Fedea publica hoy un trabajo de Juan Carpizo (Ernst&Young) sobre la fiscalidad energética a nivel autonómico y local. En el trabajo se describen los principales impuestos autonómicos y locales que recaen sobe el sector energético, se identifican algunos problemas ligados a tales figuras tributarias y se proponen posibles soluciones.
En la actualidad, existen casi una veintena de impuestos propios autonómicos que gravan la producción, distribución y consumo de energía o las emisiones contaminantes u otros daños ambientales generados por estas actividades, con una recaudación conjunta total de unos 250 millones de euros en 2017. A estos habría que añadir otros impuestos de naturaleza en principio similar que han sido declarados inconstitucionales por recaer sobre materias imponibles ya gravadas por las corporaciones locales, generando así doble imposición. A nivel local, buena parte de los impuestos municipales afectan a las actividades de producción, transporte y distribución de energía o a los bienes utilizados en tales actividades. Esto incluye el IBI sobre los bienes inmuebles destinados a la producción de energía, que se incluyen entre los llamados bienes inmuebles de categorías especiales (BICEs), con el consiguiente incremento de su valor catastral, el IAE sobre los productores, distribuidores y comercializadores de energía, el ICIO sobre las obras y construcciones que estos realizan y las tasas por el otorgamiento de licencias urbanísticas ligadas a tales obras y por ocupación y aprovechamiento del dominio público local.
El sector energético, por tanto, se enfrenta a una compleja y en ocasiones confusa fiscalidad que puede variar de forma muy significativa entre las 17 comunidades autónomas y los más de 8.000 municipios del país no sólo en cuanto a los tipos de gravamen y el cálculo de las bases imponibles sino, también, en relación con los procedimientos de gestión y liquidación. Esta complejidad se traduce, a juicio del autor, en elevados costes de cumplimiento para las empresas del sector que operan a nivel nacional, en una cierta inseguridad jurídica con riesgo de doble imposición y en una elevada litigiosidad. Para mitigar estos problemas, en el trabajo se propone la centralización de la gestión de al menos ciertos tributos locales en un único organismo, que podría ser la Agencia Tributaria estatal, y la extensión de los regímenes simplificados de tributación ya existentes para determinados tributos, actividades y empresas, incluyendo el establecimiento de tipos únicos de gravamen sobre la facturación, o de cuotas globales a nivel estatal que luego se reparten en proporción a indicadores sencillos de actividad. También se recomienda una revisión de la normativa existente para definir de una forma precisa los elementos esenciales de algunos tributos o sus normas de valoración y evitar posibles situaciones de doble imposición.
Documento completo
Carpizo Bergareche, J. (2019). “La fiscalidad energética autonómica y local: problemática y posibles soluciones.” FEDEA, Estudios sobre la Economía Española no. 2019-21, Madrid.
