Fedea publica el Sexto Observatorio de la Dependencia, de Sergi Jiménez-Martín (Universitat Pompeu Fabra, BSE y Fedea) y Analía Viola (Fedea)
A punto de cumplirse veinte años de la Ley 39/2006, el informe analiza la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) hasta junio de 2026, su financiación, el mercado laboral del sector y, como apartado especial, la salud mental y la soledad no deseada de las personas mayores.
Lo más destacado
- La lista de espera (limbo de la dependencia) se sitúa en 112.002 personas, un 6 % de quienes tienen derecho reconocido, frente a las 385.000 de 2015 y muy por debajo del objetivo del Plan de Choque de 2021 (12,7 %). Aun así, 8.631 personas fallecieron en el primer semestre de 2026 sin llegar a recibir su prestación.
- El sistema atiende ya a 1,74 millones de personas y las personas beneficiarias crecen más deprisa (+11,2 % interanual) que las que tienen derecho reconocido (+9,7 %).
- Cambio histórico en la financiación: el Real Decreto-ley 17/2026 duplica las cuantías del nivel mínimo (Grado II: de 130 a 260 euros al mes; Grado III: de 290 a 660) y eleva la aportación estatal a 5.513 millones en 2026 y 7.239 millones en 2027, cerca del 50 % del gasto. La reforma de la Ley aprobada el 16 de septiembre blinda ese 50 % por ley.
- España gasta en torno al 1 % del PIB en cuidados de larga duración, frente al 1,9 % de media de la OCDE, pese a que la cobertura de los mayores de 65 años (16,3 %) ya supera la media de la OCDE (15,2 %).
- El sector emplea a cerca de 758.000 personas (3,3 % del empleo total), con un 85 % de contratos indefinidos, un 82 % de mujeres, un 25 % de personas nacidas fuera de España y salarios que se mantienen en el 75 % de la media.
- La soledad no deseada afecta al 45,5 % de las personas en situación de dependencia, más del doble que en la población adulta (20,2 %), y el 58,4 % de quienes la sufren presenta problemas de salud mental.
La lista de espera, en niveles mínimos, pero con grandes diferencias territoriales
A junio de 2026, 1.853.859 personas tienen reconocido el derecho a una prestación y 1.741.857 la reciben efectivamente. La diferencia, 112.002 personas, es el llamado limbo de la dependencia, que supone una tasa de pendencia del 6 %, 13 puntos menos que en 2019 y en torno a su mínimo histórico (107.327 personas en diciembre de 2025). El 95 % de las solicitudes cuenta ya con resolución de grado.
La mejora es general, pero desigual. En Aragón, Castilla y León, Canarias y Galicia la espera es prácticamente nula, mientras que País Vasco (15 %), Cataluña y Murcia (13 %), Extremadura (12 %) y Baleares (11 %) siguen muy por encima de la media. Canarias protagoniza el mayor avance: el número de personas con prestación crece un 55,9 % en un año y su limbo ha pasado del 28 % en 2019 al 0,5 %.
El informe también cuantifica el coste humano de la espera: en el primer semestre de 2026 fallecieron 136.480 personas con derecho reconocido (7,4 % del total) y 8.631 de ellas estaban todavía pendientes de recibir la prestación (7,7 % del limbo). Por grados, el 25 % de las personas con derecho tiene gran dependencia (Grado III), el 37 % dependencia severa y el 38 % moderada; el Grado I es el que más crece (+12 % interanual).
Menos cuidado familiar, más servicios, y una cobertura que se ha más que triplicado
Las prestaciones económicas representan el 41 % del total (58 % en 2009) y las de cuidados en el entorno familiar el 31 % (51 % en 2009); los servicios profesionales suponen ya el 59 %. La heterogeneidad regional sigue siendo enorme: cerca del 70 % de las prestaciones son económicas en Canarias, frente al 15 % en La Rioja, donde los servicios alcanzan el 85 %.
El 74 % de las personas beneficiarias tiene 65 años o más. En 2025, el 14,3 % de la población de esa edad recibía una prestación (4,1 % en 2009) y el 15,2 % tenía el derecho reconocido. La cobertura es mayor en las comunidades con menor renta per cápita, como Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha o Extremadura.
Un punto de inflexión en la financiación
El gasto público del SAAD (Estado más comunidades autónomas) alcanzó los 13.992 millones de euros en 2025, un 8,4 % más que en 2024. La aportación de la Administración General del Estado ha pasado del 21 % del gasto en 2021 al 27 % en 2025, con grandes diferencias entre comunidades: desde el 40 % en La Rioja hasta el 15 % en el País Vasco, o desde 453 euros por persona mayor de 65 años en La Rioja hasta 221 en Canarias.
Tras dos años de presupuestos prorrogados, el Real Decreto-ley 17/2026 supone un cambio histórico: duplica el nivel mínimo del Grado II (de 130 a 260 euros al mes) y eleva un 128 % el del Grado III (de 290 a 660 euros). La aportación estatal pasa de 3.522 millones en 2025 a 5.513 millones en 2026 y 7.239 millones en 2027, acercándose al 50 % del gasto total. La reforma de la Ley de Dependencia aprobada por el Congreso el 16 de septiembre de 2026 convierte ese 50 % en una obligación legal, lo que reduce la exposición de la financiación a los vaivenes del ciclo político. Su efecto real dependerá de cómo gestionen las comunidades autónomas los nuevos recursos.
En perspectiva comparada, España destina en torno al 1 % del PIB y el 10,2 % del gasto sanitario a cuidados de larga duración, frente al 1,9 % y el 13,7 % de media de la OCDE y lejos de los países nórdicos, Bélgica, Alemania o Países Bajos (entre el 2,7 % y el 4,2 % del PIB).
Un sector que crece y se estabiliza, con salarios rezagados
Según la EPA, el sector de la dependencia ocupaba a cerca de 758.000 personas en el segundo trimestre de 2026, un 8 % más que un año antes y el 3,3 % del empleo total. La atención residencial (405.000 ocupados) se recupera tras un 2025 de caídas y los servicios sociales sin alojamiento (353.000) siguen creciendo. Extremadura (5,4 %) y Castilla y León (5,1 %) son las comunidades donde el sector pesa más en el empleo.
Los datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales muestran que la reforma laboral ha elevado el empleo indefinido hasta cerca del 85 % y ha reducido la parcialidad al 25 %. El sector sigue muy feminizado (82 %) y depende cada vez más de la inmigración: un 25 % de sus trabajadores ha nacido fuera de España, el doble que a mediados de la década pasada. Los salarios, sin embargo, se mantienen en torno al 75 % del salario medio, y la brecha entre nacidos en España y fuera supera ya los 200 euros mensuales.
Salud mental y soledad no deseada: la otra cara de la dependencia
El deterioro cognitivo afecta al 18,5 % de las personas de 65 años o más y al 45,3 % de las de 85 o más, y es una de las principales puertas de entrada a la dependencia. Más del 40 % de la población de 50 años o más tiene diagnosticado algún problema de salud mental, proporción que supera el 50 % a partir de los 80. La prevalencia de cuadro depresivo mayor pasa del 6,6 % entre los 65 y 74 años al 19,6 % a partir de los 85.
Todos los tramos de edad a partir de los 65 años presentan tasas de suicidio superiores a la media nacional (8,1 por 100.000 en 2024), y la brecha entre sexos se dispara en la vejez: entre los 85 y los 94 años, la tasa masculina ronda los 40-45 fallecimientos por 100.000 habitantes, frente a 4-5 en las mujeres.
La soledad no deseada afecta al 16,3 % de los mayores de 65 años (19,8 % de las mujeres frente al 12 % de los hombres), pero se dispara hasta el 45,5 % entre las personas en situación de dependencia. El 81 % de quienes la sufren lleva dos o más años en esa situación y el 58,4 % presenta problemas de salud mental. Los autores reclaman un modelo de atención comunitaria e integrada entre servicios sociales y sanitarios y recuerdan que, una vez encauzados los problemas de volumen y acceso, los retos del SAAD pasan por la calidad de las prestaciones, la equidad territorial y las condiciones formativas y retributivas de los profesionales.
Documento completo
Jiménez Martin, S. y A. Viola (2026). «Observatorio de la Dependencia Fedea. Sexto informe». FEDEA, Estudios de Economía Española no. 2026-35. Madrid.
Sobre el Observatorio
El Observatorio de la Dependencia Fedea, que alcanza su sexta edición, analiza periódicamente la evolución del SAAD a partir de los datos del IMSERSO, la EPA, la Muestra Continua de Vidas Laborales, el Sistema de Cuentas de Salud, los Presupuestos Generales del Estado, Eurostat y la OCDE. Esta edición incorpora una tribuna invitada de Adelina Comas.