La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y el Consejo General de Economistas de España (CGE) han celebrado hoy una sesión centrada en el análisis de los factores que han llevado al acceso a la vivienda, tanto en alquiler como en propiedad, a una situación complicada –con especial atención a la problemática de la oferta– y en la definición de posibles medidas para introducir mejoras al respecto.
En relación con la vivienda en España, los expertos de Fedea y del CGE consideran que el problema central es la insuficiencia de oferta, lo que ha llevado a un aumento sostenido en los precios tanto de compra como de alquiler. Esta situación se ha visto agravada por un marco normativo complejo y por la falta de estabilidad en las reglas del juego, lo que desincentiva la inversión en el sector inmobiliario. En este sentido, señalaron que la inseguridad jurídica generada por constantes cambios legislativos y la rigidez de la regulación urbanística han dificultado la puesta en marcha de nuevos desarrollos, alargando plazos y encareciendo costes.
Asimismo, la mayoría de los ponentes advirtieron que algunas de las medidas de intervención en el mercado del alquiler, lejos de solucionar el problema de acceso a la vivienda, han contribuido a reducir la oferta disponible. En particular, se destacó que la imposición de topes en los precios del alquiler y la declaración de zonas tensionadas han generado un efecto contrario al deseado, ya que los propietarios, ante la disminución de rentabilidad y el aumento del riesgo, han optado por retirar inmuebles del mercado o endurecer los criterios de selección de inquilinos. Desde esta perspectiva, los expertos alertaron sobre el impacto de estas políticas en las familias más vulnerables, que enfrentan mayores dificultades para acceder a una vivienda en régimen de alquiler debido a la contracción de la oferta y a una mayor selección por parte de los arrendadores.
Entre las posibles medidas para incrementar la oferta de vivienda, tanto de nueva construcción como de segunda mano, Fedea y el CGE han destacado las siguientes:
- Reforma de la Ley de Suelo: Modificar la normativa urbanística para agilizar la obtención de suelo finalista y facilitar la promoción de nuevas viviendas, reduciendo los tiempos de tramitación y eliminando bloqueos administrativos innecesarios.
- Movilización de suelos públicos: Poner a disposición de promotores públicos y privados los terrenos de titularidad pública para la construcción de viviendas asequibles.
- Reducción de la carga fiscal sobre la vivienda: Disminuir impuestos como el IVA, ITP-AJD, ICIO y tasas de licencias, dado que actualmente representan hasta un 25% del precio final de una vivienda, lo que la encarece.
- Impulso a la industrialización del sector y atracción de jóvenes: Modernizar el sector de la construcción mediante procesos industrializados que optimicen costes, reduzcan plazos de ejecución y aumenten la eficiencia en la edificación de viviendas. La incorporación de nuevas tecnologías y metodologías constructivas no solo mejorará la productividad del sector, sino que también lo convertirá en una opción más atractiva para los jóvenes. Esto permitirá generar oportunidades de empleo cualificado y fortalecer el relevo generacional en una industria clave para la economía y el desarrollo urbano.
- Agilización de los trámites administrativos: Implementar medidas como la modificación de la Orden ECO para acelerar la concesión de licencias, la revisión de proyectos por técnicos externos y la utilización de tecnologías como BIM para optimizar los procesos.
- Seguridad jurídica y estabilidad normativa: Evitar los cambios constantes en la legislación urbanística y de vivienda que generan incertidumbre y ahuyentan la inversión privada, asegurando reglas claras y predecibles a largo plazo.
- Colaboración público-privada: Fomentar mecanismos de cooperación entre el sector público y el privado para incrementar la oferta de vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, mediante incentivos y acuerdos estratégicos.
- Mayor financiación para la vivienda asequible: Agilizar la ejecución de la línea de 4.000 millones de euros para la promoción de vivienda en alquiler asequible, reforzando el acceso a financiación mediante fondos ICO y acuerdos con el BEI para impulsar nuevas construcciones.
- Ampliación del parque de vivienda social en alquiler: Aumentar significativamente el número de viviendas sociales en régimen de alquiler, garantizando una distribución equilibrada que evite la concentración en determinados barrios y favorezca la integración social.
- Acuerdo político para la reforma de la normativa de vivienda: Alcanzar un acuerdo entre los principales partidos para modificar la normativa de suelo y vivienda, garantizando estabilidad regulatoria y seguridad jurídica. Este pacto es clave para atraer inversión, agilizar la promoción de nuevas viviendas y evitar cambios legislativos que generen incertidumbre. Además, debería reorientarse la política de vivienda hacia un menor intervencionismo, facilitando el desarrollo del mercado y mejorando el acceso a la vivienda.
