Fedea Policy Papers

Derogar la reforma de 2013 sin un plan alternativo pondría en riesgo la viabilidad del sistema de pensiones y la equidad intergeneracional

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En promedio durante el próximo medio siglo, la supresión de la reforma añadiría entre 3,0 y 3,6 puntos de PIB al déficit anual del sistema de Seguridad Social (que ahora está en el 1,6% del PIB), dependiendo de la evolución de los flujos migratorios.

– Esto supone un reto importante para unas cuentas públicas que no parten de una situación muy saneada, con un déficit de más de 2 puntos en la mejor parte del ciclo actual y un volumen de deuda en torno al 100% del PIB.

– Una inmigración elevada (y cualificada) mitigaría el problema pero no lo resolvería.

No existe ninguna forma indolora de financiar este mayor déficit:

– Si intentamos hacerlo con deuda, ésta aumentará rápidamente hasta niveles insostenibles y surge el peligro de un ajuste traumático de las pensiones que concentraría los costes en ciertas cohortes de pensionistas futuros.

– Si lo hacemos con subidas de cotizaciones y/o impuestos, el incremento de la presión fiscal sobre ciertas cohortes de activos presentes y futuros tendrá que ser injustamente grande. Las pensiones podrían llegar a absorber hasta un tercio de las rentas totales del trabajo, lo que exigiría incrementar las cotizaciones en más de un 80%. Esto tendría efectos muy negativos sobre el empleo y la inversión y sobre la renta disponible de los ocupados.

Es necesario elaborar un plan realista y detallado de ingresos y gastos durante las próximas tres décadas para garantizar el equilibrio financiero del sistema y un reparto equilibrado de los esfuerzos necesarios entre diversos colectivos.

– Este plan debería incluir medidas de contención del gasto distribuidas entre los pensionistas actuales y futuros, así como incrementos de ingresos provenientes no sólo de los trabajadores activos sino de toda la sociedad.

– Las pensiones mínimas deberían revalorizarse con el IPC para garantizar la suficiencia del sistema.

– Para las demás, debería introducirse una regla de actualización que sea sensible a la evolución de la actividad económica y por lo tanto a la situación financiera del sistema, aunque de forma menos drástica que el actual IRP.

Documento

de la Fuente, A., M. A. García y A. Sánchez (2018). “¿Hacia una nueva reforma de las pensiones? Notas para el Pacto de Toledo.” FEDEA Policy Papers no. 2018-09.

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