunda su tasa media anual de crecimiento a precios constantes. La primera recoge los recursos totales necesarios para financiar el incremento de cada partida, mientras que la segunda tiene en cuenta sólo su ritmo de crecimiento y no su tamaño total. Ambos indicadores se calculan tanto a corto como a medio plazo, comparando los presupuestos de 2023 con los de 2022 en el primer caso y con los de 2018 en el segundo
Los Gráficos 1 y 2 resumen los principales resultados. En términos absolutos, entre las prioridades reveladas del presente Gobierno destacan el gasto en pensiones y la financiación autonómica. La primera partida ha crecido a un ritmo medio anual de cuatro décimas de PIB durante el último lustro, pese a que todavía no ha comenzado la jubilación de los baby boomers, y la segunda se lleva cada año dos décimas más de PIB en promedio. Ambas partidas registran crecimientos excepcionales en 2023 que se sitúan en torno a un punto de PIB. En el caso de las pensiones esto se debe a su revalorización con un IPC que crece a un ritmo muy superior al del deflactor del PIB, y en el de la financiación autonómica podría ser en parte un accidente que reflejaría la corrección al alza de las previsiones de la participación de las CCAA en los tributos compartidos por el Estado tras el fuerte e inesperado tirón de la recaudación tributaria en 2022. Muy por detrás de estas partidas aparecen dos programas de prestaciones sociales y el gasto en defensa, que registra un incremento muy notable en 2023, presumiblemente debido a la crisis de Ucrania. En términos relativos, la partida de gasto que más ha crecido en los últimos años han sido la de dependencia, seguida de la cultura, mientras que la defensa y las subvenciones al transporte aparecen en primer lugar si nos centramos sólo en el último año.
Documento completo
de la Fuente, A. (2022). “Notas sobre los PGE de 2023.” FEDEA, Colección Apuntes, no. 2022-24. Madrid