En relación con el Ingreso Mínimo Vital, los expertos coinciden en que su creación en 2020 representó un avance relevante en la política social española, al establecer por primera vez una prestación estatal de garantía de ingresos mínimos con el objetivo de reducir la pobreza severa y ofrecer una red de seguridad a los hogares con menos recursos. Desde su implantación, el IMV ha contribuido a mejorar la protección de las familias, reforzando especialmente el apoyo a los hogares monoparentales y con menores a cargo, y ha incrementado la progresividad territorial del sistema, con una cobertura mayor en las comunidades de menor renta per cápita. Según datos de la Seguridad Social, en 2024 la prestación alcanzó a más de dos millones de personas distribuidas en 673.000 hogares, con un gasto total superior a 6.000 millones de euros (incluyendo las prestaciones familiares no contributivas de la Seguridad Social). En conjunto, el programa ha permitido reducir en torno a un 6 % la tasa de pobreza severa, con un coste fiscal reducido en comparación con su impacto social: incluso de existir una cobertura del 100%, supondría aproximadamente alrededor del 0,75 % del PIB, una cifra asumible dentro del conjunto de prestaciones sociales.
No obstante, la prestación presenta limitaciones estructurales que reducen su eficacia, ya que llega a menos de la mitad de las personas potencialmente beneficiarias debido a barreras de acceso y a una gestión compleja, marcada por la rigidez administrativa, la lentitud en la tramitación y la escasa coordinación entre la Seguridad Social y los servicios sociales autonómicos. A estas dificultades se suman problemas de incentivos laborales, pues la retirada completa de la ayuda cuando aumentan los ingresos puede desincentivar la aceptación de mejores empleos o más horas de trabajo. Aunque la compatibilidad temporal con las rentas del trabajo atenúa parcialmente este efecto, los expertos coinciden en que resulta insuficiente para favorecer una inserción laboral sostenida. Asimismo, subrayan la falta de armonización territorial, la coexistencia con rentas mínimas autonómicas heterogéneas y la necesidad de mejorar el cálculo de las rentas, incorporando el alquiler imputado.
En conjunto, este diagnóstico evidencia la necesidad de introducir mejoras en su diseño que aumenten la cobertura efectiva, simplifiquen su gestión y refuercen los incentivos al empleo. Sobre esta base, los expertos formulan las siguientes PROPUESTAS DE MEJORA:
- Simplificar los procedimientos administrativos y reducir los plazos de tramitación, avanzando hacia una concesión más automática que evite dejar fuera del sistema a los hogares más vulnerables.
- Trasladar la gestión del Ingreso Mínimo Vital a las comunidades autónomas, aprovechando su proximidad a los beneficiarios y su capacidad para coordinar la prestación con los servicios sociales y de empleo, lo que permitiría una gestión más eficaz y una mejor vinculación con las políticas activas de inserción.
- Flexibilizar la definición de las unidades de convivencia y los requisitos de empadronamiento, con el fin de no excluir a personas en situación de inestabilidad residencial.
- Corregir las disfunciones derivadas de los cobros indebidos mediante reglas de devolución proporcionadas que eviten sobreendeudamiento en los hogares perceptores.
- Sustituir la actual compatibilidad temporal con las rentas del trabajo por un esquema de retirada gradual de la prestación, garantizando que trabajar siempre resulte rentable.
- Establecer tipos marginales efectivos inferiores al 100 % e integrar itinerarios de activación laboral y acompañamiento individualizado a los beneficiarios.
- Clarificar y simplificar el funcionamiento de los incentivos al empleo para facilitar su comprensión tanto por parte de los beneficiarios como de los operadores que gestionan el programa.
- Alinear la cuantía de la prestación con el umbral de pobreza y aplicar las escalas de equivalencia empleadas por Eurostat, eliminando los topes que penalizan a los hogares con más miembros.
- Incorporar el alquiler imputado neto de intereses hipotecarios en el cálculo de la renta para reflejar con mayor precisión la capacidad económica real de los hogares.
- Desarrollar el complemento de alquiler previsto para los casos en que el gasto en vivienda supere el 10 % de la renta garantizada.
- Integrar en el IMV los complementos destinados a energía y vivienda, sustituyendo los actuales bonos sociales por transferencias directas más transparentes y equitativas.
- Estudiar la introducción de mecanismos de ajuste territorial que tengan en cuenta las diferencias en el coste de vida entre regiones, con el fin de mejorar la equidad y la eficacia del sistema.
- Revisar el conjunto de ayudas finalistas existentes para avanzar hacia un modelo más integrado de transferencias monetarias.
Madrid, 29 de octubre de 2025.- La sexta sesión de los Encuentros Fedea-CGE se centró en el análisis del Ingreso Mínimo Vital (IMV) como instrumento de lucha contra la pobreza y en la evaluación de su impacto desde su puesta en marcha en 2020. Durante el encuentro, los expertos examinaron los avances alcanzados, las limitaciones en su diseño y gestión, y las posibles reformas necesarias para mejorar su eficacia, cobertura y coordinación con las comunidades autónomas.
La presentación correría a cargo del presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), Miguel Ángel Vázquez Taín, y del director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente. Intervendrán como ponentes el mismo Ángel de la Fuente y Luis Ayala Cañón, catedrático de Economía y director del Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública de la UNED.
En la apertura del acto, Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas, destacó la importancia de evaluar el funcionamiento del Ingreso Mínimo Vital y del conjunto de prestaciones orientadas a la garantía de rentas como instrumentos de protección social. En su intervención señaló que “el debate no debe centrarse en crear nuevas prestaciones, sino en mejorar el diseño y la eficacia de las existentes, para que cumplan plenamente su función y lleguen a quienes más lo necesitan. El IMV ha supuesto un avance en la garantía de rentas, pero su consolidación requiere una gestión más ágil, una coordinación efectiva con las comunidades autónomas y un seguimiento continuo de sus resultados. Solo así podrá convertirse en un pilar sólido dentro del sistema de protección social español”.
A continuación, Ángel de la Fuente y Luis Ayala Cañón han presentado cada uno una breve ponencia.
De la Fuente abrió la ronda de intervenciones con una ponencia titulada “El IMV: diseño, valoración y propuestas de reforma”, en la que ha sostenido que “los programas clásicos de complementos de rentas, como el IMV, son las mejores herramientas disponibles para luchar contra la pobreza frente a las ayudas finalistas, que son ineficientes porque imponen restricciones sobre su uso que, en condiciones normales, sólo pueden reducir el bienestar. Así pues, convendría concentrar los recursos disponibles en programas del primer tipo, y hacer todo lo posible por mejorar su diseño. En este sentido, es crucial tener en cuenta los efectos de estos programas sobre los incentivos de sus beneficiarios para trabajar, dejar su gestión en manos de aquellas administraciones que cuentan con ventaja comparativa para ello y medir con sumo cuidado tanto las necesidades de los hogares como sus ingresos efectivos con el fin de concentrar los recursos disponibles en aquellos donde la brecha entre ambos es mayor”.
A continuación, Luis Ayala manifestó en su ponencia titulada “El Ingreso Mínimo Vital: una política necesaria que puede mejorar” que “el Ingreso Mínimo Vital ha supuesto un avance relevante en la lucha contra la pobreza severa, al reducir su incidencia en torno a un 6 % y reforzar la protección de las familias con hijos. No obstante, advirtió que la prestación se enfrenta a un importante problema de cobertura, al llegar a menos de la mitad de las personas potencialmente beneficiarias, lo que limita su eficacia”. Añadió que, “como aspectos positivos, no puede hablarse de grandes problemas de cronificación en el programa, con una duración mediana del tiempo de cobro de 21 meses y una frecuencia limitada de las reentradas en el programa, ya que solo uno de cada cinco hogares necesita volver a solicitar la prestación. El IMV no ha conseguido reducir la fragmentación territorial del sistema, aunque ha mejorado su progresividad territorial. A diferencia de las rentas mínimas autonómicas, su cobertura es mayor en las regiones con menor renta per cápita. Esta mejora no ha supuesto una mejor articulación del mapa territorial de prestaciones, ya que ha habido mucha heterogeneidad en las respuestas de los gobiernos autonómicos, con el efecto global de una notable reducción del nivel de protección de los programas regionales”.
A continuación, se desarrolló un COLOQUIO, moderado por Miguel Ángel Vázquez Taín en el que Ángel de la Fuente y Luis Ayala respondieron a cinco cuestiones clave.
¿Considera que el IMV es un instrumento adecuado para los fines que persigue? ¿Existen otras prestaciones o mecanismos comparables dentro o fuera de España?
Para Ayala, “los programas de renta mínima constituyen un pilar central de los sistemas de protección social en la mayoría de los países de la Unión Europea. La creación del Ingreso Mínimo Vital permitió corregir una anomalía histórica en España, que hasta 2020 carecía de una prestación nacional de garantía de ingresos, una carencia señalada de forma reiterada por la Comisión Europea. En comparación el IMV ofrece en promedio una protección mayor que las rentas mínimas de las Comunidades Autónomas en términos de la relación entre la cuantía de la prestación y el umbral de pobreza. Su efecto, en cualquier caso, es mayor en términos de la reducción de la intensidad de la pobreza severa que de su incidencia.
Según De la Fuente, “el Ingreso Mínimo Vital (IMV) es un instrumento adecuado para los fines que persigue, ya que contribuye a reducir la pobreza severa y a garantizar un nivel mínimo de ingresos a los hogares con menos recursos. Esto no quiere decir que su diseño no sea mejorable, como veremos después.”
¿Por qué cree que una parte significativa de la población no solicita esta prestación y cuáles son sus efectos reales sobre la pobreza y la exclusión social?
A este respecto, Luis Ayala explicó que “el IMV llega a menos de la mitad de las personas potencialmente beneficiarias, lo que limita sensiblemente su eficacia. Aunque este porcentaje no difiere del de otros países con sistemas más consolidados, el IMV deja fuera a hogares especialmente vulnerables. La responsabilidad de esta baja demanda no deber atribuirse a las personas potencialmente beneficiarias, sino al diseño y a la gestión del programa. Por una parte, su desarrollo fue un gran reto para el sistema de gestión de la Seguridad Social, poco habituado a aumentos tan rápidos de la demanda y a las características de los posibles perceptores. Por otra parte, a pesar de que se han despejado algunas barreras institucionales, su diseño se aleja de la realidad de pobreza de muchas personas, al persistir rigideces en el procedimiento administrativo, periodos dilatados de tramitación y resolución, normas complejas, un régimen excesivamente estricto de comprobaciones y las dificultades de comprensión de todo el proceso por parte de los solicitantes”.
Por su parte, Ángel De la Fuente ha indicado que “una parte importante de las personas que cumplen los requisitos no solicita el IMV por diversas barreras de acceso relacionadas con su diseño y gestión. Entre ellas destacan la complejidad administrativa, la falta de información, las dificultades para acreditar rentas o patrimonio, que limita el acceso de los hogares más vulnerables. A ello se suma una coordinación insuficiente entre la Seguridad Social y los servicios sociales de las comunidades autónomas, lo que reduce la capacidad de detección y acompañamiento de los potenciales beneficiarios. En cuanto a los efectos reales sobre la pobreza, el IMV contribuye de manera significativa a reducir la pobreza severa, aunque su impacto total es menor al potencial debido a la baja tasa de cobertura”.
¿Cómo puede valorarse el impacto del IMV en el mercado laboral, considerando tanto los posibles desincentivos al empleo como los beneficios sociales que genera?
Según comenta Ayala, “hay que distinguir dos cuestiones diferentes al hablar de incentivos laborales relacionados con el IMV. Una es el supuesto tradicional de que estas prestaciones desincentivan la participación en el mercado laboral de manera casi automática. Es un supuesto construido con escasas evidencias y que en el caso de los programas de garantía de ingresos en España no queda reflejado en la evidencia empírica. Las duraciones de los episodios de participación en estos programas son cortas y así sucede también en el IMV, con duraciones de menos de un año en la mayoría de los casos. Las evaluaciones de la AIReF muestran que la prestación contribuye a aumentar la probabilidad de tener un contrato indefinido y un mejor emparejamiento entre formación y empleo, gracias al mayor tiempo de búsqueda. Otra cuestión es cómo funcionan los incentivos al empleo que se crearon para acompañar la prestación monetaria en el IMV. Hay consenso en que resultan difíciles de interpretar por las personas beneficiarias e, incluso, por las personas que las apoyan en la tramitación”.
Por su parte, De la Fuente considera que “con el diseño actual, el Ingreso Mínimo Vital tiene efectos mixtos sobre el empleo. La retirada total de la ayuda cuando aumentan los ingresos puede hacer que algunas personas no vean atractivo aceptar mejores contratos o trabajar más horas, porque al hacerlo pueden perder la prestación. La compatibilidad temporal con las rentas del trabajo alivia parcialmente este problema, pero solo durante un tiempo limitado. Cuando termina ese periodo, si los ingresos no superan el umbral garantizado, los hogares vuelven a tener prácticamente el mismo nivel de renta que antes, lo que reduce el incentivo a mejorar las condiciones de empleo o mantenerlo. Para corregirlo, considero que habría que avanzar hacia un sistema más estable y gradual, en el que la ayuda se reduzca poco a poco conforme aumenten los ingresos, evitando cortes bruscos. Además, debería reforzarse la coordinación con los servicios de empleo y hacer el cálculo de ingresos más predecible y sencillo, de modo que el IMV ofrezca protección sin limitar las oportunidades de inserción laboral”.
¿Qué riesgos fiscales o de sostenibilidad podrían plantearse si el IMV llegara a cubrir plenamente a toda la población que cumple los requisitos establecidos?
Para Ayala, “la nómina actual se acerca a unos 5.000 millones de euros al año, de los que una tercera parte son los complementos familiares que sustituyeron a la prestación por hijo a cargo, por lo que es el gasto en la prestación son unos 3.300 millones al año. Si el IMV llegara al 100% de la población elegible, lo que no sucede en ningún programa del mundo de estas características, estaríamos hablando de menos de 6.000 millones de euros al año. Habría que restar, además, la parte del gasto que antes ejecutaban las CCAA y que han dejado de gastar con el IMV. En un cálculo aproximado podríamos decir que si funcionara al 100% de su cobertura potencial, el gasto no llegaría a medio punto del PIB. No tiene mucho sentido hablar de riesgo fiscal, cuando además sabemos que los costes de la pobreza son mucho mayores que esa cifra. Recordemos que las estimaciones más conservadoras sitúan el coste de la pobreza infantil en cinco puntos del PIB”.
Para De la Fuente, “la cobertura plena del IMV supondría un incremento del gasto público hasta aproximadamente el 0,75 % del PIB, una cifra manejable dentro del conjunto de prestaciones sociales”.
¿Qué cambios o propuestas considera necesarios para mejorar el diseño, la gestión y la eficacia del IMV, garantizando su sostenibilidad a medio y largo plazo?
Luis Ayala señaló que “lo más urgente sería implementar cambios normativos para no dejar fuera del programa a la población más excluida, incluyendo, sobre todo, una concesión de la prestación más automática. Las situaciones de gran vulnerabilidad son, por naturaleza, inestables —ya sea en el ámbito laboral, residencial o personal—, lo que contrasta con la rigidez de muchas de las exigencias para acceder al IMV, como la definición de las unidades de convivencia o los requisitos de empadronamiento. En muchos casos, la precariedad en el acceso a la vivienda dificulta acreditar el domicilio. Una disfunción especialmente preocupante es la devolución de los cobros indebidos, que puede generar niveles de endeudamiento familiar imposibles de asumir. Por ello, lo más urgente es la simplificación del proceso de solicitud y aligerar las exigencias de documentación. Algunos programas que funcionan eficazmente en otros países emplean procedimientos más ágiles. También existe margen de mejora en los mecanismos de corresponsabilidad y coordinación con las comunidades autónomas”.
Para Ángel de la Fuente, “mejorar el diseño y la eficacia del Ingreso Mínimo Vital requiere introducir ajustes que permitan una gestión más próxima y coordinada. En primer lugar, propuso transferir la gestión a las comunidades autónomas, dada su cercanía a los servicios sociales y al mercado laboral, lo que facilitaría una atención más eficaz y una mejor integración con las políticas de inserción. Asimismo, planteó la necesidad de hacer un seguimiento de los resultados del actual esquema de compatibilidad temporal. Si se llega a la conclusión de que no está funcionando correctamente, habría que estudiar la posibilidad de establecer esquemas alternativos de incentivos, más en la línea de un impuesto negativo, junto con un reforzamiento de los requisitos de activación de los beneficiarios de la prestación. También consideró prioritario incorporar el alquiler imputado en el cálculo de la renta y ajustar las escalas de equivalencia al estándar de pobreza utilizado por Eurostat, con el fin de medir mejor la capacidad económica de los hogares. Además, recomendó integrar en el IMV los bonos energéticos y otras ayudas complementarias, simplificando el sistema de prestaciones, y analizar posibles correcciones territoriales que tengan en cuenta las diferencias de precios y costes de vida entre regiones”.
En su intervención final a modo de CONCLUSIONES, Miguel Ángel Vázquez Taín subrayó la necesidad de consolidar el Ingreso Mínimo Vital como un pilar estable del sistema de protección social en España. Destacó la urgencia de mejorar su diseño y gestión para aumentar la cobertura efectiva, simplificar los procedimientos y reforzar la coordinación con las comunidades autónomas. Señaló, asimismo, que el éxito del IMV dependerá de su capacidad para integrarse con las políticas de empleo y de inserción social, garantizando que la ayuda llegue a quienes más la necesitan sin generar desigualdades territoriales. Por último, insistió en que una aplicación más ágil, coherente y evaluable del IMV es esencial para fortalecer la cohesión social y avanzar hacia un modelo de bienestar más eficaz.
SE ADJUNTA:
- Presentaciones empleadas por los ponentes.
- FOTO (de izda. a dcha.): Ángel de la Fuente, Miguel Vázquez Taín, Luis Ayala Cañón
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