Fedea publica hoy un nuevo trabajo de la serie de “Reflexiones sobre la propuesta de financiación singular para Cataluña”, elaborado esta vez por Javier Suárez Pandiello, catedrático de Economía Pública de la Universidad de Oviedo.
Aunque el modelo de financiación nunca ha estado exento de críticas, los insoportables retrasos en su proceso de revisión hacen ineludible abordar más pronto que tarde su reforma. Ciertamente, el proceso se antoja complicado, tanto por razones técnicas, como, fundamentalmente, políticas, en un momento en que el grado de polarización en el que se está viendo inmerso el país tiende a lastrar cualquier posibilidad de acuerdo de amplia base con carácter general y no sólo en este asunto.
En este contexto, la irrupción en escena de una propuesta de reforma basada en un acuerdo previo entre dos fuerzas políticas (ERC y PSC), planteado como un modelo de financiación singular para Cataluña, y que viene avalado por el Gobierno de la nación, que lo valora como una oportunidad para una reforma del sistema de financiación que beneficie a todas las partes, viene a enrarecer más si cabe el debate.
En opinión del autor, la tesis del gobierno es insostenible, por cuanto la bandera de la singularidad pretende alzarse para salirse del sistema general y alcanzar una posición de privilegio para una comunidad autónoma específica.
El acuerdo asume la retórica nacionalista en materia de identidad nacional, soberanía, conflictos lingüísticos, acción exterior, etc. y parte de la premisa falsa de que Cataluña sufre una “infrafinanciación sostenida en el tiempo que supera con creces lo que correspondería a un modelo de solidaridad entre territorios”. Cataluña siempre ha estado en el entorno de la media en términos de financiación por habitante ajustado y, sin embargo ha mantenido un nivel de gasto por encima de la media, supliendo la diferencia con un endeudamiento que se sitúa entre los más altos del país y, que sistemáticamente se caracterizó por incumplir sus compromisos adquiridos en materias de deuda y déficit.
Para afrontar esa supuesta infrafinanciación, el acuerdo plantea como objetivos de la hacienda catalana alcanzar su plena soberanía fiscal y mantener una relación bilateral con el Estado, al margen del resto de las comunidades autónomas e incrementar sustancialmente sus recursos reduciendo la aportación al Estado. Ello se materializaría en una suerte de concierto, aunque se pretenda instrumentar de forma diferente al vasco o al convenio navarro: Cataluña asumiría la recaudación de todos los tributos en su territorio e incrementaría su capacidad normativa, haciendo perder discrecionalidad a la administración del Estado y, consiguientemente, ofreciendo a los mercados una señal de menor capacidad del Gobierno de la nación para hacer frente a sus compromisos. Además supondría trocear la AEAT, perjudicando la lucha contra el fraude.
Por su parte, la incardinación propuesta de Cataluña con el resto del Estado se realizaría a través de una aportación al Estado en compensación por los servicios prestados por este (una especie de cupo) y una presunta aportación a la “solidaridad”, limitada por un principio de “ordinalidad” definido exclusivamente en términos de capacidad fiscal por habitante.
En el artículo se discute este planteamiento, alertando de las consecuencias que tendría la no consideración de las necesidades de gasto en el planteamiento de la ordinalidad y poniendo de manifiesto algunas contradicciones flagrantes, a juicio del autor, con una visión supuestamente federalista como proponer “actualizar su financiación (la de Cataluña) atendiendo a sus costes reales y a las nuevas necesidades y funciones que se han generado en su entorno”. Siendo en buena medida los “costes reales” y las “nuevas necesidades y funciones” dependientes de decisiones políticas propias, una interpretación textual de dicha expresión implicaría que la Administración General se vería obligada a soportar, vía actualizaciones, los costes del ejercicio de la autonomía de los gobiernos territoriales.
Por lo demás, el artículo enfatiza la idea de que todos los federalismos arrancan reconociendo el sentido de pertenencia a un espacio común con el resto de entidades federadas, cosa que parece verse desestimada o, al menos, claramente devaluada en una propuesta como la del acuerdo, más propia de un sistema confederal tendente a vaciar de contenido las competencias de la Administración General del Estado.
Trabajo completo
Suárez Pandiello, J. (2025). “De singularidades y ordinalidades.” FEDEA, Colección Apuntes no. 2025‑03. Madrid.