Fedea publica hoy el segundo boletín de seguimiento de la crisis del COVID-19. Como su antecesor, el informe recopila una batería de indicadores que facilita el seguimiento de los efectos de la pandemia sobre la actividad económica y las cuentas públicas, analiza y valora las principales medidas económicas que se han tomado en relación con ella y contiene un detallado análisis de la evolución del mercado de trabajo en las últimas semanas. A este núcleo económico del documento se le añade también una sección sobre la evolución de la incidencia sanitaria del coronavirus y el diseño del proceso de desescalada, otra sobre el impacto de la epidemia en los mayores y una tercera con una propuesta para mitigar los efectos de la crisis sobre el sistema educativo, así como una tribuna invitada.
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Los indicadores publicados en las últimas semanas comienzan a revelar la enorme magnitud de la crisis económica causada por el coronavirus. Sumando al paro registrado los trabajadores afectados por ERTEs y por ceses involuntarios de actividad ligados al Covid, en abril había 8,4 millones de activos que no estaban trabajando, elevando lo que podríamos llamar la tasa de paro efectiva hasta el 36,4%.
Esto se traducirá en un fuerte deterioro de las cuentas públicas. Se prevé un incremento del gasto de en torno a 50.000 millones de euros en relación a 2019 y una caída de ingresos de una cuantía similar. Esto nos dejaría con un déficit presupuestario de más de 130.000 millones (casi el 12% del PIB) a los que hay que sumar vencimientos de deuda por importe de otros 170.000 millones para llegar a unas necesidades totales de captación de recursos de unos 300.000 millones.
Entre otras propuestas, los autores del documento aconsejan revisar algunos aspectos del acuerdo recientemente alcanzado con los agentes sociales para la retirada de los ERTEs por fuerza mayor así como retocar el diseño del nuevo Fondo de ayudas a las CCAA. Se ofrecen también algunas sugerencias sobre el diseño del proceso de desescalada y se propone el establecimiento de un nuevo Plan Proa de educación compensatoria para mitigar los efectos de la pandemia sobre los estudiantes procedentes de los hogares más vulnerables
Con la información publicada durante las últimas semanas, el impacto de la crisis comienza a apreciarse en algunos indicadores de gasto público y con mayor claridad en el incremento de la emisión de deuda pública y en los ocasionales repuntes de la prima de riesgo. Los efectos son ya evidentes, en algunos casos de forma muy llamativa, en los datos de empleo y de prestaciones por desempleo y cese de actividad de abril. Un dato que resume la gravedad de la situación es el enorme crecimiento de lo que podríamos llamar el desempleo efectivo, definido como la suma del paro registrado más los afectados por ERTEs y los beneficiarios de la prestación por cese de actividad – esto es, la suma total de los activos que no están trabajando, estén o no dados de alta en la Seguridad Social. En dos meses, a este colectivo se han incorporado algo más de 5 millones de personas elevando su número hasta un record histórico de 8,4 millones de personas. Con una población activa de 23 millones según la última EPA,nuestra tasa de paro efectiva estaría en el 36,4% en abril –una cifra que será extremadamente preocupante si persiste más de algunas semanas.
Un descenso de este calibre del empleo y la actividad se traducirá inevitablemente en un dramático deterioro de las cuentas públicas. Ajustando en alguna medida las previsiones recogidas en el Programa de Estabilidad que el Gobierno ha enviado recientemente a la Comisión Europea, prevemos que el gasto del conjunto de las Administraciones Públicas españolas aumentará en 2020 en casi 50.000 millones de euros en relación a 2019 mientras que los ingresos tributarios se reducirán en una cuantía similar, dejándonos con un déficit presupuestario de mas de 130.000 millones (casi el 12% del PIB) a los que hay que sumar vencimientos de deuda por un importe de casi 170.000 millones para llegar a unas necesidades totales de captación de recursos de unos 300.000 millones o el 27% del PIB, lo que supondría un reto casi imposible sin la ayuda de las instituciones europeas.
Los autores del documento consideran que el acuerdo alcanzado con los agentes sociales para desvincular los ERTEs por fuerza mayor del estado de alarma es un paso en la dirección correcta pero resulta insuficiente para despejar la incertidumbre existente sobre el proceso de retirada de estas ayudas. En su opinión, habría sido preferible fijar criterios explícitos para la extensión de la fuerza mayor en los sectores que lo pudieran necesitar y establecer un mecanismo de retirada gradual de las ayudas que, al menos en determinados sectores, debería incluir la conversión automática de los ERTEs por fuerza mayor en otros por motivos económicos, así como contemplar la posibilidad de retrocesos temporales del proceso de desescalada. También sostienen que debería eliminarse la obligación de mantener el empleo por seis meses porque puede poner en peligro la viabilidad de muchas empresas. La excepción que se ha añadido en el último decreto, por riesgo de entrar en concurso, supone una exigencia excesiva y de difícil comprobación, que también agrava la inseguridad jurídica a la que se enfrentan las empresas tras la finalización del estado de alarma.
A agravar esa inseguridad ha contribuido también el reciente anuncio, luego desmentido, de un acuerdo para la derogación “íntegra” de la reforma laboral de 2012. Aunque hay aspectos de esta reforma que seguramente convendría revisar, su derogación total supondría desandar buena parte del camino andado en los últimos años para reducir la excesiva rigidez de nuestro mercado de trabajo. Esta medida sería desaconsejable en cualquier caso y lo es mucho más aún en las circunstancias actuales, en las que la flexibilidad es esencial para la preservación del tejido empresarial y el mantenimiento del empleo a medio y largo plazo.
El informe también es crítico con el diseño del nuevo Fondo que canalizará 16.000 millones de ayudas a las autonomías por razones tanto de equidad como de eficiencia. Dada la naturaleza del shock al que nos enfrentamos, hay buenas razones para que el Gobierno central mutualice una parte importante de sus costes, pero esto ha de hacerse de una forma que no elimine los incentivos de la autonomías para comenzar a adaptarse a la nueva situación lo antes posible. Sin embargo, como ya sucedió en la crisis anterior, el Gobierno central ha optado por sobreproteger a las CCAA, absorbiendo enteramente los efectos inmediatos del shock de una forma que permitirá a estas administraciones posponer la necesaria reacción más de lo que sería prudente. A este problema de eficiencia hay que sumarle otro de equidad. El reparto del tercer tramo del Fondo (que compensaría las pérdidas de recaudación propia) básicamente busca preservar la distribución actual de la financiación autonómica, que no es precisamente equitativa. Dado que la desigualdad en el acceso a los servicios públicos es especialmente objetable en una situación de emergencia como la actual, sería importante utilizar el nuevo Fondo para corregir en alguna medida la inequidad del reparto existente.
Para solventar estos problemas en el informe se propone que una parte significativa del Fondo tome la forma de créditos en vez de ayudas no reembolsables y que el tercer tramo del mismo se reparta con el fin de mejorar la financiación por habitante ajustado de aquellas comunidades que están actualmente por debajo de la media nacional – tras corregir las últimas cifras disponibles de financiación por los previsibles cambios en la recaudación homogeneizada de los llamados tributos cedidos tradicionales, que pueden ser muy importantes en algunas comunidades.
En el informe se realiza un análisis de la evolución de la incidencia de la epidemia, el grado de presión sobre el sistema sanitario y su impacto sobre los mayores con especial atención al caso de las residencias. Se ofrecen también algunas sugerencias sobre el diseño del proceso de desescalada y se propone una serie de indicadores que podrían utilizarse para automatizar el paso de una fase a otra. También se propone el establecimiento de un nuevo Plan Proa de educación compensatoria para mitigar los efectos de la crisis sobre los estudiantes procedentes de los hogares más vulnerables.
Documento completo
Felgueroso, F. y A. de la Fuente (coordinadores), con J. E. Boscá, J. Costa i Font, R. Doménech, J. Ferri, J. I. García Pérez, S. Jiménez, D. Rodríguez y A. Viola (2020). “Aspectos económicos de la crisis del Covid-19. Boletín de seguimiento no. 2.” FEDEA, Estudios sobre Economía Española no. 2020-14, Madrid.
