Existe un consenso bastante amplio entre los especialistas participantes en el Encuentro de S’Agaró sobre los principales problemas del sistema y las grandes líneas que deberían guiar la reforma, pero persiste el desacuerdo sobre el grado deseable de redistribución y sobre cómo avanzar hacia una mayor autonomía de ingreso y responsabilidad fiscal.
Los pasados 11 y 12 de febrero, la Fundación Internacional Olof Palme y Fedea reunieron en S’Agaró a un grupo de economistas con posiciones muy variadas en materia de hacienda autonómica y a algunos representantes de los principales partidos políticos para explorar hasta qué punto era posible ir forjando un consenso sobre las líneas maestras que ha de seguir la necesaria reforma del actual sistema de financiación autonómica español. El documento que hoy se presenta en el Círculo de Economía de Barcelona resume la discusión que tuvo lugar en S’Agaró y sus principales conclusiones, que son las siguientes:
1) Existe un amplio consenso entre los asistentes al Encuentro sobre los principales problemas que presenta el actual modelo de financiación y sobre las grandes líneas que deberían orientar una reforma que pretenda resolver tales problemas. Todos los asistentes estarían a favor de i) simplificar el sistema ii) reducir el nivel de desigualdad existente entre territorios en términos de financiación por habitante ajustado, iii) dotar a las comunidades autónomas de un mayor control sobre sus ingresos y exigirles a cambio una mayor responsabilidad sobre la financiación de sus decisiones de gasto y iv) dotar al sistema de un mecanismo que asegure que se mantiene un cierto equilibrio en el reparto vertical de recursos entre administraciones.
2) Existe también un acuerdo general en que la solución de los problemas de reparto que plantea el sistema actual ha de abordarse de una forma gradual. Los asistentes coincidieron en la necesidad de eliminar unas restricciones de statu quo que han sido demasiado rígidas, sustituyéndolas por períodos transitorios todo lo largos que sea necesario para que la introducción de cambios en el sistema no comporte pérdidas absolutas de financiación en términos nominales para ninguna comunidad (siempre y cuando los ingresos tributarios del Estado no se reduzcan).
3) Otro punto sobre el que hubo un acuerdo general fue en que no es necesario cuestionar el sistema foral. Bastaría con mejorar el cálculo del cupo y la aportación, aplicando la normativa existente, para ir acercando los resultados de ambos sistemas, que ahora difieren mucho más de lo que sería razonable. También en este caso, los cambios necesarios han de hacerse de forma gradual sobre un período largo, seguramente de varias décadas.
4) Algunas de las principales diferencias entre los expertos tienen que ver con el criterio de equidad que debería aplicarse en el reparto de recursos entre regiones. Una cuestión central sobre la que existe una diversidad de opiniones, y que seguramente constituirá el núcleo de la negociación, tiene que ver con el grado deseable o factible de nivelación. Mientras que buena parte de los participantes serían en principio partidarios de la igualdad total en financiación por habitante ajustado, no todos comparten esta opinión y algunos de los que la comparten consideran que esta opción no es factible en la situación política actual, por lo que creen que debería admitirse un grado moderado de desigualdad. Con una única (pero muy firme) excepción, los asistentes están de acuerdo en que, si no se puede llegar a la igualdad total, sería deseable que las diferencias que puedan persistir tras la aplicación del sistema reflejen la desigualdad de origen en el reparto territorial de los recursos tributarios por habitante ajustado. Esto es, existe un acuerdo casi general en que el llamado principio de ordinalidad, que no impide la nivelación total, constituye una restricción razonable que el sistema debería respetar.
5) No hay acuerdo sobre la mejor forma de dar a las comunidades autónomas un mayor control sobre sus ingresos o de exigirles una mayor responsabilidad fiscal. A lo largo del encuentro se ofrecieron tres propuestas concretas para aumentar la autonomía de ingreso sin alcanzar un acuerdo sobre sus méritos. Las propuestas fueron la cesión a las CCAA de capacidad normativa colegiada sobre los tipos de gravamen de un nuevo tramo autonómico del IVA y los Impuestos Especiales, la cesión del 100% del IRPF a cambio de la recuperación para el Estado del IVA y Especiales, y la cesión de la capacidad normativa sobre los mecanismos de copago en sanidad y posiblemente en otras áreas.
6) Otra cuestión sobre la que hubo diversidad de opiniones tiene que ver con la mejor forma de articular las negociaciones sobre la reforma del sistema para maximizar la probabilidad de un resultado razonable. Algunos asistentes se mostraron partidarios de que la negociación se realice entre partidos en el parlamento en vez de entre las comunidades autónomas y el Estado, mientras que otros consideran imprescindible la participación de las comunidades en todo el proceso.
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Monés, M. A., A. Balletbò y A. de la Fuente (2016). “El Encuentro de S’Agaró: Elementos para un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. Discusión y conclusiones.” FEDEA y Fundación Internacional Olof Palme.