Fedea publica hoy un nuevo número de su Boletín centrado en el análisis de la actual situación económica y de la respuesta a la crisis de precios causada por la invasión de Ucrania. La primera parte del documento repasa la evolución durante 2023 (con datos que en algunos casos sólo llegan hasta noviembre) de algunos indicadores de actividad económica, empleo, precios y finanzas públicas, comparándola con la del mismo período de los últimos ejercicios comenzando en 2019, el último año antes de la pandemia. La segunda parte se dedica al análisis y valoración de las principales medidas económicas y sociales tomadas en los últimos meses por el Gobierno español para mitigar los efectos de la guerra de Ucrania sobre los precios de ciertos bienes y servicios básicos.
Tanto a nivel nacional como europeo, 2023 ha sido un año de clara desaceleración tras el agotamiento del fuerte rebote que siguió a la crisis del Covid y en parte como resultado del endurecimiento de la política monetaria para combatir el repunte de la inflación desencadenado por la invasión de Ucrania. Dentro de este contexto, sin embargo, la economía española se ha comportado bastante mejor de lo esperado. Un factor importante ha sido la favorable evolución de los precios energéticos, cuyo fuerte descenso durante el ejercicio ha invertido el signo del shock externo al que nos enfrentamos, reduciéndolo en un 60% desde el pico máximo de 10 puntos de PIB alcanzado en el segundo trimestre de 2022. Esto ha ayudado mucho a mantener la actividad y a controlar la inflación. También ha sido muy importante el responsable comportamiento de los agentes sociales, plasmado entre otras cosas en el acuerdo marco para la negociación colectiva, que apuesta por subidas salariales moderadas durante los próximos tres años.
Durante el ejercicio, España ha crecido por encima de la media europea y ha ido recuperando parte del terreno perdido con respecto a sus vecinos durante la pandemia. Así, nuestra posición en el ranking por crecimiento acumulado desde la llegada del Covid, ha ido mejorando, pasando del segundo lugar por la cola de la UE (excluyendo a los países más pequeños) en el primer trimestre de 2023 hasta el octavo en el tercer trimestre, sólo ligeramente por debajo de la media de la Eurozona. Con los últimos datos de Contabilidad Trimestral disponibles para toda la UE (2023T3), mientras que tanto la UE como la zona Euro y en torno a la mitad de sus países miembros se encuentran inmersos en una contracción, España crece a un ritmo del 1,5%, superada sólo por seis países del Sur y Este de Europa.
La evolución del empleo ha sido también mejor de la esperada, aunque una lectura cuidadosa de los indicadores disponibles y las limitaciones de los datos existentes, especialmente sobre los trabajadores con contratos fijos discontinuos, apuntan a la necesidad de una cierta prudencia. Así, mientras que las afiliaciones a la Seguridad Social se sitúan en 2023T4 un 8,3% por encima del nivel prepandemia, las horas trabajadas sólo han aumentado en un 1,8%. En la misma línea, mientras que el paro registrado se ha reducido en 460.000 efectivos entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, el paro efectivo (en el que se incluyen los trabajadores con contrato fijo discontinuo que se han inscrito en el SEPE como demandantes de empleo) prácticamente no ha variado.
En términos de inflación, España ha convergido al promedio europeo en los últimos meses tras mantener registros mejores que la media durante algo más de un año. El ejercicio se ha cerrado con la inflación general en torno al 3% y la subyacente en el 4% tras una bajada de unos tres puntos desde el comienzo del año. La moderación de la inflación, su vez, ha generado expectativas de un cambio de ciclo en la política monetaria que ha permitido la estabilización de los tipos de interés en la segunda mitad del año e incluso un modesto giro a la baja en su parte final. Finalmente, los ingresos tributarios tienden también a estabilizarse tras su sorprendentemente robusto crecimiento en 2021 y 2022.
En materia de política económica, el Gobierno ha optado por una retirada gradual de las medidas tomadas para ayudar a los hogares a hacer frente a la fuerte subida de los precios de los productos y servicios básicos. En particular, se ha promulgado a finales de 2023 un Real decreto-ley que prorroga al menos durante un año las bonificaciones de precios del transporte público colectivo. El grueso de las medidas de alivio tributario a los precios de la energía y los alimentos básicos, por su parte, se irán retirando gradualmente, extendiéndose en principio sólo a la primera parte de 2024 en muchos casos. Sin embargo, el grueso de las ayudas sectoriales se deja expirar según lo previsto a finales de 2023. Finalmente, se prorrogan también los tributos, en principio temporales, que gravan los ingresos de ciertas entidades financieras y empresas energéticas y se prevé su revisión de cara a su integración permanente en el sistema tributario.
Como hemos indicado repetidamente en este Boletín, muchas de estas medidas son cuestionables. Las subvenciones directas o implícitas a los combustibles y la electricidad desincentivan el necesario ahorro energético, mientras que las ayudas que se aplican de forma universal, en lugar de limitarse a los colectivos que realmente las necesitan, generan un elevado peso muerto y elevan innecesariamente el gasto. En el contexto actual de reactivación de las reglas fiscales, el previsible incremento del gasto neto debido a estas decisiones puede complicar el cumplimiento del objetivo de déficit del 3%, que de acuerdo con las previsiones del Gobierno en los recientes Plan Presupuestario y Plan de Reequilibrio, se cumpliría por los pelos en 2024 suponiendo la retirada inmediata y completa de estas medidas (con la excepción de las ayudas al transporte). En esta línea habría que considerar también los compromisos de gasto adicional adquiridos en los recientes pactos de investidura y los que podrían derivarse de la negociación de los presupuestos de 2024 en la complicada situación política actual.
Por último, resulta llamativa la decisión de convertir en permanentes los gravámenes sobre la banca y las energéticas, cuya introducción con carácter temporal se había justificado apelando a la existencia de beneficios extraordinarios en estos sectores. Su conversión en exacciones permanentes, con independencia del nivel de beneficios, supone admitir que estamos en realidad ante multas ad hoc a determinados sectores, en vez de ante impuestos en el sentido habitual del término, pues estos deberían gravar la capacidad económica de acuerdo con reglas uniformes para todos.
Más información
de la Fuente, A. (2024). “Boletín Fedea no. 25: Situación económica y respuesta a la crisis de Ucrania.” FEDEA, Estudios sobre la Economía Española no. 2024-05. Madrid.
