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Descarbonización a mínimo coste: un análisis de la cartera óptima de instrumentos

La Unión Europea se ha comprometido a avanzar de modo decidido en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, con el objetivo último de alcanzar emisiones netas nulas a mediados de este siglo. Para ello, ha señalado al aumento de la participación de las energías renovables en el consumo y al ahorro energético como instrumentos principales, estableciendo objetivos en términos de estas variables para el conjunto de la UE. El documento de referencia para los Estados Miembros, donde estos proponen la hoja de ruta que desean seguir, es el correspondiente Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC). En concreto, el PNIEC español integra una larga lista de medidas para alcanzar los objetivos medioambientales perseguidos en 2030, incluyendo importantes subvenciones públicas, que alcanzarían casi 40.000 mil millones de euros. En la práctica, estas subvenciones se recogen en buena parte en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Sin embargo, ni el PNIEC ni el PRTR establecen prioridades entre los posibles instrumentos de descarbonización para garantizar que esta se haga al mínimo coste posible para los ciudadanos. Este es un aspecto de la máxima importancia, no solo por la necesidad de maximizar la eficiencia en el uso de los fondos públicos, sino también porque incurrir en costes innecesarios podría incrementar el riesgo de rechazo social a las políticas de descarbonización. 

En ese contexto, FEDEA publica hoy un trabajo de Jorge Sanz, Óscar Arnedillo y Francisco Álvarez, (NERA), junto con Diego Rodríguez (UCM y FEDEA), en el que se desarrolla una metodología para identificar la cartera óptima de instrumentos de descarbonización, definida como aquella que minimiza los costes sociales (daños ambientales incluidos) para un objetivo dado de reducción de emisiones. Esta metodología se utiliza seguidamente para calcular la combinación óptima de cuatro posibles instrumentos de inversión que son centrales en la descarbonización del consumo energético, particularmente en el caso de los hogares: generación fotovoltaica, generación eólica, aislamiento térmico de viviendas e instalación de bombas de calor. El análisis, además, tiene en cuenta las diferencias climáticas y de insolación existentes entre las distintas zonas de España.

Apoyándose en estimaciones ya existentes de los costes de inversión, operación y mantenimiento de las distinta tecnologías y de parámetros clave de eficiencia y ahorro energético, la evaluación parte del cálculo del coste unitario de reducción de una tonelada de CO2 con cada instrumento desde el punto de vista social. El cálculo tiene en cuenta tanto los efectos directos de cada uno de esos instrumentos como sus efectos indirectos a través de la alteración de las condiciones de producción (precios y cantidades) en el mercado eléctrico y los efectos externos de las emisiones realizadas o evitadas. La optimización de la cartera de instrumentos se basa en la minimización del coste social conjunto sometida a tres restricciones, una por cada uno de los objetivos medioambientales ya descritos: la reducción de emisiones de CO2, el aumento de la generación renovable y el ahorro energético.

El ejercicio concluye que es posible reducir el coste social al mismo tiempo que se mejoran los resultados medioambientales mediante una reorientación de los instrumentos de inversión previstos en el PNIEC. Esa reorientación conllevaría una minimización de los esfuerzos en aislamiento térmico de las viviendas y un mayor uso de bombas de calor. En concreto, el aislamiento térmico desaparecería de la cartera óptima en toda la geografía española, mientras que la instalación de bombas de calor se multiplicaría por cinco en relación con las previsiones del PNIEC. Los resultados también indican que las inversiones previstas en el PNIEC en generación fotovoltaica y eólica sí son similares a las inversiones de la cartera óptima.

Un argumento adicional a favor de dar prioridad a la inversión en bombas de calor es que, como se recuerda en el trabajo, 2030 es solo un año de transición hacia el objetivo de largo plazo, situado en 2050, en el que debe lograrse un balance neto nulo de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto requerirá la descarbonización total de los consumos energéticos de los hogares, lo que solo es posible mediante el cambio de fuente energética hacia una fuente descarbonizada.

Desde una perspectiva más amplia, el ejercicio lleva a cuestionar la lógica de los objetivos instrumentales (de ahorro energético y penetración de renovables) impuestos por la Comisión Europea que, al introducir restricciones innecesarias en un problema de optimización, sólo pueden reducir el bienestar social. Si no es posible eliminarlas, como sería óptimo, y dado que el fin último es la descarbonización, los Estados Miembros deberían al menos aprovechar toda la flexibilidad que la norma europea permite para centrar sus esfuerzos en aquellos objetivos que mejor aprovechen su ventaja comparativa. En el caso español, eso pasaría por una menor ambición en el objetivo de ahorro energético, lo que o bien permitiría reducir el coste social del objetivo de reducción de emisiones adoptado, o bien ser más exigente en la penetración de renovables y en la reducción de emisiones al mismo coste.   

Los autores inciden también en dos consideraciones finales. Por un lado, indican que la forma óptima de promover la descarbonización a mínimo coste no es mediante subvenciones indiscriminadas, sino mediante una reforma fiscal que evite distorsiones en los precios relativos de las distintas energías. En ese sentido, señalan que si los precios incorporan correctamente los costes incrementales (incluyendo los daños ambientales), entonces los agentes desarrollarán inversiones privadas que estarán alineadas con la minimización del coste social. Por otro lado, advierten que el estudio incluye dos instrumentos vinculados a la descarbonización de las viviendas (aislamiento térmico y bombas de calor) que, si bien eventualmente pueden integrarse en actuaciones de rehabilitación residencial, no deben confundirse con estas. Evitar esa confusión permite maximizar el uso de los fondos disponibles para la descarbonización, sin mezclar ese fin con otros objetivos deseables pero situados en otro ámbito, como puede ser el de la creación de empleo o la mejora de la habitabilidad y el confort de las viviendas.  

Documento completo

Álvarez, F., Arnedillo, O., Rodríguez, D. y Sanz, J. (2022). “Descarbonización a mínimo coste: un análisis de la cartera óptima de instrumentos” FEDEA Policy Papers no. 2022-02, Madrid.