En este artículo se analiza el impacto de la crisis económica provocada por la Covid-19 sobre el mercado de trabajo en España, tomando como referencia la evolución de los “sin trabajo”. Este colectivo engloba tanto a los trabajadores considerados como desempleados según la encuesta de población activa, como aquellos que están dispuestos a trabajar pero no buscan activamente trabajo (los desanimados), más aquellos cuya actividad laboral está suspendida aunque mantengan sus contratos (los acogidos a los expedientes de regulación temporal de empleo, ERTE).
El impacto se evalúa a través de dos dimensiones: la incidencia y la severidad. La incidencia se define como la ratio de los sin trabajo sobre la población activa (ampliada con los desanimados). Para medir la severidad de la situación de los sin empleo se evalúa la composición de este colectivo en términos de duración del desempleo y las proporciones de trabajadores desanimados y sujetos a ERTE. Estas dos dimensiones se integran en un indicador de impacto que consiste en el producto de la incidencia (cuántos son los sin trabajo) y la severidad (cómo están de mal) y que puede ser considerado como una medida de pobreza relativa dado que mide el impacto social negativo del estado de no empleo de esta parte de la población.
Entre el tercer trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2020 en España se han perdido 1,6 millones de empleos. Unas 500.000 personas han engrosado las cifras del paro, 371.000 se han añadido a los desanimados y unas 850.000 se han acogido a procesos de ERTE. Estos datos reflejan que la incidencia entre los sin trabajo ha aumentado en más de un 40% en un año mientras que la severidad ha disminuido en un 24% durante este período, debido al efecto de absorción de los ERTE, evitando la caída en el paro o la inactividad de casi un millón de trabajadores. Como resultado el índice de impacto ha aumentado un 8%. En comparación, entre 2008 y 2009, una caída similar de empleo provocó una subida del índice de más del 60% como consecuencia de la subida conjunta tanto de la incidencia (+50%) y la severidad (+12%) al no haberse usado en ese momento el instrumento de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo.
El empeoramiento en el mercado de trabajo en el año 2020 ha sido muy asimétrico por regiones y por tipos de trabajadores. Si hacemos el valor del índice igual a 100 para España en el tercer trimestre de 2019, la dispersión hace que haya regiones con valores superiores a 180, como Extremadura, mientras que otras como Baleares estaban por debajo de 50. Un año después hay regiones que logran mejorar algo su situación relativa, como Extremadura, que pasa a un valor de 167 mientras que otras lo empeoran sustancialmente, como Canarias, que pasa de 126 a 153. En el otro lado del espectro, observamos que también hay regiones que empeoran en términos relativos como Navarra (de 57 a 73) o Catalunya (de 56 a 73) mientras que el País Vasco mejora su situación pasando de 89 a 85.
Las diferencias que se observan entre los hombres y mujeres sin trabajo repiten en buena medida lo ya visto en la crisis anterior: las mujeres tienen un índice de impacto más alto que el de los hombres en ambos períodos, aunque la diferencia entre ellos se redujo.
La diversidad de situaciones por grupos de edad y niveles educativos es mucho mayor. Las cohortes más jóvenes y las más mayores de los sin trabajo presentan los valores más altos del índice de impacto en ambos períodos, pero con una dinámica contrapuesta. El índice de impacto para los más jóvenes ha aumentado de 122 en 2019 a 251 en 2020, mientras que los más mayores pasaron de 174 a 152. Las diferencias por niveles educativos son aún más pronunciadas y no han cambiado mucho. El valor del índice de impacto de los sin trabajo es menor cuanto mayor es la educación alcanzada, oscilando entre 244 y 55 en 2019 y entre 251 y 59 en 2020.
De nuevo son los más jóvenes (y entre ellos los que tienen menor nivel educativo) quienes sufren más intensamente el impacto de la crisis económica. Conviene no olvidar que los primeros pasos de la vida laboral tienen implicaciones de largo plazo para los individuos y afectan no sólo a los salarios futuros sino a la propia integración social, la salud, la formación de una familia o la fertilidad de las mujeres.
