A lo largo de las últimas semanas, el PSOE ha ido cerrando una serie de acuerdos con otros partidos para hacer posible la formación de un nuevo gobierno. Tras el pacto de coalición con Sumar, se alcanzaron acuerdos al menos de investidura con ERC, Junts, PNV, BNG y Coalición Canaria. Fedea publica hoy una nota de A. de la Fuente en la que se resumen y comentan los principales acuerdos de carácter económico recogidos en estos pactos, con especial atención a sus posibles implicaciones para las finanzas públicas nacionales y autonómicas.
Los pactos dejan abiertas muchas cuestiones importantes, limitándose en ocasiones a abrir un proceso de negociación a cuyo avance se supedita la continuidad de la legislatura por parte de los partidos nacionalistas. La incertidumbre es, por tanto, muy grande y habrá que ver cómo evolucionan y en qué se concretan las negociaciones para poder hacer una valoración más informada de sus implicaciones. De entrada, sin embargo, los textos analizados plantean al menos dos riesgos y una certeza. La certeza es que la condonación general y no condicionada de una parte de la deuda de las comunidades de régimen común contribuirá a agravar los problemas de indisciplina fiscal que éstas ya sufren. Los riesgos tienen que ver con el crecimiento económico, el empleo y la sostenibilidad de las cuentas públicas, por un lado, y con la cohesión social y territorial por el otro.
El acuerdo con Sumar escora el programa del próximo Gobierno claramente hacia la izquierda, apuntando a un significativo incremento del gasto público y de la presión fiscal. A la fuerte presión al alza sobre el gasto que la reciente reforma de las pensiones ya generará en los próximos años, se suman ahora planes para mejorar numerosas prestaciones sociales e incrementar el gasto público en sanidad, educación, vivienda y otras áreas. Algunas de las medidas anunciadas, tanto de ingreso como de gasto, plantean serias dudas y parece improbable que todo lo propuesto pueda hacerse sin desequilibrar aún más las cuentas públicas, en contra de lo que nos exigirá la Unión Europea tras la reactivación de las reglas fiscales, o sin fuertes subidas de impuestos para todos (y no sólo “los ricos”). El nuevo Gobierno y sus aliados parecen olvidar que tales subidas también tienen un coste en términos de menor renta disponible y bienestar para amplios segmentos de la población y podrían tener efectos adversos para todos a través de su incidencia sobre el crecimiento económico y el empleo.
Otro aspecto destacado del acuerdo de coalición que también resulta muy discutible es su capítulo laboral. Aquí se incluye la reducción por ley de la jornada de trabajo sin ajustar proporcionalmente los salarios, la subida del SMI hasta el 60% del salario medio y el endurecimiento de las condiciones de despido y descuelgue. Estas actuaciones tienden a aumentar los costes unitarios de las empresas y a reducir su flexibilidad interna, rompiendo así un aspecto importante del acuerdo alcanzado en su día en torno a la reciente reforma laboral. Todo ello, a su vez, puede comprometer la competitividad de las empresas y su capacidad de adaptación ante shocks adversos, con efectos negativos sobre el empleo.
Finalmente, algunos aspectos de los pactos con los partidos nacionalistas pueden resultar muy problemáticos. El ejemplo más claro es probablemente la exigencia de Junts de que se ceda a Cataluña el 100% de los tributos estatales recaudados en su territorio. En contra de lo anunciado en algunos medios de comunicación, no existe un acuerdo sobre tal cesión, que por el momento sería sólo una reivindicación de Junts. Con todo, no resulta en absoluto tranquilizador que el PSOE haya aceptado iniciar un proceso de negociación sobre la financiación de Cataluña que se desarrollará en un marco bilateral y partiendo de un sorprendente “diagnóstico común” que supone aceptar, en buena medida, las tesis nacionalistas sobre las supuestas deficiencias y abusos del sistema actual.
No es probable que ese proceso de negociación culmine en la presente legislatura con un acuerdo en torno a las reivindicaciones de máximos de los nacionalistas, pero no son descartables concesiones significativas que podrían pasar por un estatus especial para Cataluña tanto en las negociaciones sobre la reforma de la financiación como en su posición en el nuevo modelo que se traducirían en una menor aportación de la comunidad a la caja común y, por tanto, dada su posición de partida, en una financiación privilegiada en alguna medida. Existe el riesgo, además, de que tales concesiones marquen el comienzo de una deriva confederal que iría reduciendo gradualmente los márgenes para la nivelación interterritorial y, con ella, para la redistribución personal más allá del ámbito interno de cada comunidad. Este proceso comportaría un gradual debilitamiento del Estado, que podría llegar a verse privado de los recursos y herramientas necesarios para ejercer sus funciones básicas.
Más información
de la Fuente, A. (2023). “El contenido económico de los pactos de investidura.” FEDEA, Colección Apuntes, no. 2023-21. Madrid.
