En el caso de los aeropuertos las preguntas más urgentes, una vez que está casi completado el ajuste interno de AENA, están vinculadas a la regulación del sistema aeroportuario español y a las opciones de participación privada en el mismo con el objetivo de eliminar ineficiencias e impedir las interferencias políticas en la determinación de tarifas e inversiones en capacidad. El examen de los modelos de regulación y privatización en el mundo, las tendencias que se observan en la industria aeroportuaria y el análisis de qué es lo más adecuado para el conjunto de aeropuertos españoles desde el punto de vista del interés general, será lo que guíe el contenido de las investigaciones en este campo.
En el caso de la alta velocidad, donde ya existe una red de dudosa rentabilidad social pero de características irreversibles, las preguntas van más dirigidas a qué hacer con lo que ya tenemos y si se debe seguir adelante con la construcción de nuevas líneas. Asimismo hay que analizar la política de regulación ferroviaria, la posibilidad de participación privada y examinar la política específica de tarificación de ADIF por el uso de la infraestructura ferroviaria. Uno de los retos de este bloque es conocer realmente lo que nos cuesta cada línea de alta velocidad, si se cubren costes variables; si, aceptado el coste hundido de la inversión, se justifica socialmente la explotación de cada línea y qué debería hacerse para evitar que se realicen nuevas inversiones sin beneficio social que las justifique.