Fedea publica hoy un trabajo de J. López Laborda (U. de Zaragoza y Fedea), C. Marín (Fedea) y J. Onrubia (UCM y Fedea) en el que se examina cómo afecta a los hogares españoles en riesgo de pobreza la intervención pública llevada a cabo a través de impuestos y prestaciones públicas. El trabajo se basa en los resultados obtenidos, para el año 2018, en el “Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles”, que también publica regularmente Fedea. En esta fuente se analizan los impuestos pagados por los hogares (directos, indirectos y cotizaciones sociales, de empleados y empleadores) y las prestaciones percibidas por los mismos, monetarias y en especie (educación y sanidad). En el presente trabajo se presentan y analizan los resultados tanto para el conjunto de hogares en riesgo de pobreza, como para subconjuntos de este colectivo definidos según el tamaño y composición del hogar, su fuente principal de ingresos y edad. Asimismo, el trabajo ofrece resultados detallados según el sexo del sustentador principal del hogar, así como por comunidades autónomas.
Las principales conclusiones alcanzadas son las siguientes:
- Las prestaciones sociales representan casi un 89% de la renta bruta equivalente de los hogares en riesgo de pobreza, un porcentaje 2,6 veces mayor que para los hogares que superan el umbral de pobreza. El peso de las prestaciones en especie (sanidad y educación) es algo más elevado que el de las prestaciones monetarias (básicamente, pensiones).
- Las prestaciones en especie en sanidad y educación añaden una reducción de la tasa de pobreza de 6,7 puntos, del 21,1% al 14,4%.
- Los impuestos pagados por los hogares en riesgo de pobreza suponen un 38,3% de su renta bruta, frente a un 35,4% para el resto de hogares. Los impuestos indirectos son un 41,3% del total de impuestos pagados por los hogares pobres, pero solo un 20,8% de los pagados por los demás hogares.
- El saldo de la intervención pública (prestaciones menos impuestos) para los hogares en riesgo de pobreza es claramente positivo: un 50,5% de su renta bruta (59,1% para los hogares sustentados por mujeres y 44,9% para los sustentados por hombres), frente a un 1,8% negativo para el resto de los hogares.
- Los hogares en riesgo de pobreza más favorecidos por la intervención pública a través de impuestos y prestaciones son los formados por personas mayores de 65 años y los sustentados por un pensionista. Los menos beneficiados son los formados o sustentados por una persona menor de 30 años y los sustentados por un autónomo.
- En general, el saldo de la intervención pública es más favorable cuando es una mujer la principal sustentadora del hogar en riesgo de pobreza. Las principales excepciones son los hogares integrados por una única persona menor de 30 años, los sustentados por un autónomo y aquellos cuyo sustentador tiene más de 65 años.
- El saldo entre prestaciones e impuestos para los hogares en riesgo de pobreza es, en todas las comunidades autónomas, positivo. En porcentaje de su renta bruta equivalente, los mayores saldos corresponden, en orden decreciente, a las ciudades de Melilla y Ceuta y a las comunidades de País Vasco, Castilla y León, Galicia, Extremadura, Navarra, Castilla-La Mancha, Canarias, Murcia y Asturias, todas ellas por encima del saldo para el conjunto de España. En el otro extremo, las comunidades de Madrid, Baleares, Cantabria, La Rioja, Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y Andalucía son las que presentan, en este orden, los menores saldos.
Trabajo completo, véase:
López Laborda, J., C. Marín y J. Onrubia (2022). “¿Cómo afectan los impuestos y las prestaciones públicas a los hogares en riesgo de pobreza?” Fedea, Estudios sobre la Economía Española no. 2022-10. Madrid.
