Fedea publica hoy un nuevo trabajo de la serie de “Reflexiones sobre la propuesta de financiación singular para Cataluña”, del que es autor Jorge Onrubia, Profesor Titular de Hacienda Pública de la Universidad Complutense de Madrid e investigador asociado de Fedea.
El trabajo analiza la propuesta de traspaso de competencias de administración tributaria a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) contenida en el acuerdo PSC-ERC de agosto de 2024, desde una perspectiva económica y jurídica. La evaluación realizada concluye que la implantación de un modelo en el que la ATC asuma la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los tributos generados en Cataluña, con independencia de su titularidad, generaría importantes disfuncionalidades. Además de su dudoso encaje constitucional, se advierte que, de adoptarse, ese modelo fragmentaría la administración del sistema fiscal español, dificultando la coordinación interadministrativa, incrementando los costes operativos y de cumplimiento y comprometiendo la capacidad del Estado para lograr una aplicación homogénea del sistema fiscal en todo el territorio, y en última instancia, para asegurar una financiación suficiente de sus competencias de gasto.
Frente a ese modelo de descentralización extrema propugnado en el acuerdo entre PSC y ERC, el estudio recomienda la adopción de un modelo de administración tributaria integrada (ATI), en línea con la propuesta que se hacía en el Informe de la Comisión de Expertos para la Revisión del Sistema de Financiación Autonómica de 2017. Este modelo, inspirado, con salvedades, en el de Canadá, se fundamenta en un esquema de cooperación y gobernanza compartida entre la AEAT y las administraciones tributarias de las CCAA de régimen común.
Para su articulación jurídica, se apuesta por la figura del consorcio interadministrativo, regulado en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, tras descartar las encomiendas de gestión, por sus limitaciones. En el trabajo se advierte que la ATI no debe confundirse con un esquema de 15 consorcios bilaterales AEAT-ATCA, opción que, además de no facilitar el cumplimiento de los objetivos de integración, eficiencia y uniformidad en la aplicación del sistema tributario buscados, propiciaría problemas de duplicidad, heterogeneidad en la gestión y pérdida de las economías de escala, además de dificultar la coordinación horizontal entre las distintas administraciones y aumentar los costes de coordinación. Si bien sería óptimo que el País Vasco y Navarra se incorporaran también a esta ATI, es poco realista esperar que renuncien a su régimen foral, amparado en la Constitución.
En definitiva, la valoración de la propuesta del acuerdo PSC-ERC, para impulsar una descentralización total de la gestión tributaria en Cataluña, es que no solo es jurídicamente cuestionable, sino que se trata de una opción poco recomendable desde el punto de vista de la eficiencia económica, la eficacia y la equidad interterritorial. En cambio, el modelo de administración tributaria integrada sería la opción más adecuada, ya que permitiría mejorar la eficiencia, facilitar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, promover el cumplimiento fiscal y garantizar la aplicación uniforme del sistema tributario en todo el territorio, todo ello sin comprometer la autonomía tributaria de las comunidades autónomas.
Trabajo completo
Onrubia, J. (2025). “¿Quién debe gestionar los tributos en España? Hacia una administración integrada que concilie autonomía y eficiencia en el marco constitucional.” Reflexiones sobre la propuesta de financiación singular para Cataluña. FEDEA, Colección Apuntes no. 2025-16. Madrid.