Si funcionan como se espera, los incentivos a la jubilación demorada y la reforma del sistema de cotización de los autónomos podrían suponer un alivio apreciable para las cuentas del sistema público de pensiones a corto y medio plazo, pero no a largo plazo. Según los cálculos de Fedea, el ahorro neto generado por estas medidas alcanzaría un punto de PIB a comienzos de la próxima década y se iría reduciendo después, convirtiéndose en negativo a partir de 2050. Su valor esperado en promedio durante el período 2022-50 sería de medio punto de PIB.
La Fundación llama la atención sobre las deficiencias de la documentación técnica de la reforma de pensiones y sugiere que la nueva Agencia de Evaluación se encargue de filtrar las memorias de las leyes con mayor impacto presupuestario para asegurar una calidad mínima.
Fedea publica hoy el segundo informe de la serie dedicada a analizar los efectos presupuestarios de la reforma del sistema público de pensiones. El trabajo analiza las implicaciones financieras de los incentivos para el alargamiento voluntario de las carreras laborales y de la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos. La cuestión es de particular interés porque el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM) se apoya en sus proyecciones sobre el éxito y los efectos de estas medidas para concluir que el impacto neto del conjunto de la reforma sobre las cuentas del sistema de pensiones será manejable y no pondrá en riesgo su sostenibilidad financiera.
Las estimaciones que se presentan en el trabajo se basan en hipótesis todavía optimistas, aunque no tanto como las del MISSM, sobre la incidencia de la jubilación demorada, que alcanzaría el 100% en un plazo de 10 años con una demora media de 1 año (en lugar del 60% con una demora media de tres años, como supone el Ministerio). En cuanto a los efectos de la reforma del RETA, suponemos (como presumiblemente hace también el Ministerio), que la cotización media de los trabajadores autónomos se equipara gradualmente a la del régimen general en un plazo de 10 años, lo que podría ser difícil de conseguir dada la previsible resistencia de este colectivo a lo que supondría una fuerte subida de sus cotizaciones.
Con respecto a nuestros “cálculos de urgencia” de hace unas semanas, en este trabajo se introducen algunas mejoras metodológicas que permiten capturar mejor el patrón temporal de los efectos de las nuevas medidas según se van jubilando las cohortes afectadas por las mismas. Con este fin, se utilizan las proyecciones detalladas de población del último Ageing Report y datos del MISSM sobre pensiones para modelizar explícitamente la entrada en la población jubilada de las cohortes afectadas por los recientes cambios normativos y la evolución de su peso en la misma. La nueva metodología cambia ligeramente el perfil de las series que recogen el aumento del gasto en pensiones inducido por ambas medidas. Durante los primeros años del período analizado, éste crece ahora más despacio que bajo la transición lineal supuesta en el trabajo anterior, incrementando así el ahorro neto estimado durante la primera parte del período. Con el tiempo, sin embargo, este efecto se va reduciendo y termina invirtiéndose en torno a 2050.
El Gráfico 6 resume los resultados del trabajo. En él se muestran las sendas de gastos e ingresos incrementales generadas por las dos medidas analizadas y su efecto neto en cada año hasta 2070. Si la reforma del RETA y los incentivos a la jubilación demorada funcionan tan bien como aquí se ha supuesto, lo que ciertamente no está asegurado, su rápido despliegue durante los próximos diez años se traduciría en apreciables incrementos de ingresos y reducciones de gasto que llegarían a tener un impacto neto positivo de algo más de un punto de PIB en 2032 y 2033. A partir de ese momento, los ingresos se estabilizarían y los gastos comenzarían a crecer rápidamente hasta igualarse a los ingresos en torno a 2050. De ahí en adelante, el efecto neto de estos componentes de la reforma sería negativo.
Gráfico 6: Impacto estimado de la reforma del RETA y los incentivos a la demora de la jubilación sobre las sendas de ingresos y gastos del sistema público de pensiones (en % del PIB)
Como sostiene el MISSM, las medidas aprobadas mejorarán la situación financiera del sistema de aquí a 2050, que es cuando se espera una mayor presión sobre el mismo, al coste de empeorarla después, cuando se prevé que la situación sea más favorable y exista más margen para absorber los mayores costes. Su efecto, por tanto, iría en la dirección correcta, pero es también muy incierto y podría no ser suficiente. Dejando de lado el (nada desdeñable) riesgo de que el éxito de las reformas sea menor de lo esperado, la cuestión es si el ahorro neto generado en la primera parte del período (medio punto de PIB en promedio entre 2022 y 2050) será o no suficiente para evitar que el déficit del sistema de pensiones se dispare en las próximas décadas en ausencia de medidas adicionales. Volveremos sobre esta cuestión en el próximo trabajo de la serie.
Finalmente, el informe llama la atención sobre las deficiencias y la difícil accesibilidad de la documentación técnica que acompaña, o debería haber acompañado, a las normas mediante las que se ha implementado la reforma del sistema de pensiones. Para evitar problemas de este tipo en el futuro, se propone que una de las tareas de la Agencia prevista en la nueva ley de evaluación de políticas públicas sea la de filtrar las memorias de las normas con mayor impacto presupuestario para asegurarse de que éstas cumplen unos estándares mínimos de claridad y competencia técnica.
Más información
de la Fuente, A. (2023). “Los efectos presupuestarios de la reforma de pensiones de 2021-23: ii) Incentivos a la demora de la jubilación y nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos.” FEDEA, Estudios sobre la Economía Española no. 2023-11. Madrid.
Fotos: Helena Bezecna
