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La retribución a las redes de electricidad y gas en España: análisis y propuestas

En estos momentos hay una intensa discusión sobre la retribución de las redes de transporte y distribución de electricidad y gas en España. Hay dos motivos principales que lo justifican. Por un lado, el periodo regulatorio de seis años establecido en la normativa está próximo a finalizar. El nuevo periodo regulatorio comenzará en 2026 para la electricidad y en 2027 para el gas. Dados los dilatados tiempos que se requieren para el diseño y aprobación de las nuevas normas, en forma de Circulares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), es natural que haya ya posicionamientos por parte de los agentes involucrados, y muy particularmente por parte de las empresas titulares de las redes. Por otro lado, a la normal discusión sobre el tratamiento retributivo de las redes se une el momento singular que está atravesando el conjunto del sector energético, incurso en un intenso proceso de descarbonización. En ese sentido, no hay duda de que las redes son un activo esencial para el éxito de un proceso de transición en el que se necesita más participación de la generación renovable, más almacenamiento y más electrificación del consumo final de energía.

En ese contexto, Fedea publica hoy un trabajo de Diego Rodríguez (UCM y Fedea) en el que se analizan los rasgos fundamentales del actual marco regulador de las redes de transporte y distribución de energía en España y se realizan algunas propuestas para su proceso de revisión. El análisis parte de considerar que el diseño de las metodologías retributivas debe conciliar diversos objetivos. Entre ellos, asegurar una retribución suficiente para una actividad de bajo riesgo, con un adecuado diseño de incentivos para una gestión eficiente. El autor enfatiza que el mantenimiento de esos principios debe ser independiente de cuál sea el mecanismo de pago de los costes asociados a las redes: mediante peajes en las facturas de los consumidores, mediante subvenciones públicas procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia o mediante otros ingresos del sistema.

En el trabajo, tras describir la estructura de activos y las empresas participantes en la distribución y en el transporte de gas y de electricidad, se analizan las características más relevantes del régimen retributivo, señalando en cada caso cuáles son los principales aspectos en discusión de cara al próximo periodo regulatorio. A ese respecto, el autor señala que la discusión en el ámbito del gas es menos intensa, ya que no cabe prever una extensión del alcance de las redes de gas o de las infraestructuras reguladas que están asociadas a las mismas (plantas de regasificación, almacenamientos subterráneos). Por el contrario, sí resulta imprescindible un reforzamiento de las redes eléctricas. En ese análisis de los principales ámbitos de la discusión el autor realiza diversas propuestas.

En primer lugar, en relación con la limitación normativa de los volúmenes de inversión con reconocimiento retributivo, el autor considera que debe haber una modificación prudente de esos límites, que fueron establecidos hace una década en un contexto de graves problemas de sostenibilidad financiera del sistema de ingresos y pagos regulados. El autor considera que la modificación, que es competencia del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), debe estar dirigida a facilitar inversiones que atiendan a nuevos consumos eléctricos, que son clave para asegurar que realmente se avance en la electrificación de la economía. Al mismo tiempo, considera que puede proceder la revisión de la distribución del límite global entre los titulares de las redes, para lo que sería necesario contar con información detallada sobre cuál está siendo el efecto real de la restricción actualmente establecida en la normativa sectorial.

En segundo lugar, el autor considera que procede la revisión por parte de la CNMC de los valores unitarios que, en diversos casos, sirven como referencia para la retribución a los titulares de las redes por los costes de inversión o de operación y mantenimiento vinculados a distintos activos. Esa revisión sería más acuciante en aquellos casos en los que se están utilizando valores unitarios más desfasados en el tiempo, y por tanto con mayor probabilidad de que no capten de modo adecuado los costes de las redes, especialmente tras el intenso periodo inflacionario vivido en los últimos años.

En tercer lugar, el autor considera que, sin provocar rupturas metodológicas, debe haber una evolución en la metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera, que es competencia de la CNMC. Sobre esta cuestión, que se analiza con detalle en el trabajo, se señala la conveniencia de una modificación más dinámica de la tasa de retribución, utilizando semiperiodos de tres años en lugar de los periodos de seis años. Ello permitiría una adaptación más rápida a las condiciones de los mercados financieros y debería venir acompañado de una señal más anticipada del coste a reconocer, dado el tiempo que transcurre entre el momento de realización de la inversión por parte de las empresas y el momento en que esta es incluida en la base de retribución.
En cuarto lugar, en el trabajo se señala que sería conveniente un refuerzo y anticipación de la planificación energética, competencia del Miteco. Ese refuerzo debería pasar también por un análisis coste-beneficio más riguroso por parte del regulador independiente de, al menos, las actuaciones más relevantes de despliegue de la red, especialmente aquellas de carácter singular y elevado coste. Ello requiere el refuerzo de los medios humanos con los que cuenta el regulador. El autor muestra, sin embargo, sus dudas sobre la relevancia práctica de la reciente iniciativa de la Comisión Europea en la que se aboga por el reconocimiento de “inversiones anticipatorias”.
Por último, y también en conexión con los medios disponibles, el autor indica que es conveniente un reforzamiento de las capacidades de inspección por parte de la CNMC, pero también una mayor claridad de los criterios contables que deben seguir las empresas reguladas, como medio para avanzar en los procesos de aprobación de las retribuciones a las redes. El autor recuerda que aún no se ha producido la aprobación definitiva de la retribución correspondiente a ejercicios del periodo regulatorio anterior al actual, pues las propuestas por parte de los reguladores se han enfrentado con un intenso proceso de litigiosidad en los tribunales. Ello ha impedido una razonable puesta al día de las retribuciones definitivas asociadas al transporte y la distribución eléctrica, introduciendo incertidumbres para las empresas titulares de las redes y sobre los costes finales del sistema, además del consumo de elevados recursos humanos por parte de las Administraciones Públicas.

Más información

Rodríguez, D. (2024). “La retribución a las redes de electricidad y gas en España: análisis y propuestas.” FEDEA, Estudios sobre la Economía Española no. 2024-22. Madrid.