El Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han celebrado hoy una sesión con el objeto identificar los problemas centrales del actual sistema de financiación autonómica y ofrecer una serie de propuestas para mitigarlos y para facilitar la llegada a buen puerto de la necesaria reforma
Fedea y el CGE proponen introducir retoques en el sistema de financiación autonómica para paliar sus principales problemas
- Ante la previsible dificultad de llegar a un acuerdo para reformar el sistema de financiación autonómica debido al convulso escenario político, Fedea y el CGE creen que sería necesario ir introduciendo ya en el sistema algunos retoques que ayuden a paliar los principales problemas del modelo actual. En particular, convendría (1) introducir un fondo transitorio de nivelación que complemente los ingresos de aquellas comunidades que están por debajo de la media en términos de financiación por habitante ajustado; (2) llevar a cabo una revisión del sistema de retenciones y entregas a cuenta para que así las posibles subidas o bajadas de los impuestos autonómicos –y en especial las del tramo autonómico del IRPF– se trasladen inmediatamente a los contribuyentes y a las comunidades; (3) mejorar el cálculo de la recaudación normativa de los tributos cedidos tradicionales y regular con claridad las escalas de referencia que se utilizan para el cálculo de la recaudación normativa de todos los tributos cedidos, estableciendo mecanismos explícitos para su revisión.
- Para los expertos de Fedea y del CGE, “una de las grandes asignaturas pendientes del sistema es la responsabilidad fiscal”. En este sentido, aunque los expertos consideran que la valoración de las herramientas tributarias de las que disponen las CCAA es positiva en general –con una autonomía más amplia que en otros países descentralizados–, también creen que sería conveniente actualizarlas para adecuarlas mejor a las competencias que deben prestar. A este respecto, apuestan por una armonización de las bases liquidables de los tributos cedidos, lo que permitiría reducir los costes de cumplimiento y hacer al sistema más transparente. No obstante, no son partidarios en general de establecer límites mínimos o máximos en los tipos impositivos, aunque en el caso de Sucesiones podría tener sentido fijar un mínimo reducido para evitar la desaparición del impuesto. Así mismo, estiman que se podría dar a las CCAA más capacidad normativa sobre tasas y copagos. También sobre el IVA e Impuestos Especiales, aunque en este caso los tipos autonómicos habrían de fijarse de forma colegiada ya que la UE no permite tipos distintos dentro de un Estado.
- En cuanto a la gestión de la recaudación tributaria, consideran que, por razones de eficiencia, no sería bueno trocear la AEAT, y abogan por una administración tributaria única pero realmente compartida, esto es, con una mayor participación efectiva de los gobiernos regionales en su gestión.
Con respecto a la posible asunción por parte del Estado de la deuda autonómica existen posturas diferenciadas. En todo caso, la posible condonación debería ser parcial y estar ligada a la infrafinanciación acumulada de un territorio y sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones –que deberían ser iguales para el conjunto de comunidades– con planes de ajuste factibles y verificables para las CCAA beneficiarias.
Los expertos son contrarios a la cláusula de excepción solicitada por algunos partidos por la que se cedería a Cataluña el 100% de los tributos, ya que ello supondría una quiebra de la equidad entre personas que viven en CCAA diferentes e impediría llevar a cabo políticas sociales uniformes en todo el país. Así mismo, todos coinciden en la necesidad de que la contribución de País Vasco y Comunidad Foral de Navarra a la solidaridad interterritorial sea mayor.
Nota de prensa
Existe una considerable insatisfacción sobre el reparto de recursos generado por el sistema actual de financiación autonómica, que se caracteriza por una elevada desigualdad y por la introducción de cambios arbitrarios en la ordenación de las CCAA en términos de recursos por habitante ajustado. Sin embargo, como ha podido verse durante las campañas electorales en País Vasco y Cataluña, no existe un consenso claro sobre las grandes líneas de la reforma, con distintas comunidades planteando propuestas y reivindicaciones contrapuestas. Ante esta preocupante situación, el Consejo General de Economistas (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han celebrado hoy una sesión titulada Financiación y Fiscalidad Autonómica: Problemática y posibles reformas con el objeto identificar los problemas centrales del actual sistema de financiación autonómica y ofrecer una serie de propuestas para mitigarlos y para facilitar la llegada a buen puerto de la necesaria reforma.
Esta sesión constituye la cuarta de un total de seis que se engloban en un ciclo organizado conjuntamente por ambas entidades bajo la denominación “Encuentros FEDEA-CGE sobre cuestiones estructurales de la economía española en el que se trata de aportar una visión rigurosa sobre algunas cuestiones de especial importancia para el buen desempeño de la economía española a medio y largo plazo.
La presentación de la sesión ha corrido a cargo del presidente del CGE, Valentín Pich, y del director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente. Este último ha intervenido también como ponente junto con José María Durán, profesor de la Universidad de Barcelona, director del Instituto de Economía de Barcelona (IEB) e investigador del Servicio de Estudios del CGE, y Diego Martínez-López, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla e investigador asociado de Fedea.
En la apertura del acto, Valentín Pich, ha señalado que “la vuelta de las reglas fiscales europeas en una época de cierta inestabilidad institucional y económica para España ha vuelto a poner en el punto de mira el Sistema de Financiación Autonómica, un sistema excesivamente complejo y obsoleto, cuya última versión es de hace 15 años y que ha generado distorsiones entre territorios, además de una infrafinanciación general para los servicios transferidos a estos entes. A la vista del escenario político actual, no parece fácil que se vaya a llegar a un acuerdo para su reforma, pero ello no es óbice para que se tomen algunas medidas que, a mi entender, deberían estar sustentadas en tres aspectos. El primero es que el objetivo último de estas medidas debe ser que todos los ciudadanos puedan acceder en igualdad de condiciones a los servicios públicos con independencia de la comunidad a la que pertenezcan. El segundo es que todo cambio debe traer consigo una mayor transparencia, ya que en la actualidad no resulta fácil saber a qué nivel de gobierno (estatal, autonómico y local) van a parar nuestros impuestos y cuál de estos niveles nos presta un determinado servicio. Por último, una breve reflexión: Si las comunidades autónomas se preocupan exclusivamente de sí mismas y no del bien común del país en su conjunto, acabará resintiéndose la economía de todos. Para evitarlo, hemos de reforzar la solidaridad con los territorios que más lo necesitan. Debería mantenerse por tanto una cierta progresividad, al igual que ocurre con el IRPF, donde el ciudadano con menos nivel de renta paga menos que el que tiene más. De la misma forma, las comunidades que, por determinadas circunstancias, tienen recursos más mermados, una menor renta per cápita regional y mayores necesidades que otras habrán de recibir un mayor apoyo financiero; eso sí, estableciendo mecanismos de control muy estrictos para que esta financiación se emplee adecuadamente”.
A continuación, Ángel de la Fuente, José María Durán y Diego Martínez-López han pronunciado cada uno una breve conferencia. La de de la Fuente ha llevado por título “¿Qué se puede hacer mientras esperamos a que arranque la reforma de la financiación autonómica?”; la de Durán, “La autonomía tributaria de las CCAA en el sistema fiscal español: valoración y mejora”; y la de Martínez-López, “Las necesarias respuestas políticas para la reforma de la financiación autonómica”
Durante su intervención, Ángel de la Fuente ha señalado que “puesto que una reforma integral del sistema es una tarea compleja que exigirá muchos meses de negociaciones, sería deseable aprovechar el tiempo para ir introduciendo en el sistema algunos retoques que ayuden a paliar los principales problemas del modelo actual, así como a dejar bien encarada la fase final de la reforma. En esta línea, sería urgente introducir un fondo transitorio de nivelación que complemente los ingresos de aquellas comunidades de régimen común que están por debajo de la media en términos de financiación por habitante ajustado. El fondo se mantendría operativo hasta que se completase la reforma del modelo de financiación autonómica, integrándose entonces sus recursos en el sistema general. El coste de esta medida rondaría los 3.000 millones de euros, que se repartirían entre Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla la Mancha”. Según, De la Fuente, “también deberían abordarse algunas cuestiones en principio técnicas pero que ayudarían a mejorar la equidad del sistema y permitirían ir sentando las bases para avanzar hacia la plena responsabilidad fiscal de las CCAA. Con este fin, sería necesaria una revisión del sistema de retenciones y entregas a cuenta de forma que las primeras reflejen con rapidez las decisiones tributarias de las comunidades autónomas y las segundas sean más sensibles a la evolución real de la recaudación. De esta forma, las posibles subidas o bajadas de los impuestos autonómicos (y en especial las del tramo autonómico del IRPF) se trasladarían inmediatamente a los contribuyentes y a las comunidades (y no con el retardo de dos años que ahora impone el sistema hasta la llegada de la correspondiente liquidación). También sería necesario mejorar el cálculo de la recaudación normativa de los tributos cedidos que no recauda la AEAT para que esta variable recoja correctamente este componente de la capacidad fiscal real de las comunidades y regular con claridad las escalas de referencia que se utilizan para el cálculo de la recaudación normativa de todos los tributos cedidos, estableciendo mecanismos explícitos para su revisión”.
Por su parte, José María Durán considera que “el sistema de financiación autonómica, incluida por tanto la fiscalidad, debería reformarse con el objetivo de mejorar aquellos elementos que, desde su aplicación en 2009, la experiencia nos muestra que su funcionamiento no es el deseable”. Según él, “esto no significa cambiar todos los elementos del sistema, sino únicamente aquellos que sean necesarios, pero sí que para hacerlo es necesario tener una visión global del sistema”. “En todo caso, si esto no es posible por falta de acuerdo político, sí que deberían introducirse los retoques técnicos necesarios en aquellos elementos donde existe un claro consenso. Por ejemplo, los pagos a cuenta de las CCAA o que los cambios normativos de una CA en el IRPF no se reflejen inmediatamente en las retenciones”, ha aclarado Durán.
Para Diego Martínez-López, “las opciones técnicas a las que se enfrenta la reforma de la financiación autonómica ya hace tiempo que fueron explicitadas por los expertos, incluso con un Libro Blanco que duerme el sueño de los justos. Las decisiones que corresponde tomar ahora son de naturaleza política. Entre las principales se encuentran el grado de nivelación, definir un criterio de equidad que no desemboque en los actuales agravios comparativos en términos de financiación por habitante, en qué cuantía atender las necesidades de financiación que reclaman las CCAA (suficiencia), la gradualidad con la que habría que desmantelar el statu quo, y la necesidad (o no) de avanzar en la armonización fiscal de los tributos cedidos tradicionales”.
A continuación, se ha desarrollado un COLOQUIO –que ha estado moderado por Valentín Pich–en el que Ángel de la Fuente, José María Durán y Diego Martínez-López han dado respuesta a siete cuestiones clave:
1.- ¿Considera que el actual Sistema de Financiación Autonómica ha garantizado el principio de suficiencia financiera?, ¿cuál es su interpretación de este principio? ¿Cómo podemos valorar el poder de las CCAA en la administración y control de los impuestos desde el punto de vista de la autonomía tributaria?
En su intervención, Ángel de la Fuente ha señalado que “ese principio tiende a interpretarse como que el Estado tiene la obligación de garantizar a las CCAA los recursos necesarios para que estas puedan prestar los servicios de su competencia a un nivel satisfactorio para ellas. Llevado a su extremo, esto supone darles un cheque en blanco, lo que eliminaría todo incentivo para controlar el gasto. Sería muy importante reinterpretar este principio en términos de un reparto razonable de las herramientas tributarias entre los distintos niveles de gobierno. Esto es, que todas ellas tengan instrumentos razonables para pedirles esos recursos a sus ciudadanos. Esta es una de las grandes asignaturas pendientes del sistema: la responsabilidad fiscal”. Para De la Fuente, “comparándonos con otros países, no estamos mal. Las CCAA tienen mucha más autonomía fiscal que los estados alemanes, por citar un ejemplo que suele invocarse como tal de forma errónea. Pero todavía hay margen para la mejora, sobre todo en tasas y copagos y en el IVA e Impuestos Especiales, aunque tendría que ser a través de un mecanismo de decisión colegiada que permita modular al alza o a la baja un tramo autonómico claramente identificable”. En cuanto a la gestión de la recaudación tributaria, para Ángel de la Fuente, “lo ideal sería una administración tributaria única pero realmente compartida. Trocear la AEAT sería un disparate tanto por razones de eficiencia como por motivos políticos, pero las CCAA deberían tener acceso a la información necesaria para gestionar su parte de los impuestos y cierto poder de decisión sobre la gestión en su territorio, p. ej. en el diseño de los planes de inspección”.
Por su parte, José María Durán considera que “el sistema de financiación tiene que garantizar que las CCAA tienen suficientes recursos para financiar el gasto público deseado. Esto por definición es complicado y tiene una parte de subjetividad, pero sólo por el tiempo transcurrido desde que se adoptó el actual sistema parece que sea necesario actualizar los recursos disponibles para las CCAA en relación con los servicios que estas deben prestar”. Asimismo, según Durán, “el sistema debe ser más coherente y transparente, de manera que, si se establece un objetivo de nivelación territorial, el conjunto de elementos del sistema sea coherente con el mismo y no entren en contradicción con él”. En relación con la autonomía tributaria, para Durán “resulta fundamental tener una visión global del sistema fiscal. Por un lado, las CCAA deben tener autonomía tributaria y los ciudadanos conocerlo, algo que las encuestas nos muestran que no sucede en la actualidad. No sólo se trata de que las CCAA tengan más competencias fiscales, sino que éstas sean visibles y perceptibles por sus ciudadanos. Por otro lado, cualquier cambio en la fiscalidad debe valorar sus implicaciones para los costes de cumplimiento de los contribuyentes y para el control por parte de la administración. En otras palabras, hay que diseñar muy bien los cambios para que supongan una mejora real de la responsabilidad de las CCAA sin menoscabo del sistema fiscal global”.
Diego Martínez-López ha planteado a los asistentes la siguiente pregunta: ¿Es suficiente el gasto en sanidad, en defensa, en pensiones? “Nunca es suficiente –ha respondido–, ya que, si lo fuese, la economía como rama de conocimiento desaparecería; también una parte de los políticos que nos representan, que son lo que deben contestar esta pregunta en nuestro nombre”. Según Martínez-López, “no podemos aspirar a una definición objetiva y absoluta de suficiencia. Tampoco de las necesidades de gasto. Por ello, es necesario replantear la pregunta en términos de suficiencia (y necesidades de gasto) relativas. En términos relativos, por tanto, yo afirmaría que la suficiencia relativa con que actualmente se satisface el gasto a cargo de las CCAA es inferior al de las pensiones, pero fue superior durante la pandemia. Políticamente se decidió y se decide así”. Para Martínez-López, la valoración de la administración, control y competencias normativas de que disponen las CCAA “es positiva en general; más amplia que en otros países descentralizados. Por supuesto, se puede avanzar (con precaución y salvaguardas) en más capacidad normativa colegiada en imposición indirecta (aunque es muy escéptico al respecto) y en una gestión más integrada de las agencias tributarias estatal y regionales”.
2.- ¿Considera necesario profundizar en la armonización fiscal autonómica estableciendo límites mínimos y/o máximos en determinadas figuras impositivas?, ¿sería posible atribuir a las CCAA poder normativo en los impuestos indirectos cedidos como el IVA o los impuestos especiales? ¿Qué opinión le merece el actual grado de corresponsabilidad fiscal?
Para Ángel de la Fuente “hay que armonizar al máximo las bases tributarias para reducir los costes de cumplimiento y hacer al sistema más transparente, pero hay que poner las mínimas restricciones posibles a las escalas de gravamen. En general, no soy partidario de establecer mínimos o máximos, pero en el caso de Sucesiones podría pensarse en fijar un mínimo reducido para evitar la desaparición de un impuesto que tiene sentido”, aunque podría haber fórmulas mejores. En cuanto a IVA y especiales, de la Fuente se ha remitido a lo que ha respondido en la pregunta anterior, pero ha aclarado que “puesto que la UE no permite tipos distintos dentro de un estado, el tipo autonómico tendría que ser el mismo en todas las comunidades y por tanto habría que establecer un mecanismo multilateral para fijarlo. Pero sí, sería posible y deseable”. Por último, ha insistido en que “la falta de responsabilidad fiscal es uno de los mayores problemas del sistema”.
Según José María Durán, “los ciudadanos en general desconocen que una parte importante de sus impuestos van a las CCAA. Por tanto, se debe analizar por qué sucede esto y qué cambios deben introducirse. Al respecto, quizá no sea tanto un tema de competencias normativas, como de comunicación y visibilidad de las mismas. En los impuestos sobre la riqueza, se trataría primero de valorar y reformar la configuración global de cada impuesto, y luego de atribuir las competencias normativas oportunas. En todo caso, atraen mucha atención cuando su poder recaudatorio es muy secundario. En el caso de los impuestos indirectos, la armonización comunitaria imposibilita en gran manera que las CCAA tengan competencias normativas. Y dudo que un tipo autonómico colegiado en el IVA aporte alguna mejora en términos de responsabilidad fiscal y de visibilidad antes los ciudadanos”.
Diego Martínez-López ha respondido “sí a la armonización fiscal como punto de equilibrio entre la competencia fiscal sin límites (que puede provocar reasignaciones ineficientes de recursos entre territorios y externalidades negativas sobre otras CCAA, además de problemas de equidad) y la centralización de impuestos”. “No entiendo lo de límites máximos (el político que se atreva con subidas desproporcionadas de impuestos se enfrentará a los votantes); tampoco la expresión de armonización a la baja (de eso ya se encarga la competencia fiscal)”, ha manifestado Martínez-López. También ha señalado que “debería estimularse más la competencia fiscal por el lado del gasto; no solo en la forma de un menor gasto por unidad de output sino también en la composición de ese gasto (más políticas de I+D, ayudas a pymes, servicios sociales, etc.). Aquí se deberían buscar `escaparates/observatorios´ que ilustren las diferencias entre CCAA en estos ítems para intentar generar imitación de proyectos y menús fiscales exitosos”. Sobre impuestos indirectos y corresponsabilidad, se ha remitido a la respuesta anterior.
3.- ¿Cuál es su opinión respecto a la posible asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica que las CCAA tienen contraída con este?, ¿cuáles deberían ser las condiciones para una condonación razonable de la deuda pública autonómica?
Ángel de la Fuente no es partidario de condonar deuda. “Dada nuestra historia reciente, esto confirmaría aún más la percepción que ya tienen las CCAA de que pueden gastar más de lo que tienen porque al final se las terminará rescatando, terminando así de forma ya definitiva con cualquier incentivo para limitar el gasto”, ha señalado. “Pero si hay que hacerlo, lo único que tendría cierta lógica es ligar la condonación a la infrafinanciación acumulada en el pasado con respecto a la financiación media por habitante ajustado a igualdad de competencias y esfuerzo fiscal. Si se insiste en ir más allá, las condonaciones por habitante (o habitante ajustado) deberían ser iguales para todos”, ha afirmado.
Para José María Durán, “la condonación parcial de la deuda puede tener sentido, pero ligada a un argumento objetivo como es la infrafinanciación de un territorio y sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones. Estas condiciones deben ser para el conjunto de comunidades”.
Diego Martínez-López, está a favor de “una condonación parcial, asimétrica y condicionada de parte de la deuda autonómica en manos del Estado. A favor porque, a mi juicio, es la única forma viable y creíble de que todas las CCAA se financien de manera ortodoxa en los mercados. ¿Riesgo moral? Sí, claro; pero la situación actual (y durante 10 años) con el FLA y demás, ¿no lo es? Parcial porque solo debería afectar a un porcentaje de la deuda con los mecanismos extraordinarios, ligada a infrafinanciación relativa (y quizás algo del impacto del ciclo económico), teniendo en cuenta el gasto per cápita y el ejercicio de la capacidad normativa sobre tributos cedidos. Asimétrica porque la situación a corregir es muy heterogénea y una parte del origen del problema es asimétrica. No a un manguerazo generalizado de condonación. ¿Cómo vender esta asimetría en la condonación? Con negociaciones abiertas en otras dimensiones: ordinalidad, statu-quo, etc. No es fácil, lo reconozco, pero en mi opinión es cómo debería abordarse el tema. Y con ajustada condicionalidad. La condonación no puede ser gratis. Planes de ajuste factibles y verificables en las CCAA beneficiarias. Podría atenuarse así una parte del inevitable riesgo moral”.
4.- En relación con la petición de algunos partidos catalanes de modificar la LOFCA para que se establezca “una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña”, ¿qué ocurriría si finalmente esta cláusula se hiciese efectiva?, ¿cómo afectaría al resto de CCAA de Régimen común?, ¿cree que supondría la quiebra del sistema?
Para Ángel de la Fuente, “sería un desastre”. “Estaríamos abriendo la puerta a una deriva confederal del Estado que cambiaría cualitativamente su naturaleza, y no precisamente para bien. Si permitimos que los territorios más ricos se queden con (todo o buena parte de) su excedente fiscal, no habrá recursos para financiar la nivelación territorial o políticas sociales uniformes en todo el país. Más aún, el Estado se iría quedando sin recursos tributarios propios, lo que le dejaría en una posición de debilidad, a expensas de los territorios, y sin herramientas para ejercer las funciones que le corresponden”, ha afirmado.
José María Durán “no creo que un sistema de financiación distinto para Cataluña, inspirado en el sistema foral, sea bueno”. “Al igual que defiendo que las CCAA deben tener responsabilidad fiscal y que esta sea conocida por sus ciudadanos, lo mismo debe ocurrir con el gobierno central. Con la propuesta formulada, el gobierno central dejaría de tener poder normativo sobre los impuestos pagados en Cataluña. Además, supondría complicar el conjunto del sistema fiscal”, ha señalado.
La opinión de Diego Martínez-López también es contraria a esta petición. “Supondría una quiebra de la equidad entre personas que viven en CCAA diferentes (inconstitucional, por tanto), que recibirían prestaciones de servicios públicos más ligadas a su capacidad fiscal que a sus necesidades. Provocaría también fenómenos de competencia fiscal a los que antes me he referido. Pondría también en marcha un proceso de peticiones similares (Comunidad de Madrid, Baleares) que descompondría la estructura institucional, migratoria y territorial de nuestro país”, ha afirmado.
5.- ¿Cree necesaria una mayor contribución a la solidaridad interterritorial de las comunidades de régimen foral, País Vasco y Comunidad Foral de Navarra?
Sobre este punto, Ángel de la Fuente ha señalado que “Sí. Todas las normas relevantes hablan del mantenimiento de la solidaridad territorial, pero en la práctica las comunidades forales prácticamente no aportan nada en este campo excepto a través del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), que es muy poca cosa. Esto sucede, al menos en parte, porque el Concierto y el Convenio no se han adaptado a la cambiante realidad del sistema autonómico. Cuando se escribieron las versiones actuales de estas leyes, se preveía que el FCI fuese un instrumento importante de solidaridad, pero luego no ha sido así y no se ha buscado una vía alternativa”.
Para José María Durán, “resulta fundamental; mientras el resultado del sistema foral sea tan favorable para estos territorios en comparación al resto de CCAA, difícilmente tendremos en España un sistema de financiación que no sea cuestionado por comunidades que, por sus características y al ver los resultados del sistema foral, también lo pidan”.
Diego Martínez-López ha respondido que “sí, por supuesto; no se corresponde con su renta relativa ni con el tratamiento que reciben otras CCAA en esta dimensión. Empezando por una mayor transparencia en la determinación del cupo vasco y la aportación navarra. Habría que revisar no solo la contribución a la nivelación autonómica sino también a la cobertura del desfase entre ingresos y gastos de la Seguridad Social, entre otros”.
6.- ¿Está de acuerdo con el actual diseño de la población ajustada?, ¿qué modificaciones plantearía de cara a su mejora?
A este respecto, Ángel de la Fuente ha indicado que “en términos generales sí, aunque siempre hay cosas mejorables”, remitiéndose a las propuestas del informe de la Comisión de Expertos de 2017.
Según José María Durán, “el diseño siempre se puede mejorar y ajustar teniendo en cuenta los cambios que se han ido produciendo en la población española y en los costes generados por cada grupo población”.
Para Diego Martínez-López, “en general y a grandes rasgos, el enfoque actual es razonable. Sí admite ajustes puntuales. Como una valoración de los costes fijos (ahora ausentes); reajustes en los tramos de población protegida equivalente (ya anticuados); la variable despoblación podría considerarse también, no como en la propuesta del Ministerio de Hacienda (donde se percibe una notable discrecionalidad y sobreponderando una ya existente –la superficie–), sino ampliando su cobertura”. Según Martínez-López, “con el diseño actual del SFA hay que ser conscientes de que el concepto de población ajustada no solo tiene impacto sobre el reparto del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales sino también sobre el de Competitividad”. En cualquier caso –ha señalado Martínez-López–, “el debate sobre la reforma del SFA no debe iniciarse ni fundamentarse en el concepto de población ajustada. Por definición, ello conduce a un juego de suma cero en el que la consecución de acuerdos se torna excesivamente complicada, por no decir imposible. Debe tratarse como una pieza más en el cálculo global de ganancias y pérdidas”.
7.- En un escenario político tan convulso como el actual, ¿cree que existe alguna posibilidad real de que se llegue a un acuerdo sobre la reforma del Sistema de Financiación Autonómica en esta legislatura? En caso de responder negativamente, ¿qué se podría hacer ya para atenuar las inequidades existentes?
Ángel de la Fuente ha respondido “no, y además, si se hiciera la reforma en estas circunstancias, es probable que fuera para mal. La presión del independentismo catalán podría llevarnos a un sistema menos solidario. Lo que se podría hacer mientras tanto lo he comentado en mi presentación inicial.”
Según José María Durán, “es muy complicado bajo el actual escenario político. La financiación autonómica, como otros asuntos relevantes, es un tema de estado, donde los dos grandes partidos centrales españoles deberían llegar a un acuerdo”. “Mientras esto no ocurra, en todo caso, creo que sería bueno introducir cambios técnicos en el sistema que puedan ser aceptados por una mayoría de partidos. Que los cambios en la tarifa del IRPF autonómico tengan su reflejo en las retenciones y que los pagos avanzados del sistema se efectúen de acuerdo con la recaudación real de los impuestos es algo técnicamente posible y sobre lo cual resulta difícil pensar que no pueda haber un acuerdo”, ha concluido Durán.
Diego Martínez-López “no ve posibilidades de alcanzar un acuerdo en el corto (y medio?) plazo. Harían falta cantidades ingentes de dinero para alinear a las CCAA (de mayoría PP) en un acuerdo, y ese dinero no es de esperar que esté disponible en los tiempos de consolidación fiscal que se aproximan. Otra solución alternativa sería un acuerdo de ámbito nacional entre el PP y el PSOE, y tampoco se atisba. Quizás también vincular una condonación de deuda autonómica generosa y generalizable (rompiendo la ideal asimetría que planteaba más arriba) con la aportación de recursos al sistema podría favorecer acuerdos…”. “Mientras llega la reforma integral, se pueden incorporar parches coherentes y que atenúen los efectos de algunos de los principales problemas del SFA actual; por ejemplo, un mejor cálculo de las recaudaciones normativas o un fondo transitorio de nivelación para corregir infrafinanciación relativa. También un reparto horizontal de los objetivos de déficit más alineado con la factibilidad y equidad de los esfuerzos a pedir”, ha añadido.
Finalmente, Valentín Pich y Ángel de la Fuente han cerrado el coloquio, resumiendo en su intervención final las PRINCIPALES CONCLUSIONES. A medio plazo, la reforma exigiría un acuerdo político, al menos entre los dos grandes partidos nacionales, sobre un criterio de equidad, incluyendo el grado deseable de nivelación, así como un reparto equilibrado de herramientas tributarias entre los distintos niveles de gobierno. Mientras llegamos ahí, habría que introducir una serie de parches, comenzando por el establecimiento de un fondo transitorio de nivelación que complemente los recursos de las comunidades peor financiadas. También habría que revisar el sistema de retenciones y entregas a cuenta, mejorar el cálculo de la recaudación normativa de los tributos cedidos gestionados por las CCAA y regular con claridad las escalas de referencia que se utilizan para el cálculo de la recaudación normativa de todos los tributos cedidos. En cuanto a la posible asunción por parte del Estado de la deuda autonómica, consideran que, de hacerse, debería ser parcial, estar ligada a la infrafinanciación acumulada de cada territorio y sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones.
