Fedea publica hoy el informe titulado: “El saldo estructural de las Comunidades Autónomas, 2020-2021”, elaborado por Manuel Díaz, Carmen Marín y Diego Martínez, que recoge la descomposición de los saldos presupuestarios de las Comunidades Autónomas (CC.AA.) en sus componentes cíclico y estructural para los años 2020 y 2021.
El saldo estructural se define como aquél que se obtiene tras neutralizar los efectos del ciclo económico, es decir, es el saldo que refleja las decisiones discrecionales de gasto e ingreso adoptadas por los gobiernos. Este saldo se configura a día de hoy como la variable fundamental sobre la que giran las reglas fiscales europeas y españolas, ahora en suspenso pero que, tarde o temprano, se recuperarán de un modo u otro.
El saldo estructural no es observable y debe ser estimado. Para ello, se parte del saldo presupuestario de las regiones, que ha sido del -0,2% del PIB en 2020 y del -0,03% PIB en 2021. Estas cantidades suponen los mejores resultados fiscales de toda la serie histórica. No obstante, este saldo en términos de Contabilidad Nacional puede ofrecer una imagen distorsionada de la verdadera salud financiera de las cuentas públicas al estar distorsionado por el efecto de la COVID-19 y del ciclo económico.
Por ello, para estimar el saldo estructural hay que realizar una serie de ajustes en el saldo presupuestario, que aparecen recogidos en el Gráfico 1. En primer lugar, siguiendo las recomendaciones de la AIReF, trasladamos las liquidaciones del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) a su año natural. Este ajuste de liquidaciones ha sido muy importante para el año 2020 ya que la liquidación de dicho año va a ser previsiblemente negativa (-0,2% PIB) mientras que la liquidación de 2018, cobrada en ese 2020 y considerada en el saldo presupuestario, fue muy positiva (0,9% PIB). En suma, este efecto supone un incremento del déficit estructural del 1,1% PIB para 2020.
En segundo lugar, hay que descontar el efecto del ciclo económico sobre las cuentas públicas. Como novedad, en este informe calculamos el efecto del ciclo utilizando un output gap (o brecha de producción respecto al PIB potencial) específico para cada comunidad. Al estar en una situación de crisis económica, con ingresos por debajo de su nivel tendencial, este efecto reduce el déficit estructural. En concreto, en 2020 en un 1,1% PIB y en 2021 en un 0,5% PIB.
Por último, hay que descontar del saldo presupuestario las operaciones no recurrentes. Hemos considerado como tales los gastos e ingresos extraordinarios por COVID-19 y un ajuste para corregir la suspensión de plazos tributarios durante el estado de alarma, que afectó a la recaudación de los impuestos cedidos tradicionales. Las operaciones no recurrentes han presentado un efecto positivo del 0,8% del PIB en 2020 y del 1% del PIB en 2021 sobre el saldo presupuestario por lo que, al descontarlas, elevan el déficit estructural en esas magnitudes.
Como resultado, tras realizar todos estos ajustes sobre el saldo presupuestario, hemos obtenido un saldo estructural de las CC.AA. del -1,0% PIB en 2020 y del -0,4% en 2021 (Gráfico 1). No obstante, la situación es muy heterogénea, destacando los superávits estructurales de 2021 Canarias (1,3%), Navarra (0,8%), Baleares (0,6%) y País Vasco (0,5%). En cambio, las CC.AA. que presentan saldos estructurales más negativos son la Comunidad Valenciana (-2,0%) y Murcia (-1,5%).

A pesar del buen dato de cierre de 2021, la estimación del saldo estructural del conjunto de CC.AA. indica que sus cuentas públicas no gozan de tan buena salud como se pudiera pensar. Por ello, y una vez superada la recesión provocada por la pandemia de COVID-19 y la nueva crisis debida a la invasión rusa de Ucrania, las CC.AA. deben plantearse medidas de consolidación fiscal que reduzcan el déficit estructural presente en sus cuentas.
Trabajo completo, véase:
Díaz, M., C. Marín y D. Martínez (2022). “El saldo estructural de las Comunidades Autónomas, 2020-2021.” Fedea, Estudios sobre la Economía Española, no. 2022-14. Madrid.