Fedea publica hoy el segundo número de la serie de documentos de trabajo dedicada a la I Jornada sobre el sistema público de pensiones y seguridad social. El trabajo ha sido preparado por un grupo de autores de las Universidades de Valencia, Alcalá de Henares y Barcelona, Carlos Vidal, J. Manuel Pérez-Salamero, Anne Garvey y Anna Castañer.
Los académicos llevan mucho tiempo debatiendo acerca de las ventajas e inconvenientes relativos de los diversos indicadores que se utilizan para medir la salud financiera de los sistemas públicos de pensiones. La literatura ha puesto de relieve que los indicadores fiscales «tradicionales», como la relación entre los ingresos y gastos de cada año (el déficit/superávit del sistema), no ofrecen una imagen completa de su situación financiera. Una herramienta complementaria a la que se está prestando una creciente atención para valorar la solvencia de tales sistemas es el llamado balance actuarial (BA). El BA es un estado financiero que refleja el pasivo de un sistema de pensiones, esto es, los derechos adquiridos por los cotizantes y pensionistas en una fecha determinada, junto con los activos (financieros y, en particular, por cotizaciones) que respaldan a dichos pasivos.
Desde 2017, la UE exige que todos los Estados miembros publiquen un cuadro complementario, denominado Tabla 29, en el que se recoge el valor devengado de sus pasivos por pensiones hasta una fecha de referencia utilizando un método actuarial estándar y algunas hipótesis comunes. Partiendo de la última versión disponible de la Tabla 29 para España, la de 2021, publicada recientemente por el INE, el trabajo desarrolla los pasos detallados que deben seguirse para obtener el balance actuarial y la cuenta de resultados y ofrece una valoración de la solvencia de nuestro sistema público de pensiones.
Los principales resultados son los siguientes:
- Los pasivos por pensiones del sistema público de pensiones en España al final de 2021, sin incluir el régimen de clases pasivas, ascienden a 5,46 veces el PIB de 2021.
- Dado que el valor razonable de los activos financieros y por cotizaciones (estimado de acuerdo con el método sueco de grupo abierto) atribuibles al sistema era de 3,42 veces el PIB de 2021, el patrimonio neto negativo o “agujero” del sistema alcanzaba la cifra de 2,04 veces el PIB de 2021; es decir unos 2,49 billones de euros.
- La normativa que se aplica en Estados Unidos (GASB 67/68), y Europa (IAS 19) a las empresas promotoras de planes de pensiones de prestación definida, establece que el patrimonio neto negativo de los fondos de pensiones debe incorporarse en los estados financieros de las empresas promotoras. Si, por analogía, el “agujero” del sistema público de pensiones adeudado a los cotizantes actuales y a los pensionistas se trata de forma similar, dado que las deudas netas por pensiones son una forma de deuda pública que se corresponden con derechos adquiridos que son muy difíciles de negociar, la deuda pública “real” de España sobre ascendería a 3,21 veces el PIB, en lugar de la cifra oficial de 1,17 veces.
- Pese a las optimistas previsiones del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, es poco probable que la reforma del sistema de pensiones llevada a cabo en el periodo 2020-2023 reduzca el creciente déficit contributivo observado en los últimos años. Los autores concluyen que el sistema tiene una situación de solvencia muy deteriorada, con un patrimonio neto negativo muy elevado, lo que significa que su carga se está trasladando a las generaciones futuras. En su opinión, es urgente que nuestra clase política comience a tomarse en serio el agujero del sistema de pensiones y a tomar medidas correctivas.
Más información
Vidal Meliá, C., J. M. Pérez-Salamero, A. Garvey y A. Castañer (2024). “The supplementary table on pensions (Table 29): Actuarial Balance Sheet Update for the Spanish Pension System to 2021, Wave Three.” FEDEA, I Jornadas sobre el sistema público de pensiones y seguridad social. Estudios sobre la Economía Española no. 2024-18. Madrid.