Fedea publica hoy dentro de su Observatorio de las CCAA una nota elaborada por Ángel de la Fuente sobre el proyecto de nueva ley del cupo que se está tramitando actualmente en el Congreso. Esta ley cuantifica la aportación de las haciendas forales vascas al Estado en el año base del quinquenio 2017-21 y fija los parámetros para el reparto de la recaudación del IVA entre ambas administraciones en base al consumo.
El proyecto de nueva Ley del Cupo no introduce novedades en lo esencial con respecto a su antecesora inmediata, promulgada en 2007 y prorrogada hasta el momento actual por falta de acuerdo. El texto mantiene los mismos coeficientes técnicos para el ajuste a consumo del IVA que se han usado desde hace décadas, perpetuando por lo tanto el problema existente con este ajuste en perjuicio del Estado, y revisa el déficit estatal y la valoración de las competencias estatales no asumidas por las instituciones vascas partiendo de los Presupuestos Generales del Estado de 2017, lo que se traduce en una reducción del cupo líquido a pagar en el año base de 265 millones de euros.
Esta cantidad, sin embargo, es el efecto neto de una serie de cambios con efectos muy dispares. Destaca en primer lugar el considerable incremento en la valoración de las cargas no asumidas, esto es, de los servicios comunes que el Estado presta también a las comunidades forales. Esta valoración se incrementa desde el 26,2% del gasto primario del Estado en 2007 hasta el 42,3% en 2017 sin que haya habido grandes cambios durante el período ni en el reparto de competencias ni en el patrón de gasto estatal. Esta revisión al alza de la valoración de las competencias no asumidas, aunque todavía insuficiente, ha de valorarse positivamente como un paso en la dirección correcta pues ayuda a acercar la base del cupo al coste real de los servicios comunes que el Estado continúa prestando en y para todo el país.
Otras cosas iguales, el cambio en la valoración de los servicios comunes habría exigido un aumento del cupo de más de 1.800 millones anuales. Sin embargo, otras cosas no han sido iguales. Un cambio importante ha sido el fuerte deterioro del saldo presupuestario del Estado, que ha pasado de disfrutar de un superávit primario en 2007 de unos 8.400 millones de euros a registrar un déficit de más de 20.000 millones. Esta situación afecta al importe del cupo porque el déficit se resta de su base de cálculo para evitar un doble cargo a las haciendas vascas: primero por su parte del gasto estatal relevante en el momento de producirse éste y después por los intereses y vencimientos de la deuda generada por haberse financiado parte de tal gasto con déficit. El incremento de esta corrección compensa casi exactamente el aumento en la valoración de las cargas no asumidas, dejando el cupo corregido por déficit prácticamente igual en ambos años. Por tanto, la reducción del cupo líquido a pagar proviene exclusivamente de una serie de ajustes adicionales que deducen del cupo la parte que corresponde al País Vasco de ciertos ingresos del Estado que éste recauda directamente en su integridad los llamados “ingresos no concertados”, que han aumentado significativamente desde 2007.
El trabajo concluye con algunas reflexiones sobre el diseño del cupo en su configuración actual y con algunas propuestas para su revisión.
Documento
de la Fuente, A. (2017). “Notas sobre el proyecto de nueva ley del cupo.” FEDEA Policy Papers no. 2017-28.
