Fedea publica hoy un trabajo de Manuel Díaz (Fedea), Carmen Marín (Fedea) y Diego Martínez (Universidad Pablo Olavide y Fedea) sobre los factores determinantes del nivel de deuda pública y su posible evolución futura en el conjunto de Administraciones Públicas (AA.PP.) españolas, con especial atención al caso de las Comunidades Autónomas (CC.AA.).
Existen al menos dos motivos principales por los que debe prestarse atención a la evolución de la deuda pública en nuestro país. Uno es la propia preocupación intrínseca que genera su elevado volumen; si bien sus orígenes se remontan a la resaca de la Gran Recesión, el impacto de la pandemia COVID-19 ha acentuado los potenciales problemas de sostenibilidad a los que nos podemos enfrentar en tiempos venideros. Otro motivo viene dado porque el diseño de la nueva gobernanza fiscal europea parece que girará en torno a un objetivo último de deuda pública como porcentaje del PIB.
El trabajo realiza varias aportaciones. En primer lugar, se descomponen los factores que han guiado la evolución de la deuda pública del conjunto de las AA.PP. y de las CC.AA. en el periodo 2015-2021. Por concentrar la atención en los dos últimos años de 2020 y 2021, en ambos casos se aprecia un efecto nítido de las variaciones en el PIB nominal y de los intereses de la deuda sobre la acumulación de esta. Pero en el caso de las CC.AA. se ha detectado, además, que la evolución de su endeudamiento no se corresponde del todo con su necesidad o capacidad de financiación. Se evidencia, más bien, que una parte considerable del nuevo endeudamiento neto de las CC.AA. ha venido dado por la adquisición de activos financieros, esto es, acumulación de tesorería principalmente. Esta circunstancia merece un seguimiento más detallado en los próximos meses.
En segundo lugar, se ha calculado el esfuerzo de consolidación fiscal anual (en términos de superávit primario) que se necesitaría para alcanzar un determinado nivel de deuda en diferentes periodos de tiempo (5, 10 y 20 años) bajo tres posibles escenarios. En el caso del conjunto de las AA.PP., los valores de saldo primario requeridos se encuentran muy por encima de los históricos. Incluso bajo los supuestos más ventajosos, el superávit primario necesario para reducir la ratio deuda pública/PIB desde el 116% actual hasta el 80% en 2042 sería de casi el 1% del PIB, lo que contrasta con los déficits primarios registrados desde el año 2000 que, en media, no han bajado del 1,3% del PIB.
En el caso de las CC.AA, solo fijando como valor de llegada el 26% del PIB (el doble de lo que marca la normativa actual), el saldo primario requerido (un déficit del 0,5% del PIB) está alineado con los valores históricos del periodo 2012-2019 (-0,7% del PIB). Todos los demás escenarios conducen a saldos primarios más exigentes y en muchos casos superavitarios. Obviamente, las CC.AA. más endeudadas (Baleares, Murcia, Cataluña, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana) necesitarían superávits de una envergadura desconocida en sus registros históricos y alejados de toda factibilidad.
Finalmente, el trabajo culmina con la elaboración de unos posibles escenarios de evolución de la ratio deuda pública/PIB ante diferentes exigencias de consolidación fiscal en los próximos 10 años. Para el conjunto de las AA.PP., un esfuerzo de consolidación fiscal que redujese el déficit estructural a razón de un 0,25% del PIB anual dejaría el endeudamiento relativo en el 110% del PIB en 2032. Para el subsector de las CC.AA., y con un ajuste estructural similar, tampoco se alcanzaría dentro de 10 años el objetivo normativo del 13% del PIB para la deuda pública autonómica establecido en la vigente ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Naturalmente, se consideran análisis específicos para cada comunidad según el nivel de endeudamiento relativo del que se parte.
Documento
Díaz, M., Marín, C. y Martínez, D. (2022). “La deuda pública en España y en las Comunidades Autónomas” Fedea, Estudio de Economía Española. 2022-28, Madrid.
