Fedea publica hoy un nuevo Boletín Covid con cambios significativos en su estructura y contenido. De este número en adelante, el Boletín se centrará más en el seguimiento de las reformas e inversiones previstas en el Plan de Recuperación, mientras que el análisis detallado del mercado de trabajo se trasladará a un nuevo Observatorio sobre el tema que estamos preparando con otros socios.
Durante el último trimestre de 2021, la economía española se ha mantenido en la senda de recuperación iniciada en marzo hasta superar los niveles de empleo anteriores a la crisis, tanto en el agregado como en muchos sectores y regiones. Nuestro indicador agregado de empleo asalariado efectivo aumentó en 2,2 puntos entre septiembre y diciembre de 2021, cerrando el año con un valor de 101,6, ya claramente por encima del nivel de 2019 (= 100). Incluso los sectores y regiones más afectados están recuperando la normalidad, con Canarias y Baleares en 98 y 99 respectivamente y todos los grandes sectores situándose ya por encima de 95, con la única excepción de los servicios de alojamiento, que están en 88.
Otros indicadores muestran también un comportamiento positivo. Durante el mismo período, el paro se redujo en más de 150.000 personas, la afiliación aumentó en 260.000 efectivos y el número de trabajadores en ERTE se redujo en casi un 60%, cerrando el año en sólo unas 100.000 personas. Todo ello ha hecho que la tasa de desempleo efectivo se haya reducido en estos tres meses en 1,7 puntos, hasta el 14,4%. También muestran señales claras de recuperación los ingresos públicos. Tanto los ingresos tributarios como las cotizaciones sociales se sitúan ya en torno a un 4,5% por encima de los niveles de 2019.
La principal nota discordante sigue siendo la atonía del PIB, que parece estar creciendo en los últimos trimestres a un ritmo claramente inferior al del empleo efectivo, aunque la distancia entre ambos se ha reducido en alguna medida tras la revisión al alza del dato preliminar de PIB del tercer trimestre de 2021. A esto hay que añadir la incertidumbre generada por la crisis energética y de suministros y por la nueva ola de la pandemia generada por una nueva variante del virus, particularmente contagiosa y resistente en alguna medida a las vacunas. Aunque la letalidad del virus ha disminuido muy significativamente, las elevadísimas tasas de incidencia están generando serios problemas sanitarios y económicos, especialmente en el sector turístico, que ve retrasarse una vez más la ansiada vuelta a la normalidad.
Desde la publicación del anterior Boletín, las novedades en materia de políticas para paliar la crisis se han limitado a una nueva extensión del llamado escudo social, de la moratoria concursal y del período para solicitar los créditos del ICO y a la concesión de nuevas ayudas del Fondo de apoyo a la solvencia a algunas empresas. Mucha más actividad ha habido en relación con las reformas previstas en el Plan de Recuperación, habiéndose aprobado durante este último trimestre varias leyes o proyectos de ley sobre cuestiones de calado.
En materia de pensiones, la ley que recoge la primera fase de la reforma en curso ha sido aprobada por las Cortes en diciembre sin cambios significativos sobre las grandes líneas del anteproyecto, ya conocidas desde hace meses. La principal novedad de la nueva ley ha sido la introducción del mal llamado “Mecanismo de equidad intergeneracional” (MEI), que viene a sustituir al derogado factor de sostenibilidad (FS). El nuevo mecanismo tiene una estructura compleja que combina dos elementos muy diferentes: i) una subida transitoria de las cotizaciones sociales en 0,6 puntos porcentuales durante diez años para nutrir un fondo de reserva que podrá utilizarse para ayudar a financiar el gasto en pensiones de 2033 en adelante y ii) un vago compromiso de abrir negociaciones con los agentes sociales para pactar medidas adicionales de gasto o ingreso si esto fuera necesario en el futuro para asegurar la viabilidad del sistema. El MEI es la primera medida de la reforma en curso que ayudará a mitigar los problemas de sostenibilidad del sistema público de pensiones (a través de la subida de las cotizaciones), pero su diseño es francamente mejorable. El nuevo mecanismo resulta claramente insuficiente para restaurar el equilibrio del sistema, no contribuye precisamente a mejorar su equidad intergeneracional y presenta serios problemas de diseño que se ven agravados por una redacción muy confusa.
También se ha despejado, al menos en parte, la incertidumbre sobre la reforma laboral. A finales de diciembre, el Gobierno y los agentes sociales alcanzaron un acuerdo, plasmado luego en un Real Decreto-ley todavía pendiente de tramitación, para modificar la normativa sobre modalidades de contratación, negociación colectiva, subcontratación y ERTEs. El decreto deroga algunos aspectos significativos de la reforma de 2013, pero se trata, de una contrarreforma más “suave” de lo esperado que preserva importantes márgenes de flexibilidad. Así, se recupera la ultraactividad indefinida de los convenios, lo que en la práctica tiene un efecto limitado dado que dos tercios de los convenios ya incluyen cláusulas en esa línea, y se restablece la primacía del convenio de sector sobre el de empresa, pero sólo en materia salarial. Por otra parte, se introduce importantes restricciones al uso de la contratación temporal junto con fuertes sanciones por su incumplimiento, pero se mantienen márgenes apreciables para el uso de estos contratos por necesidades de producción y se introducen provisiones específicas para el sector de la construcción que suavizan la eliminación de los contratos por obra o servicio de una forma que quizás convendría extender a otros sectores.
Otras dos reformas cuya tramitación se ha iniciado en estos últimos meses son las leyes que regularán la creación de nuevas empresas y los incentivos a startups consideradas innovadoras. Dada la dificultad de la tarea de escoger ganadores a priori, más que incentivos a determinadas empresas que no sabemos identificar, la estrategia más razonable pasa seguramente por establecer normas generales que ofrezcan un marco atractivo para la creación de nuevas empresas y faciliten su desarrollo. Este es, en principio, el objetivo de la nueva ley de creación y crecimiento de empresas, con la que se pretende simplificar algunos de los trámites necesarios para poner en marcha una empresa. La norma, sin embargo, presenta importantes lagunas que podrían limitar su efectividad, pero que aún estamos a tiempo de corregir. Se trataría, en particular, de prestar una mayor atención a los costes de arranque no societarios, los costes recurrentes de compliance con diversas regulaciones de discutible necesidad y las barreras derivadas de la exigencia de autorizaciones y licencias de apertura y de la existencia de diversos umbrales regulatorios, en virtud de los cuales la carga fiscal y regulatoria aumenta de forma automática con la dimensión de la empresa, un fenómeno que ha sido criticado de forma reiterada por numerosos informes de organismos internacionales.Finalmente, en materia de inversiones hemos intentado aproximar el ritmo de ejecución del Plan, recopilando la información disponible sobre los pagos realizados hasta el momento por la Administración Central y sobre la puesta en marcha de sus programas y proyectos mediante la publicación de convocatorias o licitaciones o el traspaso de los fondos a las administraciones autonómicas o locales u otros entes públicos encargados de ejecutarlos. Como quizás cabría esperar, el gasto ejecutado a finales de 2021 era todavía modesto. Hasta el momento, se ha comenzado a poner en marcha proyectos y programas con una dotación presupuestaria total de unos 23.000 millones de euros, casi un tercio del gasto total a comprometer en los tres años que el Plan de Recuperación permite a estos efectos. Con cargo a estos fondos se han realizado pagos por un importe total de unos 9.000 millones de euros que, en buena parte, corresponden a transferencias en bloque a otras administraciones y entes encargados de la ejecución final de los proyectos. Por tanto, el proceso de ejecución del grueso del Plan está todavía en su comienzo y el dinero irá llegando a sus destinatarios finales de 2022 en adelante.
Documento completo
A. de la Fuente, A. (coordinador), B. Arruñada, M. Á. García Díaz, M. Jansen, D. Rodríguez y A. Sánchez (202). “Boletín Covid no. 14. Seguimiento de la crisis del coronavirus y del Plan de Recuperación.” FEDEA, Estudios sobre Economía Española no. 2022-02, Madrid.
Datos: https://documentos.fedea.net/data/eee/2022/eee2022-02.zip
