Fedea y BBVA Research publican hoy un trabajo de A. de la Fuente y R. Doménech en el que se propone un conjunto de indicadores de equidad en el reparto territorial de los recursos públicos con el objetivo de valorar posibles reformas del sistema de financiación autonómica (SFA). Estos indicadores se utilizan seguidamente para comparar el sistema actual con la reciente propuesta del Gobierno y algunas variaciones sobre la misma. El ejercicio permite extraer algunas conclusiones de interés, que se resumen en el Cuadro 1, comenzando con la constatación de que los indicadores de equidad tienden a mejorar sistemáticamente según se reduce la fracción de los recursos del sistema que se distribuye a través de sus elementos ad hoc, ajenos a la lógica niveladora del núcleo del modelo, integrado por el Fondo de Garantía en el modelo actual o por los mecanismos de nivelación horizontal y vertical en la reciente propuesta del Gobierno.
Cuadro 1: Comparación del sistema actual con varias posibles reformas en términos de diversos criterios de equidad y coste para el Estado
– Versión simplificada del Cuadro 2 del texto. Los indicadores de equidad se calculan a partir de los índices de capacidad fiscal y financiación efectiva construidos por Fedea. En el escenario 5, las transferencias de nivelación se calcularían utilizando las estimaciones corregidas de Fedea de la recaudación normativa de los tributos cedidos tradicionales, en lugar de los datos oficiales del SFA.
– Grado de nivelación = fracción del diferencial de capacidad fiscal con respecto a la media que el sistema elimina.
– Desigualdad en financiación por habitante ajustado = desviación estándar no ponderada del índice de financiación efectiva por habitante ajustado.
– Reordenación media = diferencia media entre el ranking de cada región en términos de capacidad fiscal y de financiación final.
– Brecha max – min = diferencia entre los índices de financiación efectiva por habitante ajustado de las comunidades mejor y peor financiadas.
– Peso elementos ad-hoc en los recursos totales del sistema.
– Coste incremental para el Estado = recursos totales del sistema en cada escenario, en diferencias con el escenario 1.
La distribución de la financiación por habitante ajustado que genera el sistema actualmente vigente (escenario 1 en el Cuadro 1) presenta los peores resultados en términos de equidad. Aunque el modelo se caracteriza por un grado muy elevado de nivelación media, de forma que la financiación final es prácticamente independiente de la capacidad fiscal y por tanto de la renta per cápita (lo que en principio consideramos una propiedad deseable), también presenta indicadores de desigualdad y arbitrariedad muy elevados. Así, la desviación estándar del índice de financiación relativa por habitante ajustado se sitúa por encima de los siete puntos, la distancia entre los extremos de la distribución de esta variable supera los 26 puntos y el cambio medio en el ranking que se produce al pasar de capacidad fiscal a financiación final se acerca a cinco posiciones en un grupo de sólo 15 regiones.
En comparación con la situación de partida, la propuesta del Gobierno reduce apreciablemente el grado medio de nivelación (hasta el 91%), pero también el peso de los elementos ad hoc del modelo, que cae del 16,5% al 5,2%. Esto último permite una mejora muy sustancial de casi todos los indicadores de equidad, aunque con un coste considerable para el Estado (de algo más de 15.000 millones de euros anuales). Así, pese a la caída del grado medio de nivelación, la dispersión total de la financiación y la arbitrariedad de su reparto se reducen muy significativamente: la desviación estándar del índice de financiación por habitante ajustado se reduce de 7,4 a 5,4, la brecha entre la comunidad mejor y peor financiadas se reduce de 26,2 a 18,1 puntos y las reordenaciones medias se reducen en un tercio (de 4,7 a 3,2).
Así pues, la reforma que ha propuesto el Gobierno ha de valorarse positivamente como un primer paso en la simplificación del sistema que permitiría interesantes mejoras de equidad, pero ciertamente no agota las posibles ganancias derivadas de la reducción del peso de sus elementos ad hoc. La eliminación del Fondo Climático y el IVA Pymes (escenario 3) y, tras un período de transición, de las compensaciones de statu quo (escenario 4), junto con una mejor medición de la recaudación normativa de los llamados tributos cedidos tradicionales (escenario 5), permitirían aumentar significativamente el grado medio de nivelación, recortar en varios miles de millones el coste de la reforma para el Estado y reducir sensiblemente las reordenaciones y la desigualdad en financiación por habitante ajustado.
Nuestros cálculos muestran que el margen existente para la mejora en la equidad del SFA es muy importante. De hecho, el margen es tan grande que permitiría reducir sustancialmente la desigualdad de la financiación por habitante ajustado a la vez que renunciamos a la nivelación total en favor de una nivelación parcial, pero todavía elevada y a la vez respetuosa con la ordinalidad, que podría ser la clave para alcanzar un amplio consenso en torno a un nuevo sistema. Para que las potenciales ganancias puedan llegar a materializarse, sin embargo, sería necesario que todas las partes implicadas abordasen con ánimo constructivo un proceso real de negociación que pueda superar la tendencia al bloqueo derivada de la defensa a ultranza del statu quo en términos relativos, en la que tienden a caer las comunidades autónomas.
Trabajo completo
de la Fuente, A. y R. Doménech (2026). “Criterios operativos de equidad para el Sistema de Financiación Autonómica con aplicación a la nueva propuesta de reforma.” FEDEA, Colección Apuntes, no. 2026-06. Madrid.