Fedea publica hoy un análisis de Judith Arnal sobre el mercado interior de España. La Comisión Europea ha sido particularmente insistente en identificar la fragmentación del mercado interior como uno de los lastres estructurales de la economía española.
La fragmentación regulatoria como obstáculo a la inversión y la productividad
España, con más de 8.000 municipios, 17 Comunidades Autónomas y dos ciudades autónomas, presenta un problema estructural de fragmentación regulatoria que debilita su mercado interior y lastra la productividad. La proporción de empresas españolas que consideran la regulación un obstáculo importante para la inversión a largo plazo está entre las más altas de la Unión Europea. En un momento en que los informes Letta y Draghi inciden en la importancia de completar el mercado interior europeo como forma de ganar competitividad frente a Estados Unidos y China, es clave estudiar esta misma cuestión a nivel nacional como una forma de cerrar la brecha de productividad que nos separa de nuestros socios europeos.
El papel de las Comunidades Autónomas tras la sentencia del Tribunal Constitucional
La Ley 20/2013 de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM), una norma basada en principios inspirada en la tradición regulatoria anglosajona, intentó abordar este problema, pero el Tribunal Constitucional anuló su principio de eficacia nacional en la STC 79/2017. Este trabajo argumenta que, tras la sentencia, la construcción efectiva del mercado interior español ha quedado fundamentalmente en manos de las Comunidades Autónomas. Si bien la STC señala la legislación sectorial estatal como vía para el establecimiento del principio de eficacia nacional, el coste político de esta opción y su alcance estrictamente sectorial la convierten en una opción poco eficiente y lenta. Las otras dos vías de avance, en particular la expansión de las leyes autonómicas de mercado abierto y el avance del Régimen 20, un marco de cooperación promovido por el Ministerio de Economía entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales para la reducción de cargas administrativas, dependen plenamente de la voluntad autonómica.
Avances en el reconocimiento mutuo: Leyes de mercado abierto y Régimen 20
La Comunidad de Madrid fue pionera en 2022 al aprobar su Ley de Mercado Abierto, un modelo de reconocimiento mutuo unilateral de eficacia amplia, al que se han sumado la Región de Murcia, la Comunitat Valenciana y Cantabria, mientras que Aragón y La Rioja lo tramitan actualmente. En paralelo, otras Comunidades Autónomas, como Andalucía y Extremadura, han optado por configuraciones más limitadas basadas en el criterio de “supuestos equivalentes”, y territorios como Illes Balears o Castilla-La Mancha han impulsado reformas de simplificación administrativa de amplio alcance, aunque sin incorporar un principio estructurado de eficacia extraterritorial.
Si las diecisiete Comunidades Autónomas adoptaran una ley de mercado abierto con reconocimiento mutuo pleno, el resultado práctico sería equivalente al principio de eficacia nacional que el Tribunal Constitucional anuló en la LGUM, pero construido desde abajo, sin imposición estatal y, por tanto, constitucionalmente irreprochable. Cada Comunidad Autónoma renunciaría unilateral-mente a exigir sus propios requisitos de acceso cuando el operador ya está habilitado en otro territorio. Una empresa instaladora, una consultora o un prestador de servicios digitales legalmente establecidos en una Comunidad Autónoma podrían operar en el resto del territorio sin repetir procedimientos formales, registros o autorizaciones equivalentes. Ello reduciría de manera significativa los costes de entrada, los tiempos de tramitación y la incertidumbre regulatoria.
La vía de las leyes de mercado abierto presenta varias ventajas estructurales. Es constitucionalmente sólida, pues la STC 79/2017 no cuestiona la capacidad de las Comunidades Autónomas para renunciar a sus propias exigencias. Es políticamente viable, al no requerir negociación con el Estado ni con el resto de Comunidades Autónomas. Y genera incentivos competitivos dinámicos: las CCAA que adoptan el modelo pueden atraer actividad económica, lo que introduce una presión reputacional y económica sobre las demás.
Pero es importante hacer notar que la eficacia de las leyes de mercado abierto es inherentemente asimétrica: beneficia a la Comunidad Autónoma que la adopta como receptora de actividad, pero no resuelve el problema para un operador de esa Comunidad Autónoma que desee operar en Comunidades que no hayan adoptado legislación equivalente. Solo la universalización completa genera un mercado interior integrado.
Hacia una estrategia combinada para la integración del mercado nacional
No obstante, el reconocimiento mutuo no elimina plenamente la pluralidad normativa en sentido sustantivo. La normativa territorial sobre urbanismo, horarios comerciales, medio ambiente o condiciones materiales de ejercicio seguiría aplicándose en función del lugar donde se desarrolla físicamente la actividad. Una licencia para abrir un establecimiento comercial no desplaza las reglas locales sobre uso del suelo ni el régimen autonómico de festivos. El reconocimiento mutuo no suprime la diversidad normativa inherente al Estado autonómico, pero sí puede neutralizar una parte relevante de los costes derivados de la duplicación administrativa.
En este sentido, la universalización de las leyes de mercado abierto no haría innecesaria la intervención estatal, pero sí reduciría significativamente su alcance potencial, concentrando la necesidad de armonización en aquellos ámbitos territorialmente anclados o donde la coordinación normativa resulte imprescindible por razones de interés general. Por ello, el enfoque más adecuado parece ser una combinación de leyes de mercado abierto, Régimen 20 y legislación sectorial estatal. La universalización de las leyes de mercado abierto puede proporcionar rapidez; el Régimen 20, convergencia técnica; y la armonización sectorial estatal, estabilidad y coherencia en ámbitos críticos.
Trabajo completo
Arnal, J. (2026). “Diecisiete mercados en busca de unidad: el futuro del mercado interior español en manos de las Comunidades Autónomas.” FEDEA, Colección Apuntes no. 2026-08. Madrid.